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#Opinión Rosy RAMALES
La violencia generalizada en México a partir de los hechos violentos ocurridos el domingo 19 de junio pasado en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, obliga a los gobiernos Federal y de las entidades a replantear la política social, cuyo fracaso se ha puesto de manifiesto en los aciagos días de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones sociales afines.
¿Por qué replantear la política social? Porque ha servido para la proliferación precisamente de organizaciones sociales, que, con sus honrosas excepciones, se engolosinan con el presupuesto público destinado a sectores vulnerables y municipios y comunidades en pobreza y en pobreza extrema.
Las llamadas organizaciones sociales y sus líderes desempeñan la función de gestión social y de asesoría, capitalizando las inconformidades de comunidades y municipios generadas por la desatención del gobierno; les tramitan obras, proyectos productivos, paquetes de materiales para vivienda, fertilizante, empleo temporal, maíz mejorado y acciones de piso firme, etc.
Paradójicamente, llega la autoridad municipal a la dependencia “X” y tras largas horas de espera ningún funcionario la recibe, y cuando la reciben le dan largas a su petición para construir un camino o un invernadero, para la aprobación de un proyecto de siembra de café, o para comprar 20 toneladas de fertilizante, por citar ejemplos.
¡Ah, pero llega el líder de terminada organización social y hasta lo pasan a la antesala y le ofrecen café, agua y galletas, mientras espera al titular de la dependencia, quien no tarda ni un abrir y cerrar de ojos para atender al “luchador social”.
Tanta prontitud supone tres cosas: Que el funcionario se queda con el diezmo del trámite, que se trata de un poderosísimo líder, o la existencia de un interés electoral, en cuyo caso el funcionario concede todo lo solicitado a cambio de que en la próxima elección el líder traduzca los beneficios en votos.
Es un círculo vicioso, donde el propio gobierno alimenta la pobreza y hace crecer a los “luchadores sociales” y organizaciones. Claro, sin pobres se acabaría la tierra fértil para la compra y coacción del voto.
Y uno se pregunta: ¿Y dónde queda el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En su fracción I, establece lo siguiente:
“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”
¡No habrá autoridad intermedia! ¿Entendido?
Por supuesto, una organización social no es autoridad en términos jurídicos, pero sí en términos políticos. Y bien podría aplicarse la analogía; o bien, los diputados federales deberían ir pensando en reformar el referido precepto constitucional para establecer de manera textual que “no habrá autoridad intermedia ni intermediario alguno”.
Precisamente en eso se convierten las organizaciones sociales, en intermediarias, cuya existencia sería inútil para los municipios si el Gobierno Federal y Estatal cumplieran con su función atendiendo las necesidades de la población. Pero no, se desentienden y llegan los “luchadores sociales” a ofrecer sus buenos oficios y derecho de picaporte con los servidores públicos para tramitar y resolver todo tipo de asuntos.
Incluso, las instituciones han sido muy cuidadosas, pues en el esquema gubernamental y en reglas de operación de programas sociales prohíben la intermediación, ufanándose de que los recursos se entregan directamente a los municipios beneficiados, no a las organizaciones sociales. Sin embargo, éstas son las gestoras a título oneroso previo pacto con la autoridad municipal de que se trate.
Si no, ¿de qué vivirían los “luchadores sociales” (con sus honrosas excepciones)? ¡No existiría la industria de la lucha social en México, ni en entidades pobres como Oaxaca! Los líderes no tendrían mansiones, camionetas de lujo y comodidades diversas.
En Sedesol funciona un programa llamado Coinversión Social cuyos beneficios son destinados de manera preferente a asociaciones de la sociedad civil, las cuales en infinidad de casos no son más que las llamadas organizaciones sociales con la formalidad jurídica de una A.C., por ejemplo.
¿Y qué pasa cuando la dependencia de que se trate cierra el flujo de beneficios? La organización social moviliza a las autoridades municipales, toman las oficinas públicas y cierran las calles, hasta que den respuesta a sus demandas. Cuando vienen las elecciones, movilizan a sus bases sociales para votar a favor del mejor postor.
Y ahora diversas organizaciones sociales se han mostrado solidarias con la lucha de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Bien dice la vox populi: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. En el caso en comento, podría decirse: “Cría organizaciones sociales y te sacarán del gobierno”.
El gobierno de Cué sí benefició a organizaciones sociales
Más de 40 organizaciones sociales habrían sido beneficiadas en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pero las válvulas se cerraron en el 2016. No cerraron del todo, pero en vez de chorros, solo arrojaron gotas.
Fuentes internas cuentan que cada organización social tenía “un techo financiero” . Funcionaba a manera de créditos y se iban asignando en los programas de las distintas dependencias del Ejecutivo Estatal.
Por ejemplo, si el techo financiero de “X” organización social era de 6 millones de pesos, le asignaban 1 millón en empleo temporal, 2 millones en fertilizante y 3 millones para una obra de drenaje y para la ejecución de ésta, la organización social ponía la constructora. ¡Qué tal!
Algunos beneficios y acciones eran directamente para la organización social y otras para los municipios gobernados por militantes de la organización, o asesorados por ésta.
Y entre las organizaciones sociales beneficiadas sí se encuentran muchas de las enlistadas en la publicación de Milenio, entre las cuales se hallan organizaciones afines a la Sección 22 de la CNTE y a Morena.
