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Denuncian imposición y violencia en elección de Santiago del Río

Habitantes del municipio de Santiago del Río denunciaron presuntos actos de imposición, falta de transparencia y hechos vandálicos durante la asamblea comunitaria realizada el domingo 28 de diciembre, en la que se pretendía elegir a la nueva autoridad municipal bajo el Sistema de Usos y Costumbres.

De acuerdo con los inconformes, esta es la segunda ocasión en que la asamblea es cancelada por falta de condiciones, luego de que un intento previo, el pasado 14 de diciembre, fuera suspendido debido a la tensión social existente en la comunidad. Señalan que la actual presidenta municipal, Lourdes González López, habría impedido la participación de pobladores mediante presuntas amenazas y la presencia de un grupo de choque.

Los habitantes también acusaron a la edil de no transparentar las obras realizadas durante su administración y de intentar evadir una auditoría mediante la imposición de su hermana como candidata a la presidencia municipal. Indicaron que la hermana de la presidenta, quien actualmente encabeza el DIF Municipal, habría condicionado apoyos de programas sociales para obtener respaldo político.

Ante esta situación, una comisión de pobladores acudió a la ciudad de Oaxaca para solicitar una audiencia con el gobernador del estado, con el fin de pedir la vigilancia del proceso electivo y garantizar que se respete la decisión de la asamblea comunitaria, sin imposiciones externas.

Asimismo, solicitaron la intervención del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), así como el apoyo de las corporaciones de seguridad, ante el riesgo de que el conflicto social escale a hechos mayores.

Por su parte, autoridades electorales informaron que, ante la falta de condiciones para llevar a cabo la elección, a partir del 1 de enero de 2026 se designará un comisionado por parte del Gobierno del Estado, quien se hará cargo de la administración municipal de manera provisional. Este nombramiento tendrá una duración de hasta 90 días, plazo en el que deberá convocarse a una nueva asamblea comunitaria para elegir legítimamente a las nuevas autoridades municipales de Santiago del Río.