Las elecciones de 2027 serán un punto de inflexión, las más complejas, más digitalizadas, intensas y también con una ciudadanía más exigente, por lo que el país requerirá de instituciones que respiren serenidad, que dialoguen y que no teman reconocer que el futuro de la justicia electoral requiere de nuevas herramientas que ayuden a fortalecer la democracia en México, afirmó el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García.
Al participar en la mesa plenaria “Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Retos y oportunidades”, tras la inauguración del Tercer Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2025, reconoció que la democracia se sostiene con reglas, pero también con diálogo y tendiendo puentes, porque “hacer justicia a la justicia implica innovar, transformar, pero, sobre todo, humanizar”, señaló.
Se dijo convencido de que la justicia electoral no solo resuelve conflictos, sino que también ayuda a prevenirlos, por lo que es indispensable “una justicia que no llegue tarde” y que se haga desde la responsabilidad pública que implica asegurar la estabilidad, la paz y, sobre todo, la integridad democrática que es el deber de las instituciones en México.
El magistrado Bátiz García resaltó que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay un convencimiento de que la justicia electoral debe pensarse no solamente desde el expediente, sino que tiene que cambiar en la forma de resolver conflictos y hacerse como un método en concordancia con las necesidades de las y los ciudadanos.
“Quedarnos únicamente con las herramientas procesales tradicionales sería insuficiente para un sistema de justicia que por mandato constitucional debe garantizar el acceso efectivo a la justicia; por eso la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias no es un gesto optativo del Estado, sino un mandato” establecido en la Carta Magna, añadió.
Subrayó que en apenas una década el Tribunal Electoral pasó de resolver de alrededor de 24 mil medios de impugnación al año, a sostener cargas que hoy superan los 40 mil asuntos, y si se sigue con esta tendencia, “no habrá una estructura humana, técnica, operativa capaz de sostener los picos de litigio y en particular los años electorales más intensos por venir”, advirtió.
Por ello subrayó la necesidad de consolidar y fortalecer los medios alternativos de solución de conflictos para identificar y explorar cuáles de estos pueden encontrar soluciones que sean más cercanas, que sean preventivas y que puedan ser dialogadas. Su incorporación y operatividad, subrayó, no es un gesto optativo del Estado, sino un mandato constitucional.
En este sentido, resaltó la puesta en marcha de la Secretaría Técnica de Atención y Gestión de Controversias del TEPJF, a cargo de Sergio Valls Esponda, y que es una extensión del mandato ciudadano que exige ser más útiles, eficientes y estratégicos.
Al respecto, el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, también resaltó la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias que favorecen el dialogo político, la gobernabilidad y generan soluciones a largo plazo, lo que da certeza y fortaleza al Estado mexicano.
