· La diputada Analy Peral Vivar destacó que la medida busca atender la deuda histórica con las víctimas y sus familias
· Con esta reforma se crea la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos
San Raymundo Jalpan, Oax., a 03 de marzo de 2026.- Con el firme compromiso de garantizar la justicia, la verdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, el Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual se crean la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes y Delitos Vinculados; y la Fiscalía Especializada en la Investigación de la Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados.
Además las y los legisladores aprobaron una reforma al párrafo noveno del Apartado D del Artículo 114 de la Constitución Política del Estado a fin de crear la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, dentro de la cual se contemplan estas fiscalías especializadas.
La presidenta de dicho órgano legislativo, diputada Analy Peral Vivar, presentó este dictamen que marca un paso trascendental en la transformación del sistema de justicia en la entidad, y detalló que estas instancias contarán con personal altamente capacitado, protocolos forenses especializados, análisis de contexto y cadena de mando, además de medidas reforzadas de protección a víctimas y testigos.
Indicó que la propuesta deriva de más de once reuniones de trabajo y de un foro de análisis realizado el año pasado, en el que participaron colectivos de víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Fiscalía General del Estado (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre otras instancias, lo que permitió construir un marco normativo alineado con estándares nacionales e internacionales.
Durante su intervención, reconoció la presencia de los colectivos en el Recinto Legislativo y afirmó que su lucha orienta el quehacer del Poder Legislativo. Señaló que el Estado Mexicano mantiene una deuda histórica con las víctimas y sus familias, por lo que convocó a convertir los compromisos en acciones efectivas que garanticen verdad y justicia.
Por su parte, la diputada Biaani Palomec Enríquez, del Partido del Trabajo (PT), destacó que la reforma eleva las actuales unidades a la categoría de fiscalías especializadas y establece la corresponsabilidad municipal en las labores de búsqueda. Añadió que se incorpora el reconocimiento de la familia social y el nombre social, así como la prohibición de retirar espacios de memoria, fortaleciendo la perspectiva humanitaria y el acceso efectivo a la justicia.
A su vez, las diputadas Melina Hernández Sosa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), e Irma Pineda Santiago, del Partido del Trabajo (PT), manifestaron su respaldo al dictamen al considerarlo un acto de responsabilidad legislativa que fortalece el Estado de Derecho, atiende una demanda histórica de las familias de personas desaparecidas y representa un avance sustantivo en la protección de los derechos humanos.
En tanto, la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, de Morena, reconoció la participación activa de los colectivos en el proceso de análisis y consideró que la creación de estas fiscalías constituye una respuesta necesaria y largamente esperada por las familias, contribuyendo a consolidar instituciones más sólidas y comprometidas con la procuración de justicia.
La Vicefiscalía cuenta con atribuciones para emitir o suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para su adecuada operación, así como para establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comisiones estatales de derechos humanos y diversas instancias de los tres órdenes de gobierno.
También podrá vincularse con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, conforme a las políticas y lineamientos institucionales, a fin de asegurar el óptimo cumplimiento de sus funciones.
