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En torno a las próximas elecciones en el estado de Oaxaca, de gobernador, diputados locales y concejales a los ayuntamientos, autoridades han detectado 25 casos como riesgosos, de los cuales 10 serían de alto riesgo.
Lo dicen fuentes extra oficiales. Porque las oficiales simplemente hacen mutis ante la realidad o lo niegan.
Precisamente este martes, autoridades electorales, representantes de partidos políticos y funcionarios de los gobiernos Estatal y Federal llevaron a cabo la Segunda “Mesa Estatal Político-Electoral”, en la cual “se acordó la realización de un diagnóstico de los factores socio-políticos, conflictos agrarios y de naturaleza delictiva que pudieran amenazar el desarrollo del proceso electoral, a 26 días de celebrarse la jornada electoral del 5 de junio de este año.”
¿Y cuándo realizarán dicho diagnóstico? Porque prácticamente estamos en la víspera de elecciones y apenas acordaron realizarlo ¿O ya lo hicieron y lo ocultan?
Seguramente ya lo tienen. Tanto así que ha trascendido haber 25 casos riesgosos correspondientes a igual número de municipios de ambos sistemas electorales municipales existentes en el estado de Oaxaca: De partidos políticos y normativos internos.
En los municipios regidos electoralmente por sistemas normativos internos, eligen a sus autoridades municipales en fechas distintas y en base sus costumbres; pocos son cuya elección coincide con las del próximo cinco de junio. Así que el riesgo es para las elecciones de gobernador y de diputados locales.
De los 25 casos, 10 serían considerados como de alto riesgo; o sea, “foco rojos” reales, donde el riesgo no deriva precisamente del proceso electoral en marcha, sino de causas diversas como las siguientes: Líos agrarios, problemas postelectorales, delincuencia y manipulación de administradores municipales, entre otros.
¿En qué municipios existe algún grado de riesgo?
Según las fuentes extraoficiales dentro de los 25 municipios detectados se encuentran: San Dionicio del Mar, San Mateo del Mar, Asunción Ocotlán, San Juan Cotzocón, Chichicapan, Matatlán, San Miguel Tlacotepec, Juchitán de Zaragoza, y algunos de la región de la Mixteca donde existen fuertes conflictos agrarios.
Y cualquiera de los 25 casos, pero sobre todo los 10 de “alto riesgo”, representa una mecha para incendiar elecciones o, cuando menos, para afectar las votaciones.
Incluso, en los 10 municipios considerados como de “alto riesgo”, según trascendió, el Instituto Nacional Electoral (INE), habiendo insaculado, no ha podido entrar a capacitar a las personas que resultaron seleccionadas como funcionarios de mesas directivas de casilla.
¿Cuándo capacitará? ¿O ya no lo hará?
El INE, nos comentan las fuentes, ha puesto como fecha límite el 25 de mayo para resolver conflictos y entrar a capacitar; caso contrario, no podría instalar casillas en los municipios considerados como de “alto riesgo”.
¿Y quién debe resolver los conflictos? Los gobiernos de los tres órdenes en su respectivo ámbito de competencia, los partidos políticos y en ocasiones hasta el mismo Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) cuyas resoluciones a veces provocan descontentos en municipios de sistemas normativos internos.
Los líos agrarios generalmente son ancestrales y si no se han resuelto en años, ¿se resolverán en días?
Igual de compleja se antoja la solución de problemas postelectorales en municipios de sistemas normativos internos, donde el motivo del conflicto es el resultado de la asamblea comunitaria ordinaria o extraordinaria; y las inconformidades entre los grupos internos en ocasiones son atizadas por partidos políticos, “luchadores sociales” o por administradores municipales.
La figura del administrador suple la falta de autoridad municipal, y hace las funciones del munícipe, hasta en tanto se generen las condiciones para convocar a elecciones extraordinarias. Sin embargo, los administradores (con sus raras excepciones) más bien procuran ambientes de inestabilidad para evitar los comicios, pues se engolosinan con el manejo del presupuesto, y los municipios generalmente se convierten en la caja chica de los diputados locales que otorgaron nombramientos de administradores.
Aunado a lo anterior, hay municipios del régimen electoral de partidos políticos donde existen inconformidades porque el candidato a la presidencia municipal no tiene el consenso de los grupos internos partidistas.
En fin, más o menos así pinta en panorama previo a las elecciones del próximo cinco de junio en el estado de Oaxaca, para gobernador, diputados y concejales a los auyuntamientos.
Quizá por ello, el representante ante la “Mesa Estatal Político Electoral” del Partido de Renovación Social (PRS), Joaquín Ruiz Salazar, también candidato a la gubernatura, consideró necesario difundir ampliamente los acuerdos para mantener informada a la ciudadanía oaxaqueña de las acciones a emprender para “construir un clima de concordia y paz social en las ocho regiones del estado.”
Buena idea.
Y de entrada, la acción principal sería asegurar de algún modo que los propios partidos políticos no prendan la mecha cuando el día de la jornada electoral vean que los resultados le son adversos.
Los candidatos a gobernador, ¿están dispuestos a garantizar la paz antes, durante y después de la jornada electoral? ¿O serán los capitanes en cualquier desastre?
En fin, las autoridades deberían informar exactamente cuáles son los “focos rojos” en torno a las elecciones y los por qués, para ir detectando probables autores de incendios electorales. Ojalá y no ocurran.
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