· La medida contempla reforzar campañas de información sobre riesgos del uso de pirotecnia y la quema de residuos sólidos
· Los Ayuntamientos deberán identificar zonas de riesgo ambiental y promover acciones con participación comunitaria
San Raymundo Jalpan, Oax., a 30 de marzo de 2026.- En Sesión Ordinaria, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil por el que se exhorta a los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad para que, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan e implementen acciones permanentes de prevención de incendios en zonas urbanas, rurales y pastizales.
La medida legislativa deriva del Proyecto de Acuerdo presentado por la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Parlamentario Plural, mediante el cual también se insta a los 570 municipios a reforzar campañas de información y concientización sobre los riesgos del uso de pirotecnia y la quema de residuos sólidos; actualizar, difundir y aplicar sus protocolos municipales de protección civil; fortalecer la coordinación con las unidades municipales y estatales de protección civil, así como con cuerpos de emergencia; identificar zonas de riesgo ambiental y promover acciones preventivas con enfoque comunitario.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que las condiciones geográficas, climáticas y sociales de la entidad configuran un entorno de alta vulnerabilidad ante incidentes recurrentes, particularmente en regiones como los Valles Centrales, donde se han registrado diversos siniestros en una misma jornada, afectando viviendas, comercios y áreas de pastizales, lo que ha requerido la intervención de cuerpos de emergencia.
Indicó que una proporción significativa de estos eventos se origina en prácticas evitables, como la quema de residuos y el uso inadecuado de pirotecnia, por lo que resulta indispensable fortalecer la información dirigida a la ciudadanía y promover conductas responsables que contribuyan a disminuir la incidencia de estos hechos.
Asimismo, advirtió que los daños derivados de estos siniestros impactan de manera directa en las familias, especialmente en comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad, lo que hace necesario priorizar acciones anticipatorias, con enfoque territorial y participación social.
Precisó que el marco constitucional y legal vigente establece con claridad la responsabilidad de los municipios en la gestión de riesgos, así como la implementación de programas, protocolos y mecanismos de difusión que permitan disminuir la ocurrencia de emergencias y sus efectos.
Por su parte, la Comisión dictaminadora sostuvo que la prevención de incendios, la regulación de prácticas de riesgo y la identificación de zonas vulnerables son acciones prioritarias de interés público, cuya atención oportuna contribuye a reducir impactos sociales, ambientales y económicos.
Asimismo, resaltó la importancia de incorporar un enfoque comunitario que fomente la participación ciudadana, con campañas de concientización y la coordinación entre autoridades municipales y estatales que contribuyan a consolidar una cultura de autoprotección social, alineada con los principios de corresponsabilidad previstos en el marco jurídico aplicable.
