Huajuapan de León, Oax.- A más de seis años de denuncias por desplazamiento y despojo de viviendas en San Andrés Montaña, agencia municipal de Silacayoápam, el conflicto se agudiza con nuevos señalamientos sobre la demolición de inmuebles sin orden judicial de vecinos desplazados, mientras persisten resoluciones judiciales cuyo cumplimiento no ha sido cumplido plenamente.
Ciudadanos denunciaron que, además de perder sus hogares y patrimonio, temen por la seguridad de sus familiares que permanecen en la comunidad, donde, aseguran, la mayoría son adultos mayores que se encuentran incomunicados y en delicadas condiciones de salud, situación que incrementa la preocupación de quienes tuvieron que abandonar su lugar de origen.
Los denunciantes señalaron que han solicitado la intervención de la autoridad municipal de Silacayoápam sin obtener, según su versión, una respuesta efectiva. Esta presunta omisión ha generado sospechas entre los afectados sobre un posible contubernio con las autoridades locales de San Andrés Montaña, señalamiento que requiere ser esclarecido por las instancias competentes.
El conflicto tiene antecedentes documentados desde 2019, cuando se reportó el desplazamiento de familias por desacuerdos relacionados con multas y obligaciones comunitarias. En febrero de 2025, medios regionales difundieron nuevas denuncias sobre alrededor de 30 familias que habrían abandonado la población y reclamaban la recuperación de sus propiedades.
La problemática también llegó a los tribunales federales. El 11 de septiembre de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito concedió un amparo a favor de un grupo de ciudadanos, al ordenar que se garantizara el acceso a su vivienda y al agua potable, además de impedir actos intimidatorios.
Sin embargo, el 31 de marzo de 2026, el Juzgado Decimoprimero de Distrito determinó que la sentencia no estaba cumplida, debido a que las autoridades no acreditaron que los afectados hubieran podido ingresar efectivamente al inmueble ni que se hubieran retirado los obstáculos físicos para ello.
El 24 de septiembre de este año, el juzgado reiteró sus requerimientos y también documentó dificultades para formalizar el nombramiento del suplente del agente municipal, reflejo de las disputas que persisten en torno a la representación comunitaria.
Mientras transcurren los años sin una solución integral, las nuevas denuncias por demolición de inmuebles sin orden judicial y la incertidumbre sobre la seguridad y salud de los familiares que permanecen en la localidad elevan la urgencia de una intervención institucional. Los afectados demandan que se investiguen los hechos, se proteja a las personas vulnerables y se garantice el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales, por lo que solicitan la intervención de ejecutivo estatal y el federal, para la solución.
