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#COMUNICADO
- La situación de inseguridad que prevalece en el país hace urgente dictaminar en la materia, declara el diputado perredista Alejandro Ojeda
- Advierte que siguen las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales cometidas por los propios cuerpos de seguridad
Ante la situación tan grave de violencia que vive el país, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, lamentó que el Poder Legislativo incurra en omisión al mantener en la congeladora la Ley en Contra de las Desapariciones forzadas.
Expresó que mientras las iniciativas en la materia están “durmiendo el sueño de los justos” en las comisiones encargadas de dictaminarlas, en el país sigue el encubrimiento de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales cometidas por los propios cuerpos de seguridad encargados de proteger la integridad de los ciudadanos.
Sin duda, dijo, señalar sólo a las autoridades encargadas de la seguridad pública como las responsables de la situación que enfrenta el país sería irresponsable, pero tampoco podemos evadir que la delincuencia organizada ha penetrado en los cuerpos policiacos por el gran poder económico que tienen para cooptar desde elementos municipales hasta comandantes federales.
Más allá de cualquier presunción de que haya colusión o no entre las fuerzas policiales y la delincuencia organizada, también está comprobado que las dependencias encargadas de investigar esta situación han fracasado, comentó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El caso, mencionó, es que hay análisis a nivel internacional que ponen a México entre los países de riesgo extremo, tan sólo por debajo de Guatemala, el cual se ubicaba en el segundo lugar en el listado, detrás de Afganistán.
Desafortunadamente, abundó, México está considerado entre los seis países de América Latina que están dentro de la lista de los 13 países en el planeta con mayor índice de criminalidad, según el informe publicado por el grupo de investigación de datos Verisk Maplecroft.
Entre los grupos afectados están el de los periodistas y el de las y los defensores de derechos humanos debido no sólo a la creciente inseguridad, sino también al difícil acceso a la justicia y la impunidad que se vive en el país.
Recordó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público que uno de cada tres asesinatos de periodistas ocurridos en el lapso 2010-2015 en América Latina ocurrió en México,
Consideró que hasta el momento la política en el combate a la inseguridad y la violencia ha fracasado rotundamente, pues tan sólo en la primera mitad del sexenio, según el INEGI, se cometieron 78 mil 109 homicidios dolosos y cinco mil 389 secuestros, y ello sin tomar en cuenta las cifras negras de los delitos que no se denuncian.
Abundó que datos públicos señalan que hay 28 mil desapariciones forzadas; asimismo, están los casos de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y Nochixtlán, en los que presuntamente autoridades federales cometieron abusos.
“Estos altos índices obligan a los distintos gobiernos a comprometer cuantiosos fondos públicos al combate de la delincuencia, en vez de direccionar esas sumas a inversiones en educación y salud, entre otros”, manifestó.
Por todo lo anterior, el diputado federal perredista consideró necesario realizar una reflexión seria de parte del Poder Legislativo para dictaminar y, en su caso, aprobar las iniciativas que están congeladas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República sobre la Ley en contra de las Desapariciones Forzadas.
