Por Mario A. Medina
Se dice que en México el huachicol sucede desde “el inicio de los tiempos”, cuando los “veneros de petróleo que nos heredó el diablo”, empezaron a ser robados, luego de su expropiación.
“El todo poderoso sindicato petrolero (1958-1989), el de La Quina, el de Chava Barragán, el de Romero Deschamps y su compadre Aldana” protegían a sus agremiados, “huachicoleros, mamileros, tapineros, chupaductos”, recuerda la periodista Ana Lilia Pérez.
Hoy se quiere hacer pasar el tema como algo nuevo atribuible únicamente a la 4T, y no es así. El huachicol “empezó con el robo hormiga en las instalaciones de Pemex a través de una estructura paralela”. Desde siempre ha habido contrabando y huachicol en la paraestatal.
Que el asunto hoy es grave, o mejor dicho gravísimo, claro que lo es, y esperamos que, como se ha comprometido la presidentA, Claudia Sheinbaum, las cosas lleguen “hasta donde tope”.
Seguramente sobre ella debe haber una enorme presión no sólo las fuerzas armadas, sino también de una red criminal de intereses, particularmente de empresarios, quienes, durante sexenios pasados, han sido parte de este enorme fraude contra la nación, y que poco o casi nada los medios de comunicación dieron cuenta de ello.
Por esto es importante rescatar el trabajo profesional que realizó la periodista Ana Lilia Pérez en su libro “El Cártel Negro” de editorial Grijalbo.
En el prólogo del libro publicado en 2019 se señala que Pemex, “la empresa más importante del país y símbolo de identidad, nacional, ha sido invadida por el crimen organizado”.
Un trabajo periodístico sumamente interesante, donde Ana Lilia documenta cómo fue que “en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se desarrolló el Cártel Negro, un conglomerado de funcionarios, trabajadores, empresarios, contratistas, inspectores, contralores, agentes aduanales, dirigentes y miembros del sindicato petrolero, políticos, ordeñadores, tapineros, huachicoleros, extorsionadores, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero que, alineados con los traficantes de droga, se consolidan como una organización empresarial paralela a Pemex, al grado de competirle en el mercado nacional e internacional de los combustibles”, señala una de las presentaciones de texto.
Si en algunos medios se llegó hablar de lo que sucedía se hizo de manera aislada. “El huachicol era tema tabú y publicar El cártel negro implicó exiliarme por varios años”; “…significaba estar en riesgo de muerte”, le dijo a la periodista Carmen Aristegui en julio de 2020.
En la gran estafa que significaba cientos, miles de millones de pesos, “estaban inmiscuidas compañías fachada con contratos simulados, dedicados a la ordeña de pozos y ductos a gran escala”, quienes dejaban la práctica del “picadero de ductos” a los huachicoleros de pueblo.
La periodista da santo y seña de empresas legales o ilegales; nombres de empresarios, de expolicías temidos durante el priísmo neoliberal como Guillermo González Calderoni o de narcotraficantes como Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla y el de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”. Es larga, larguísima la lista de empresarios y empresas, y de grupos del narco como Los Zetas, el Cártel del Golfo; el Jalisco Nueva Generación; Santa Rosa y La Familia Michoacana.
En estos días, en entrevista con Jesús Escobar, ella ha señalado que quienes se dedicaban al huachicol y al contrabando eran empresarios ligados al PAN en la región del norte del país y que tuvieron la protección del foxismo y del calderonismo.
Producto de los documentos confidenciales que obtuvo, una llamada es un botón de muestra de cómo funcionaba el fraude contra Pemex:
—¿Te interesa el condensado?
—Sí, sí.
—Es robado —le aclaró Crescenzi.
“Se trataba de una propuesta peliaguda para el ejecutivo del Grupo Transammonia, el gigante de la industria química, que nació en 1965, en el corazón de Nueva York, sede de sus operaciones mundiales. La división petrolera de la compañía era relativamente nueva, operaba desde 2002, y Schroeder era quien la dirigía”.
Con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el contrabando y el huachicoleo se potenciaron al abrirse a los privados la importación y comercialización, permisos que se utilizaban como fachada para contrabandear.
Ana Lilia Pérez señala que “el gobierno de Felipe Calderón supo desde los inicios de su gestión de qué aduanas y hasta con qué frecuencia salían los cargamentos”, hecho que se clasificó como confidencial y que una carta que salió de Aduanas de Reynosa donde se denunciaba el robo, tuvo como respuesta: “Incompetencia para investigar”.
Esta respuesta no debe ser hoy la misma por el compromiso que ha asumido la presidnetA, tampoco es bueno enojarse por un cuestionamiento periodístico, sea de buena o mala leche. Se ha escrito que esta investigación fue “el punto de partida para la estrategia del gobierno de López Obrador contra el huachicoleo”. Efectivamente él lo denunció y actuó en su contra, pero lamentablemente continuó debido a los enormes intereses económicos y políticos de ese cártel negro.
Es, sí, una enorme oportunidad, ya que se decidió agarrar el toro por los cuernos y no permitir impunidad alguna, sea quien sea, grado jerárquico militar que se ostente; sean del pasado o del presente. Sí, hasta donde tope.
Que no le cuenten…
Y para quienes ya se les olvidó, en diciembre de 2021, quien fuera responsable de la seguridad de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su jefe de escoltas, el general Eduardo León Trauwitz, fue detenido en Canadá a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por robo de combustible. El militar sigue en este país sujeto a proceso de extradición desde abril de 2024. El pasado 10 de julio, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencias condenatorias de hasta 31 años de prisión contra cinco militares, colaboradores cercanos del general por el mismo delito.
