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Por Moisés MOLINA
El pasado 4 de julio se concretó un acuerdo histórico del que poco se ha hablado.
En la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar y Alejandro Murat firmaron un convenio que permitirá a la Defensoría Pública Federal asumir la defensa -valga la redundancia- de miles de indígenas que están en prisión.
En nuestro todavía deficiente aparato de justicia miles de personas están en prisión por un delito que no cometieron. Esa es una realidad.
Pero cuando esa persona es además indígena, se está cometiendo una doble injusticia; y si es mujer y/o adolescente, mejor ni hablamos.
Este convenio abre la puerta para que en el mediano plazo la Defensoría Pública Federal coadyuve en la defensa de todas las personas privadas de la libertad pertenecientes a un grupo vulnerable: mujeres, adolescentes, migrantes, personas con discapacidad.
Pero también obliga a evaluar y fortalecer las defensorías públicas locales, y en especial la oaxaqueña.
Netzaí Sandoval ha hecho, como Director de la Defensoría Pública Federal, un trabajo extraordinario que ha visibilizado la importancia de la institución.
Es uno de esos escasos ejemplos en las instituciones públicas cuyos titulares las distinguen por su vocación y profesionalismo.
Todos quienes trabajan ahí son juristas expertos, pero además activistas que dejan todo en el campo de batalla, que han obtenido victorias emblemáticas y que han sentado precedentes valiosos que ya son referente en el foro jurídico y fuera de él.
En la Defensoría Oaxaqueña también hay un equipo de jóvenes muy profesionales y con mucho talento.
Tienen, sin embargo, limitaciones presupuestales y de plantilla que deben revertirse.
Las defensorías deben ser el primer eslabón en la cadena del Derecho Humano a una Defensa Adecuada y deben ser, por ello, instituciones de la máxima importancia en todo sistema de impartición de justicia.
