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Opinión por: Juan Pérez Audelo
La problemática y cadena de protestas por parte de trabajadores de los servicios de salud, devela una realidad durante mucho tiempo solapada por las autoridades: la corrupción galopante que se ha incubado con los recursos destinados a salvaguardar la salud de los oaxaqueños, particularmente de los más pobres.
Entre el saldo negativo, adeudos multimillonarios, pasivos y demás que encontró la actual administración, hubo algo más: la existencia de miles de trabajadores que fueron contratados fuera de norma y sin el techo financiero respectivo para la nómina. El vicio que tiene que ver con los llamados “aviadores” o “comisionados” –que no trabajan pero sí sangran el presupuesto- se ha exacerbado.
Si damos como un hecho la existencia de esos ochocientos o novecientos trabajadores fantasmas, de los 2 mil 500 irregulares, es sólo cuestión de imaginar el monto millonario que se va cada quincena a la basura, con absoluta impunidad. Un fenómeno similar ocurre entre los trabajadores de la educación, en donde el organismo sindical contrató a placer y ahora son los que exigen pagos puntuales a la quincena, aguinaldo y prestaciones.
Estoy convencido de que el gobierno es un generador ad hoc de empleos y que muchos oaxaqueños lo ven como una alternativa viable de lograr un salario decoroso. Ciertamente mandar a la calle a miles y dejar sin pan a esas familias es un asunto grave. Pero ello dista mucho de la irresponsabilidad de los mandos y dirigentes sindicales, de meter a toda la parentela y luego salir con el argumento de que están como comisionados. En estos tiempos de rendición de cuentas, de transparencia y responsabilidad administrativa, violentar la norma debe ser objeto de sanciones de tipo penal.
Hay razón en las constantes movilizaciones de los trabajadores del sector salud: los sindicalizados sólo buscan, al igual que el magisterio, conservar sus privilegios. Ahora defienden a los que amenazan con ser despedidos. Hace un par de meses fueron los bloqueos a la altura del Hospital Civil, para exigir uniformes o, caso contrario, pedir dinero. Antes fue por la falta de medicinas y hoy, solapar una realidad que de principio a fin está fuera de la ley. El caso es que la salud de los oaxaqueños siempre va a la zaga de exigencias, protestas y chantaje.
En lo personal no dudo que dicha protesta, algo tenga de razón, tratándose de verdaderos trabajadores. Pero el gobierno debe ir a fondo. Si solapar a aviadores o comisionados representa una carga económica que va en perjuicio de la atención a los oaxaqueños que acuden a los Servicios de Salud, hay que meter orden antes de que el problema siga creciendo. Sólo hay que lamentar que, como siempre, sea la ciudadanía inerme la que siga pagando los platos rotos. (JPA)
