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Por Alfredo Martínez de Aguilar
* Expertos ambientales señalan que con los 500 millones de pesos por el traslado de basura a Puebla y Veracruz, el municipio capitalino pudo construir una planta para industrializar la basura, generar energía eléctrica, biocombustible y empleos.
* Indispensable es la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos para investigar administrativa y ministerialmente, si las pipas son de políticos, funcionarios y exfuncionarios, y si se surten de agua en pozos de SOAPA. ¡Sería un crimen!
A la cada más brutal violencia de los cárteles del crimen organizado que se disputan las plazas en Oaxaca, dos jinetes del apocalipsis de la ineptitud y corrupción cabalgan en la zona metropolitana.
Los Cárteles del Agua y de la Basura, cuyo modus operandi puede ser tipificado como delincuencia organizada, aterran a los 28 municipios metropolitanos, empezando por el municipio capitalino.
O de qué otra manera llamar a las acciones concertadas de los sindicatos de transportistas que monopolizan el traslado de miles de toneladas de basura a rellenos sanitarios de estados vecinos.
Según la Convención de Palermo la delincuencia organizada actúa delictivamente con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político o de otro orden material.
En más de un año de operar el traslado de basura a Puebla y Veracruz, el Cártel de la Basura ha obtenido un beneficio económico superior a los 500 millones de pesos en el municipio capitalino.
Expertos ambientales coinciden en señalar que con ese escandaloso monto bien se pudo construir una planta para industrializar la basura, generar energía eléctrica, biocombustible y empleos.
El Cártel de la Basura presuntamente cuenta con personajes vinculados al crimen organizado para garantizarse la necesaria impunidad, a fin de evitar ser perseguidos por los delitos que cometen.
La indignación crece día a día entre los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez por el problema de la basura y el agua, mientras aumenta más del cien por ciento el impuesto predial.
Sin embargo, la irritación social provocada por la crisis de la basura es superada con mucho por la desesperación ante la creciente escasez de agua, cuya distribución alcanza periodos de 40-45 días.
La crispación social acumulada se convierte en una peligrosa olla de presión y bomba de tiempo que amenaza con el surgimiento de estallidos violentos contra el organismo distribuidor de agua.
Aumenta el encabronamiento de miles de familias, particularmente quienes habitan 34 colonias de las zonas norte, norponiente y nororiente, al saber que hay agua, pero SOAPA no les surte.
Su argumento indiscutible por contundente es que tan hay agua que día a día aumenta la flota de decenas de pipas particulares que lucran con la necesidad vital de contar con agua para sobrevivir.
La pregunta obligada y que debe responder las autoridades es quiénes son los propietarios de la flota de vehículos con concesiones para vender miles de litros de agua en pipas a precios elevados.
Según ha trascendido los presuntos propietarios de la flota de pipas son políticos, funcionarios y exfuncionarios federales y locales e, incluso, se menciona a algún ex gobernador. Urge clarificarlo.
Indispensable es la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos para investigar, administrativa y ministerialmente, si las pipas se surten de agua en pozos de SOAPA. ¡Sería un crimen!
