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Opinión Por: Alfredo Martínez de Aguilar
En breve, el controvertido chiapaneco Guillermo Megchun Velásquez se sacará la “rifa del tigre”. Salvo algún imponderable de última hora, todo parece indicar que por su expertis el Congreso del Estado le elegirá titular del Órgano Superior de Fiscalización.
Ello será consecuencia del sorpresivo retiro de la aspiración a cuidar las manos a los servidores públicos de los Tres Poderes del Estado de Oaxaca de Patricia Villanueva Abraján, quien decidió “bajarse” de la disputa por tal cargo con Memo Megchun.
En la puja final por el Órgano Superior de Fiscalización aparecían Guillermo Megchun Velásquez, ex Secretario de Finanzas y ex Contador Mayor de Hacienda, y Patricia Villanueva Abraján, ex Secretaria de Protección Ciudadana y ex Procuradora General de Justicia.
Finalmente, se analizó que el ex Secretario de Finanzas del Gobierno de José Murat y ex Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, durante el gobierno de Ulises Ruiz; cumple con los requisitos establecidos por la Convocatoria publicada por el Congreso del Estado.
Para evitar criticas innecesarias, sobre todo, si alguno de los aspirantes impugna el procedimiento, es indispensable que los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso, presidida por la priista-perredista Eva Diego Cruz, actúen escrupulosamente.
El pasado lunes 16 de octubre escribimos: Impuesta por el imperio anglosajón como requisito de la calidad de la democracia occidental la transparencia y rendición de cuentas está de moda en México y, consecuentemente, en Oaxaca.
Lo peor que nos puede pasar después del colapso político y financiero provocado por el desgobierno de Gabino Cué Monteagudo y su mafia de probables rateros, es caer en la simple simulación. ¡Cuidado, el pueblo está hasta la madre de la corrupción!
La acción de simulación, no es otra que no ir más allá del cambio de nombre en el papel en el que se inscribió la reforma constitucional que desaparece a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Así ha ocurrido en Oaxaca con otros órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción o peor aún, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto.
Sin suficientes y oportunos recursos presupuestales y de manera especial de recursos humanos con personal altamente especializado, así como recursos materiales la autonomía de algunos órganos gubernamentales es mera ficción.
Ahí están los casos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y del Tribunal Estatal Electoral, sin los indispensables recursos presupuestales. Son, por tanto, ineficientes e ineficaces.
El tiempo no detiene su inexorable marcha. A pesar del berrinche de Carlos Altamirano Toledo para ser indemnizado, continúa el proceso de elección del titular y de los Subauditores del Órgano Superior de Fiscalización.
El Juicio de Amparo interpuesto por el ex Director de Administración de la residencia oficial de Los Pinos con el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, no evita la extinción de la Auditoría Superior del Estado.
La actitud de Carlos Altamirano Toledo al exigir el pago de indemnización por los salarios no devengados, a cambio de aceptar la remoción de su cargo, pinta de cuerpo entero al defenestrado perredista con alma enana.
Ante la negativa, se fue al juicio de amparo para controvertir la reforma que da paso a su remoción al frente de la ASE, reveló la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI en la LXIII Legislatura local, María de las Nieves García Fernández.
Con justa razón, la legisladora priista calificó como gran incongruencia del auditor irse al recurso de amparo, “porque sabe que los diputados de la LXIII Legislatura, lo que hicimos no fue nada más cambiar el nombre de la ASE a Órgano Superior de Fiscalización, porque se le dotaron de mayores facultades y se le dieron otras funciones, asimismo, se modificó la estructura”.
En entrevista con Jaime Guerrero, la diputada local María de las Nieves García Fernández aclaró que Altamirano Toledo no será removido del cargo por tratarse de él, sino porque hay un nuevo órgano y nuevas funciones.
Reveló que Altamirano Toledo, a través del diputado del PRI, Gustavo Marín Antonio, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso, trató de negociar su salida, a cambio que le cubrieran su aguinaldo y prestaciones sociales durante este 2017 y hasta el 2018.
Al ser rechazada su petición, para frenar su cambio el pasado lunes 9 de octubre presentó un juicio de amparo contra la LXIII Legislatura local, bajo el argumento que la reforma fue anticonstitucional.
“Decía que estaba de acuerdo en irse, tengo entendido, pero si se cumplían ciertas exigencias y peticiones del señor, que eran que le terminaran de pagar estos meses con todas sus prestaciones, aguinaldo y demás, así como que se le pagara todo el año que viene, hasta que se cumpliera su función que terminaba en agosto del próximo año”, informó García Fernández.
De acuerdo con la información contenida en la página de la ASE, la remuneración mensual bruta de Carlos Antonio Altamirano es de 50,087.00 pesos, con una remuneración neta de 35,966.18 pesos y un sistema de compensación por 73,301.00 pesos.
La legisladora local indicó que, a pesar del amparo interpuesto, su pretensión económica no será cumplida, tanto por no ser legal como porque las modificaciones sobre las cuales se amparó el titular de la ASE no son anticonstitucionales.
Afirmó que no hay inconstitucionalidad en la reforma que, además, de dar paso a la salida de Altamirano Toledo de la ASE, crea el Sistema Estatal Anticorrupción, porque simplemente se crea un órgano nuevo, se dan mayores facultades y se cambia la estructura.
“No es que el señor quiera o no quiera irse; se cambia el órgano y desapareció el que presidía”, puntualizó.
García Fernández, señaló que a nivel nacional hay 13 estados, incluido Oaxaca, con Órgano Superior de Fiscalización. En Oaxaca, agregó, se requería un órgano de fiscalización distinto que pasara de ser enunciativo a sancionador, con facultades de investigación y seguimiento puntual.
Señaló que el actuar del todavía titular de la ASE, se caracterizó por la opacidad y encubrimiento.
Uno de los casos más palpables, expuso, fue la entrega hasta el 2017 de las auditorías hechas en 2012. “Prácticamente dejó correr el señor auditor todo ese tiempo para que no se pudiera ejercer alguna sanción, toda vez que éstas prescriben pasado cinco años”, manifestó.
El juicio de amparo interpuesto no entorpece el proceso de selección de los integrantes del nuevo órgano, dijo y anunció que habría revisión a su desempeño y con las nuevas disposiciones legales, podría ser llamado a cuentas.
La transparencia y rendición de cuentas llegó al territorio nacional y ha ido cobrando carta de naturalización en la globalización como imposición, a su vez, del imperio norteamericano.
La vía utilizada, se dio a través de la Cláusula Democrática impuesta en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para imponer, al mismo tiempo, la alternancia en la presidencia.
Lamentable y dolorosamente, la obligada transición para arribar exitosamente a la normalidad democrática, se empantanó con los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, con la simple alternancia en la presidencia de la República.
Es innegable la trascendencia económica, política y social de ambos mecanismos de prevención y combate de la corrupción, a través del control y seguimiento del destino del dinero público.
Por tal motivo, reviste suma trascendencia observar un escrupuloso manejo de la selección y elección de los altos servidores públicos del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, sobre todo, si es real que está impugnado el desempeño de Memo Megchun como Contador Mayor de Hacienda de la LXI Legislatura local.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
