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Opinión Por: Rosy RAMALES
El Fiscal Anticorrupción del Estado de Oaxaca, Emilio Iruegas Álvarez, sí que está dando resultados. Evidentemente, en coordinación con el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez. Y eso que ambos llevan apenas unos meses en el cargo; el primero fue nombrado por el Congreso Local el 09 de junio del año en curso, y el segundo, el 12 de mayo.
Bajo el mando de ambos, en corto tiempo han ido en cascada por cuatro Secretarios de la pasada administración encabezada por el coalicionista Gabino Cué Monteagudo, quien llegó al gobierno oaxaqueño postulado por una coalición conformada por el PRD, el PAN, el PT y el entonces Partido Convergencia.
Ni al mes de haber asumido el cargo, el Fiscal General dio cuenta de la detención del ex Secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, por el delito de abuso de autoridad. Aunque, curiosamente, durante su encargo éste ordenó la presentación de las denuncias por fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca en la construcción de baños ecológicos para comunidades marginadas.
El quebranto al erario vía dicha dependencia es mayúsculo e incluye, entre otras cosas, un negocio con medicamentos. Hasta donde se sabe, no fue Tenorio Vasconcelos el artífice de los principales delitos en el área de salud, sino un pariente político del ahora ex gobernador. Y también van por él, al parecer.
Luego el Fiscal Anticorrupción, en septiembre pasado, dio cuenta de la aprehensión de los ex Secretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas, por la probable responsabilidad en el delito de peculado por 100 millones de pesos en perjuicio de la sociedad oaxaqueña.
Y apenas ayer se detuvo al ex Secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, junto con los ex directores de Concesiones y Jurídico de la dependencia por el delito de tráfico de concesiones en el año 2016, el último del sexenio gabinista.
De acuerdo con información de la Fiscalía Anticorrupción, los ex funcionarios “firmaron y otorgaron sin cumplir con los requisitos legales 502 títulos de concesión para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de Oaxaca, sin contar con el pago de derechos correspondiente, lo cual representó un daño patrimonial a la hacienda pública por $5´836,284.16 pesos, más el interés legal generado, actualizaciones, recargos y demás accesorios aplicables a partir de la fecha en que se debió haber efectuado el pago de los derechos correspondientes.”
Recientemente, Carlos Moreno Alcántara, ex líder del PAN en Oaxaca, negó en entrevistas en medios de comunicación haber otorgado concesiones de manera irregular como lo habían señalado funcionarios de la Sevitra en la actual administración estatal. Incluso, dijo que cuando él llegó a la dependencia encontró concesiones fuera de los márgenes legales, que se venían arrastrando del sexenio anterior, donde actuaron priistas; además de haber encontrado la desaparición de papel y folios.
¿Presentaría las denuncias correspondientes? Entonces, habrá más implicados en las situaciones irregulares en la Sevitra. El delito de tráfico de concesiones fue creado en el estado de Oaxaca en septiembre del año 2009, el antepenúltimo de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
La detención del ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, amén de su responsabilidad o no en el delito que se le imputa, quizá sea el hilo de la madeja para dar con los cerebros no solamente del tráfico de concesiones, sino de la adquisición de unidades de motor para el Citybus (más de cien, al parecer), que fueron compradas a quien sabe quien y sin saber si funcionaría o no el proyecto; obra que dejó inconclusa y literalmente botada el gobierno gabinista.
Los autobuses se han depreciado tanto en su valor monetario como en el funcionamiento de la maquinaria. Y la obra física del Citybus ha sido retomada por la actual administración estatal, aunque nadie ha precisado si entrará en función este sistema de transporte o las instalaciones se usarán de otra forma.
De hecho, el Citybus es un proyecto destinado al fracaso por lo estrecho de las calles de la capital oaxaqueña donde a duras penas caben dos autos en ambos sentidos, y porque los transportistas tradicionales no están dispuestos a ser remplazados; incluso, se desconoce quiénes son los concesionarios del referido transporte moderno o si el gobierno del estado lo administrará de manera directa.
A propósito de obra, no solo en el proyecto del Citybus, sino en lo que sería el complejo del Centro Cultural y de Convenciones, inicialmente planeado en las faldas del Cerro del Fortín, junto al Auditorio Guelaguetza, hubo obra cobrada y no ejecutada, según reportes extraoficiales provenientes de dependencias actuales.
Y en casi toda la obra ejecutada en el estado de Oaxaca en el sexenio anterior, cobraron “diezmos”, que más bien fueron cantidades que fluctuaron entre el 30 y 40%. Además se otorgó obra en situación irregular.
Por lo tanto, también van por funcionarios de la Secretaría de las Infraestructuras de la administración gabinista.
Hasta el momento, tal y como trascendió al inicio de la actual administración estatal, las instancias correspondientes han detenido uno por uno a los ex funcionarios de Cué. Y faltan más.
Los ex funcionarios detenidos seguramente son la punta de la madeja para dar con los autores intelectuales del quebranto al erario. De hecho, las Fiscalías vienen trabajando con testigos protegidos.
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Rosy RAMALES
