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#Opinión Por: Rosy RAMALES
Una de las obligaciones de los partidos políticos es “utilizar el financiamiento público exclusivamente para los fines destinados”. Así lo exige la Ley General en la materia, la cual además les permite gozar de financiamiento privado. ¿De cual de los dos tomarían para “donarlo” a los damnificados por los dos terremotos ocurridos en este mes de septiembre.
Hay zonas devastadas en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca; en ésta última además del Istmo de Tehuantepec dañado con el terremoto del 7 de septiembre, la región de la Mixteca resultó afectada con el segundo sismo; hay por lo menos 14 templos católicos dañados, cuyas edificaciones forman parte del patrimonio cultural pues datan de los siglos XVII, XVIII y XIX.
Ante la tragedia que enlutó a todo México y dejó miles de viviendas destruidas, edificios públicos y carreteras, los mexicanos han manifestado por todos los medios, empezando por las redes sociales, la necesidad de quitar el financiamiento público a los partidos políticos, así como diciendo qué cómo es posible gastar cantidades industriales en mantener a los partidos cuando el pueblo ha caído en desgracia y existen personas que lo han perdido todo.
Ha sido tanta la presión que los dirigentes nacionales de Morena y del PRI, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Ochoa Reza, respectivamente, empezaron a hablar sobre su intención de destinar determinadas cantidades del financiamiento público correspondiente a tales partidos políticos, a la reconstrucción y a los damnificados de los terremotos del 7 y del 19 de este mes de septiembre.
Claro, el “altruismo” partidista siempre lleva implícito cierto fin clientelar, sobre todo cuando está en marcha el Proceso Electoral 2017-2018 para las elecciones de Presidente de México, y diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como los procesos de varias de las 30 entidades donde el próximo año habrá elecciones concurrentes.
Tras el primer terremoto que devastó comunidades completas del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca (bastión de Morena), López Obrador anunció pedir al Consejo Nacional de su partido destinar el 20% del gasto de campaña del 2018 a los damnificados de Oaxaca y Chiapas.
El porcentaje representaría algo así como 41 millones de pesos, pues según el proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) Morena recibirá 207 millones 457 mil pesos para los gastos de campaña de las elecciones federales del 2018.
Sin embargo, Benito Nacif, consejero electoral del Consejo General del INE, aclaró que la propuesta de AMLO no es viable precisamente porque la ley obliga a los partidos políticos a utilizar el financiamiento público de campaña para el fin destinado; o sea, para las campañas político-electorales.
Entonces, el INE sancionaría a Morena con una multa hasta por un monto igual al desviado para otros fines. Por ejemplo, si el Movimiento Regeneración Nacional destina 41 millones de pesos para un objetivo distinto a la campaña, entonces se ganaría una multa por 41 millones.
Además, faltan entre cuatro y cinco meses para las campañas electorales, y hasta entonces el INE liberará a los partidos el financiamiento para las mismas. Los damnificados no pueden esperar tanto tiempo, tampoco la reconstrucción de las zonas devastadas.
Legal y técnicamente la propuesta de AMLO parece inviable.
Por otra parte, este jueves el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió un comunicado donde anuncia que este partido “renuncia a 258 millones de pesos otorgados por el INE”, equivalentes al 25% de los recursos anuales, “en apoyo a la reconstrucción y a los damnificados por los sismos”.
Si el PRI habla de “recursos anuales”, se refiere entonces al finananciamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias correspondiente a este año, no al del 2018, pues en el comunicado pide canalizar los recursos de manera inmediata, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Habría que ver cómo el PRI justificará fiscalmente esos 258 millones de pesos. Quizá encajen en algún lineamiento sobre los gastos de actividades ordinarias. ¿Gestión social tal vez? Mmmm…
Y bueno, el consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello ayer mismo en un video salió a dar la buena noticia de que sí existen alternativas para que parte de los recursos de los partidos políticos sean destinados para apoyar a los damnificados por los sismos.
Dijo: «Dada la situación de emergencia derivada de los sismos recientes y escuchando diversas opiniones de la sociedad, me comuniqué con dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el INE para informarles que el INE considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del estado para apoyar a los damnificados de los sismos».
Y al final del video-mensaje, Lorenzo Córdova remata diciendo algo así: “La decisión ahora queda en los partidos políticos”.
Aunque en su mensaje, el consejero presidente del Consejo General del INE no precisó cual es la norma o el procedimiento legal para canalizar a los damnificados recursos de los partidos políticos; cuál es esa vía jurídica a la cual aludió, pero sin explicarla públicamente. No vayan siendo los importes de las multas, porque entonces nada tendrían que agradecer los mexicanos.
En fin, sin la explicación de Lorenzo Córdova se entiende que los recursos serían del financiamiento público anual 2017 para actividades ordinarias, salvo que estén pensando en recortes en el presupuesto para el 2018 cuando en breve la Cámara de Diputados apruebe el Paquete Fiscal; aunque ello implicaría reformas.
A ver qué pasa. Seguramente en estos días, el INE y los partidos políticos despejaran dudas.
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Rosy RAMALES
