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Opinión Por: Ángeles Nivón
Queremos creer, de verdad, que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa tiene buenas intenciones y quiere ayudar a Oaxaca.
Sin embargo, con la catástrofe registrada por el sismo del 7 de septiembre que devastó al Istmo de Tehuantepec, el joven gobernante se juega su futuro político los cinco años que le restan: o hace las cosas bien y sale avante de la tragedia, o fracasa como eje rector de la reconstrucción de la zona afectada que debiera ser.
Decimos lo anterior, porque uno de los primeros tropiezos que se ven venir, es la mala estrategia implementada con los afectados, al otorgarles tarjetas con depósitos a cuenta gotas para la reconstrucción de sus casas, y fungir el Gobierno del Estado solo como “acompañamiento” a los damnificados, eso no va a funcionar.
El Gobierno del Estado debe ser el eje rector en la reconstrucción de la zona devastada, porque es quien conoce la idiosincrasia de los habitantes del Istmo y de la Mixteca, y el Gobierno Federal es quien debe hacer el “acompañamiento” a las autoridades estatales, no al revés.
Ustedes creen que con $120,000.00, en depósitos chiquitos de $15,000.00 (se parecen a Elektra) ¿van a reconstruir sus casas los afectados?
Por supuesto que no, porque los damnificados en el Istmo les pega más, ahorita, ver cómo le van hacer para llevar los alimentos a sus familias, están sin empleo, no hay reactivación de la economía y a ello agréguenle el problema de psicosis generalizada que traen porque sigue temblando, la mayoría no puede ni dormir.
Desconozco de quién o quiénes haya sido la brillante idea de las tarjetas, lo que sí se ve es el “negocio” en puerta de las empresas materialistas y por supuesto del Gobierno, que se apersonaron este lunes en Ixtaltepec, para “ofertar” hasta un 20% de descuento a los damnificados en la compra -con la “mágica tarjetita”- de su material, una publicidad engañosa.
Como enjambre al panal, cayeron los tráiler llenos de cemento, todos con lonas publicitarias que decían: “En este establecimiento se acepta la tarjeta para compra de materiales”.
Ni siquiera disimularon, caray.
Esa fue la primera impresión que dejó la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Ixtaltepec, el “negocio”. Como verdaderos “buitres” tras la carroña, estuvieron empresas como Construrama y FerreAcero, ofertando sus productos a los damnificados, desde cemento, varilla, alambrón, carretillas, etc.
Fueron demasiado evidentes, no cuidaron las formas. Ustedes chequen las fotos.
No era más adecuado, en esa estrategia de reconstrucción, que con una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno, el Federal, Estatal y Municipal, hubiesen implementado la compra de banco de materiales, acorde a la arquitectura del Istmo de Tehuantepec, y una vez terminado el censo de viviendas, delinear el número de metros cuadrados a construir para cada damnificado con pérdida total, en el entendido que sería un pie de casa con crecimiento a futuro.
Muchos de los damnificados lo comentaron en entrevistas en medios nacionales y locales, que no querían que el Gobierno les diera dinero, si no material para construir sus casas, porque ellos se conocen perfectamente como son, les van a ganar otras necesidades, y eso se lo dejamos al tiempo, vamos a ver cuántos de los afectados lograrán hacer un pie de casa, por lo menos.
Es importante también que los Gobiernos Federal y Estatal transparenten la aplicación de los recursos en la estrategia de reconstrucción, porque no es solamente llegar a presidir un evento, decir cifras, el aplausómetro de los servidores públicos asistentes, la pasarela y todo quede ahí, no, hay que dar resultados, ojalá lo hagan.
Decíamos líneas arriba que en esta lamentable tragedia ocurrida en Oaxaca, quien se juega su futuro político es precisamente el Gobernador Alejandro Murat, porque el sismo se convirtió en su termómetro político, para crecer políticamente o para el fracaso, no hay más.
Ya lo veremos.
COMPARECERÁ MEADE EN CONGRESO FEDERAL POR BONO CATASTRÓFICO
Este jueves comparecerá el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribeña ante el pleno legislativo de San Lázaro, para que informe cómo va el procedimiento para la activación del bono catastrófico que sirve para atender daños por eventos naturales.
También llamarán a comparecer a la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga a fin de que rinda un informe pormenorizado para clarificar la procedencia de los recursos 2017 que atenderá la contingencia.
Para el bono catastrófico, califican los estados de Oaxaca y Chiapas, el problema es que no lo han bajado y estamos hablando de 360 millones de dólares.
Resulta que el Gobierno Federal anunció a principios de agosto, que en alianza con el Banco Mundial, concluyó la renovación del mecanismo de cobertura financiera para potenciar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Explicó que el bono inyectaría, en caso de activarse, hasta 360 millones de dólares adicionales al Fonden derivado de eventos naturales catastróficos como huracanes en el Océano Pacífico y Atlántico, así como terremotos que afecten el territorio nacional.
Dicho mecanismo de bonos del Banco Mundial habrían sido emitidos a favor de México a principios de agosto pasado con el fin de fortalecer los fondos de desastres y ayudar a mitigar los efectos devastadores de cualquier evento de la naturaleza que rebasara la capacidad de respuesta de las autoridades.
De acuerdo con el comunicado No 139 del 4 de agosto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el “Bono Catastrófico FONDEN 2017” debe otorgarse bajo ciertas condiciones ante eventos naturales que provoquen devastaciones como lo fue el sismo del 7 de septiembre al rebasar los 7 grados.
El bono sería repartido en una cobertura conjunta de 360 millones de dólares: 150 millones de dólares para sismos, así como 100 y 110 millones de dólares para huracanes en las costas de los Océanos Atlántico y Pacífico, respectivamente. Tales cantidades serían parte de la estrategia en el conjunto de políticas de manejo prudencial para proteger y fortalecer los recursos presupuestales destinados a desastres naturales.
El Bono Catastrófico “FONDEN 2017” estará vigente por 3 años y brindará una cobertura conjunta de 360 millones de dólares.
En la renovación del Bono Catastrófico 2017 destaca el interés y la participación de 37 inversionistas globales, entre los que se encuentran fondos de inversión alternativa, reaseguradores, aseguradoras y fondos especializados en este tipo de instrumentos (Insurance Linked Securities), y una sobredemanda de 207 por ciento al monto ofertado, lo que permitió mantener la trayectoria decreciente en el costo de la contratación.
Solo que hasta el momento, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña no ha informado cómo van los procedimientos, si hay avances o no, y de ello tendrá que rendir cuentas ante los legisladores federales, sobre todo, que si teniendo esta oportunidad, el Gobierno Federal haya coadyuvado para endeudar a estados como Oaxaca que sufrieron tragedias naturales.
Pero además, el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuenta con el suficiente dinero para reconstruir el sur del país, y es criminal que no lo aplique, así como también es cuestionable que no quiera implementar la política de austeridad, porque sí hay recursos en Hacienda del presupuesto 2017, para hacerle frente, que no lo quieran soltar, es otra cosa.
Y en este tema, el pasado 13 de septiembre, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada federal oaxaqueña, Karina Barón Ortiz.
ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar la inmediata la transferencia de recursos del Bono de catástrofes emitido por el Banco Mundial para fortalecer y potenciar los instrumentos dedicados a responder ante desastres naturales para auxilio y reconstrucción inmediata de las comunidades de los Estados afectados por el sismo del 7 de septiembre.
SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones que permitan la aplicación inmediata de los recursos del fondo estatal de protección civil para auxilio y reconstrucción inmediata de las comunidades de los Estados afectados por el sismo del 7 de septiembre.
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