Presentan legisladores del GPPRD iniciativa que propone mayor protección a los derechos de las víctimas

#Comunicado

• Este derecho ha surgido como respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violación de derechos humanos por parte del Estado: Omar Ortega
• Será uno de los pilares de los mecanismos para combatir la impunidad que tanto ha dañado a la sociedad

Con el permiso de la presidencia. A nombre del de la voz, de la diputada Cristina García Bravo, del diputado Julio Saldaña Morán, del diputado Rafael Hernández, de la diputada Maricela Contreras, de los senadores Fidel Demédicis y del senador Luis Humberto Fernández, presento ante esta asamblea un decreto por el que se adiciona una fracción VIII al apartado “C” del artículo 20 constitucional, por las siguientes consideraciones:

En México, las violaciones a los derechos humanos ha sido una práctica que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país. Durante los últimos años, se ha manifestado la preocupación, el reclamo y el compromiso por construir un sistema de justicia más equilibrado donde se respeten los derechos fundamentales de las víctimas y de los inculpados.

La reforma al apartado C del artículo 20 Constitucional en el 2008  incluyó una amplia gama de derechos a las víctimas que marcaron un nuevo punto de partida en la vida jurídica del país. Sólo para tener una idea del alcance a la reforma constitucional, es sin duda la más importante para nuestro sistema de justicia desde el año de 1917, primordialmente porque estamos ante un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Sin embargo, a medida que ha venido evolucionando la sociedad, han surgido nuevos aspectos con el objeto de proteger más ampliamente los derechos de las víctimas, en particular es importante que el legislador permanente garantice a favor de las víctimas en el apartado C del artículo 20 Constitucional, el derecho a la verdad de los hechos, la identidad de las responsables y las circunstancias que fueron constitutivos de delito y las violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto.

Sin duda, este derecho ha surgido como respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violación de derechos humanos por parte del estado. Tomando en cuenta que nuestro país atraviesa por una crisis estructural de justicia, que debe ser motivo de gran preocupación y seguimiento urgente por parte del mismo. Muestra de ello son los hechos ocurridos estos últimos meses en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, estado de México, entre otros estados.

Sumando lo anterior, tenemos la desaparición de los 43 estudiantes del Ayotzinapa, que llamó la atención del mundo frente a las graves violaciones de derechos humanos que hoy suceden en este país. Cabe señalar que este derecho de las víctimas se encuentra establecido en forma genérica en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, la reciente Ley General de Víctimas contempla el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en general para conocer los hechos constitutivos de delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto. La identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

No cabe duda que de este derecho, también está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que mediante una contradicción de tesis, reconoce a las víctimas u ofendidos del delito, como parte activa en el sistema procesal. Y que las personas con tal carácter tengan la posibilidad de exigir el derecho a conocer la verdad de los hechos.

Compañeras y compañeros legisladores, con estas bases, hoy nadie puede negar que el derecho a la verdad es también un derecho humano y su garantía representa una obligación para el estado que debe otorgar a todas las personas por igual. Por lo tanto, resulta imperativo legislar a favor de las víctimas y sus familiares, porque merecen que se conozca la verdad de los hechos, que el Estado les brinde justicia.

Esta iniciativa será uno de los pilares de los mecanismos para combatir la impunidad que tanto ha dañado a la sociedad. Es cuanto, señor presidente.