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#Opinión Por Jaime Arizmendi
*Ahora sí, Diputados Revisarán 352 Demandas de Juicio Político
Argonmexico / Casi en cana… A partir de que el Poder Judicial de la Federación negó la suspensión definitiva al panista Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, quien por ello podría ser arrestado en cualquier momento por las acusaciones en su contra de lavado de dinero y evasión fiscal; sus abogados presentan nuevas solicitudes de amparo.
En tanto, en la Cámara de Diputados finalmente este jueves la Subcomisión de Examen Previo (órgano que no sesionó, ni siquiera se constituyó en las anteriores cuatro legislaturas), acordó darle trámite a las 352 denuncias de juicio político que se han acumulado durante los últimos 10 años, y cuya revisión se realizará en dos etapas.
Respecto al estridente caso del exgobernador sonorense, según los archivos de incidencias jurídicas, del martes pasado a la fecha Guillermo Padrés Elías solicitó al menos cuatro amparos con números de expediente 873/2016, 846/2016, 146/2016 y 1071/2016 contra las actuaciones de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.
Vale anotar que el juzgado Décimo Segundo de Amparo en Materia Penal, desahogó los recursos previos y negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de investigación o detención en contra del exmandatario de Sonora.
Con la solicitud de estos juicios de garantía, Padrés Elías se proponía dejar sin efecto cualquier orden de localización, presentación, detención o aprehensión; sin embargo, ante la negativa del Juez la Procuraduría General de la República a través de la Policía Federal Ministerial podrá continuar con el ejercicio de la acción penal.
Además, el exgobernador panista es investigado por supuesto ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, y delitos contra la administración de la justicia; registrados durante su mandato. Aparte de que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora lo busca por presunto enriquecimiento ilícito. Y el asunto de la presa construida con recursos oficiales… Hay tanto que quiero decirte…
En San Lázaro, la Subcomisión de Examen Previo (que copresiden los diputados priístas Mercedes Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, respectivos presidentes de la Comisión de Gobernación y de la de Justicia), acordó atender y desahogar las 352 denuncias de juicio político contra exfuncionarios y en activo, acumuladas desde la LIX Legislatura. La actual es la LXII.
Se dijo que al estar “en falta la instalación de esta instancia desde hace 10 años”, ahora se debe trabajar en un mecanismo que permita cumplir lo acordado por la Junta de Coordinación Política, respecto a resolver los casos en el orden en que fueron presentados.
El análisis se hará expediente por expediente y, si fuera el caso, pasarán al Pleno de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia, que acordarían llevar el asunto a la Sección Instructora. Una vez abierto el periodo de pruebas, se podría turnar al Pleno de la Cámara baja, para que emita un pronunciamiento, y después al Senado de la República.
La diputada Mercedes Guillén expuso que el acuerdo de trabajo consiste en realizar el estudio de cada una de las solicitudes de juicio político, y no en bloque. “sólo se hará así en el caso de posible aprobación de dictámenes”.
Así, se proponen desahogar el rezago en las denuncias de manera sostenida, pero dentro de los límites humanos posibles, para abordar cada caso y emitir una resolución apegada a derecho.
Para ello, la secretaría técnica de la Subcomisión procedió a recibir y contabilizar los expedientes de juicio político que la Secretaría General de la Cámara de Diputados ha conservado.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Macedonio Salomón Tamez Guajardo consideró preocupantes las denuncias recientes, por lo que propuso que la Subcomisión debe iniciar sus trabajos con tales expedientes, y dejar para un análisis posterior aquellos casos que tengan más antigüedad.
Mientras que el perredista Rafael Hernández Soriano repuso que valdría la pena señalar los casos que prescriben, porque la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que sólo podrán ser enjuiciados durante su cargo y un año después. “Habría que ver si son revisables o no, aunque los funcionarios ya no estén en su cargo o tengan más de un año de haberse retirado”.
El priísta Abel Murrieta Gutiérrez coincidió que el acuerdo de trabajo propuesto por la Subcomisión es adecuado; que los asuntos recientes son en apariencia lo más importante, pero lo más relevante es cumplir con la legalidad del procedimiento, porque en cualquier rama del derecho la prescripción no se da automáticamente, se tiene que declarar por más improcedentes que sean.
De su lado, el morenista Alfredo Basurto Román solicitó que los análisis de las denuncias se realicen en primera instancia con aquellos que ya prescribieron; segundo, ver los que están por prescribir y, en tercer lugar, estudiar los que están vigentes. “Esto permitirá que nosotros nos deslindemos de cualquier responsabilidad política hacia los ciudadanos, porque existe un derecho de petición de un particular o de una instancia de llevar a juicio político o de procedencia”.
Mercedes Guillén expuso que el juicio político es distinto a un desafuero o a un procedimiento penal contra un funcionario. Está sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; cuyo examen únicamente permitirá tener elementos para otras instancias o secciones.
Entre sus acuerdos, la Subcomisión de Examen Previo se apoyará de una secretaría técnica, que analizará las conductas y elementos probatorios contenidos en las denuncias, y elaborará los proyectos de dictamen correspondientes, los cuales estarán sujetos a la aprobación de sus integrantes.
Procurará que las denuncias notoriamente improcedentes se resuelvan en un mismo acto, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y contará con 30 días hábiles a partir de la fecha en que se apruebe el orden del día, para el análisis de las denuncias en él inscritas.
Vale anotar que conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Subcomisión de Examen Previo se debe conformar por 10 integrantes de las comisiones de Gobernación y de Justicia, sus dos presidentes y dos secretarios. Bueno, veremos si mandan a la guillotina a denunciados, a quiénes y de qué partidos. Porque, de lengua me como un plato…
