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#Opinión Por: Juan Pérez Audelo
En los últimos tiempos, las atrocidades de turbas enardecidas haciendo justicia por propia mano, se han convertido en la nota. Hace u par de meses, un sujeto dedicado a robar casas habitación, fue asesinado a golpes y luego incinerado en Santiago Matatlán. Nadie respondió por lo que en lenguaje legal, es calificado como homicidio. Pero se han dado más casos.
El sábado pasado, una persona de nombre Jesús López González, presunto vendedor de medicinas de una empresa, con sede en Ocozocuautla, Chiapas, fue asesinado a golpes y luego colgado, cuando un grupo de habitantes de la agencia municipal de Santa Rita, municipio de San Francisco del Mar, lo sacara a empujones de la presidencia municipal, pues se dijo, había prendido secuestrar y abusar de una menor de 15 años.
Según los primeros informes ni secuestró a la menor ni, mucho menos abusó. ¿Cuál fue pues en el fondo, la razón de que se hayan volcado sobre la víctima no sólo la cobardía multitudinaria, sino la sed de sangre, el sadismo criminal y los arrebatos asesinos, que equiparan a los participantes en este linchamiento, a cualquier sicario que mata por placer? ¿Por qué no se actúa así, en casos de asesinatos colectivos, como los que han enlutado a muchas comunidades?
El razonamiento es simple: en bola todos somos valientes. La pregunta que subyace en la conciencia colectiva es: ¿cuál es el móvil que ha llevado a vecinos de diversas comunidades a sentirse jueces de instrucción, fiscales y verdugos? ¿La desconfianza en el sistema de justicia o la ignorancia? ¿La inseguridad que ha permeado en todo el país o la paranoia de sentirse siempre acosados, perseguidos, inseguros y presas de cualquier sujeto que sólo los vea feo?
Dejar impune la justicia por propia mano, por simples señalamientos y sospechas; delirios de persecución o paranoia, y aún bajo la presunción de responsabilidad de un hecho delictivo, sería tanto como dejar que sea la ley de la selva la que rija nuestra vida en sociedad. Que sea el canibalismo, la sinrazón y la estupidez, lo que sustituyan a un aparato de justicia que, con todos sus defectos, rige en un país de leyes.
En todos estos casos hay responsables: el instigador, el chismoso, la señora argüendera o la autoridad omisa. La Fiscalía General del Estado debe investigar a fondo los hechos y que este crimen no quede impune. Nada justifica acabar la violencia o los actos contra la ley, con acciones de violencia e ilegales. Para eso están las instancias que procuran y administran justicia. Será un mal precedente para las autoridades simplemente dejar hacer y dejar pasar. (JPA)
