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Opinión Por: Juan Pérez Audelo
En el año 2001, con motivo del Seminario: “Democracia y Acceso a la Información”, nació el llamado “Grupo Oaxaca”, el cual estuvo compuesto en sus inicios por periodistas, investigadores universitarios, líderes de opinión, editores, etc. Uno de sus motores fue, precisamente, la Asociación Mexicana de Editores –AME- y el liderazgo del pionero de la lucha por el acceso a la información, Ernesto Villanueva.
Luego de intensos cabildeos con las diversas facciones políticas en el Congreso de la Unión, de seminarios, foros y otros, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, promulgó en 2002, la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No fue mérito de su administración. Mucho menos de los partidos políticos, que tanto la han manoseado. Dicha ley fue una conquista ciudadana.
El espíritu de la citada ley y de las leyes locales, junto con los órganos estatales, es que la transparencia, el fin de la opacidad y la discrecionalidad, deben ser instrumentos ciudadanos y del derecho a saber. Y nadie debe estar fuera del esquema de rendir cuentas. Poder Ejecutivo, Congreso, partidos políticos, sindicatos, etc., que usan dinero público son sujetos obligados para la rendición de cuentas.
Eso no lo han entendido muchos. Es paradójico que los legisladores aprueben iniciativas al respecto pero son los más renuentes a practicar la transparencia. Y qué decir de los sindicatos. Los partidos políticos son obligados por el Instituto Nacional Electoral –INE-, caso contrario tampoco rindieran cuentas. Y decimos que hay entes reacios, como la Sección 22 por ejemplo, que insiste en exigir mesas de diálogo y llevarlas a cabo en lo oscurito; en la opacidad y tener acuerdos debajo de la mesa.
Para evitar que el futuro de la educación en Oaxaca se siga negociando en oscuras mesas de diálogo, está tomando cuerpo, de nueva cuenta, la demanda ciudadana de que se hagan a la luz pública; de cara al pueblo y sin maquillajes. Los oaxaqueños debemos saber –y tenemos derecho a saber- qué se lo que exigen los maestros, a través de sus dirigentes. Para no hacernos bolas –como dijo hace días el ejecutivo estatal- las llamadas mesas de diálogo, deben ser públicas.
En el trasfondo de la Ley de Acceso a la Información subyace la demanda social de que la ciudadanía tiene derecho a conocer las tareas del quehacer público, salvo aquello que está vedado por la misma ley, además de que, existe ya tipificado en el Artículo 6º de nuestra Constitución, el derecho a la información. No es atributo del Estado filtrar información, sino dar a conocer los arreglos y acuerdos que hayan emanada del trillado diálogo. (JPA)
