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Opinión por: Juan Pérez Audelo
Desde que desapareció la llamada Gran Comisión del Congreso del Estado y la aparición de la llamada Junta de Coordinación Política –la JUCOPO-, el presupuesto –por no decir botín- que cada año se autorizan a sí mismos nuestros y nuestras diputadas, va en franco crecimiento. Cerrarle el paso al ascenso de los diputados leales al entonces gobernador Gabino Cué, permitió una verdadera infamia: cada partido que preside la JUCOPO quiere llevarse la mayor tajada presupuestal. Y lo han hecho.
Desde la Sexagésima Primera Legislatura hasta la actual, Sexagésima Tercera, han sido a nivel nacional, no sólo las más onerosas sino las más improductivas y opacas. Resulta una aberración y falta de ética que sea el Congreso del Estado quien valide y califique a los órganos de transparencia y acceso a la información, cuando en el mismo jamás se rinden cuentas. Diputados, diputadas, al igual que sindicatos y otros órganos, gastan y usan dinero público de manera discrecional.
Se asumen producto de procesos democráticos, pero jamás cumplen con uno de los requisitos indispensables de los mismos: la rendición de cuentas. Desafortunadamente esas prácticas impunes de tomar el erario público, el del pueblo, como si fuera botín, continúan con singular cinismo. El sábado pasado, al aprobarse el Presupuesto de Egresos para el 2018, se dio un nuevo golpe, del que debe tener constancia la sociedad civil.
De un proyecto de presupuesto de poco más de 397 millones de pesos para el ejercicio 2018, nuestros legisladores maquinaron un incremento de más de 282 millones de pesos adicionales. Es decir, el presupuesto a ejercer es de 679 millones 999 mil pesos. Se sirvieron con la cuchara grande y vaya que se sirvieron, pues áreas sustanciales del Poder Ejecutivo como la Secretaría General de Gobierno, la de Desarrollo Social y Humano o la Contraloría, padecieron recortes.
A la UABJO, que solicitó un incremento sustancial para paliar la crisis financiera por la que hoy atraviesa, sólo le aumentaron 25 millones. Mucho menos que los bonos de fin de año que recibieron la semana pasada los citados legisladores, por 42 millones. Los excesos legislativos en torno a servirse a placer del dinero público, con una voracidad inaudita y falta de ética, obliga a la sociedad civil a la creación en breve, de un Observatorio Ciudadano que mida, cuantifique y pondere no sólo el trabajo legislativo sino el uso del presupuesto.
Oaxaca atraviesa hoy en día con graves problemas sociales. La pobreza extrema –aquí tenemos municipios que están catalogados a nivel nacional como los más pobres- pero además la onerosa tarea de la reconstrucción, son sólo dos. Suena paradójico pero así es: estado de pobres, con diputados ricos. (JPA)
