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COMUNICADO
- Producto de los malos manejos del priista Javier Duarte, miles de productores se quedaron sin recibir recursos públicos destinados al desarrollo del agro
- De los desvíos millonarios, el gobernador con licencia usó recursos federales para supuestas obras, bienes y servicios cuya ejecución no está comprobada
La diputada Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), propuso un punto de acuerdo a través del cual se busca exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a cumplir de manera inmediata con el convenio de ejecución de recursos para el desarrollo del campo, mediante el Programa Especial Emergente de Apoyo a productores veracruzanos.
La diputada oaxaqueña argumentó que, producto de los malos manejos de recursos durante la administración del priista Javier Duarte –actualmente gobernador con licencia prófugo-, miles de productores del campo se quedaron sin recibir los apoyos públicos destinados a potenciar el desarrollo del agro en Veracruz.
Recordó que el pasado 26 de septiembre, más de 20 organizaciones campesinas del estado se manifestaron en instalaciones de la Sagarpa para exigir que les fueran entregados en el marco del Convenio de Ejecución de Recursos para el Desarrollo del Campo que signaron con el gobierno local.
Las organizaciones exigieron que la secretaría entregue dichos recursos de manera directa para evitar la intervención del gobierno de Veracruz, a consecuencia de la desconfianza que impera por los señalamientos de desvío de miles de millones de pesos provenientes de la federación por parte del gobierno de Duarte, a través de diversas dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
La Sagarpa aceptó la demanda y se comprometió a instrumentar un programa especial emergente de apoyo; sin embargo, una vez más, los productores se ven afectados por la indefinición del gobierno federal.
Barón Ortiz sostuvo que el caso de Javier Duarte –a quien se investiga por desvío de recursos- no es el único, pero sí uno de los más representativos de lo que significó para México el regreso del PRI al Poder Ejecutivo federal, pues el actuar del exgobernador veracruzano es producto de la impunidad que le brindó el gobierno federal encabezado por Peña Nieto.
A lo largo de la gestión de Duarte han sido documentados un sin número de irregularidades presuntamente cometidas por el hoy prófugo, entre las que destacan el desfalco a las finanzas públicas, actos de corrupción, transferencias de recursos públicos a cuentas de prestanombres en México y en el extranjero, además de la adquisición ilícita –a través de testaferros- de aproximadamente 25 bienes inmuebles con un valor superior a los 3 mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades en la administración del gobierno de Veracruz, entre ellas el desvío de recursos que oscilan entre los 34 mil y 35 mil millones de pesos.
“Dentro de estos millonarios desvíos, se conoce que Duarte de Ochoa ejerció recurso federal por alrededor de 18 millones de pesos para contratos de obras, bienes y servicios, de los que no se ha podido comprobar su ejecución. El Servicio de Administración Tributaria solicitó a la autoridad competente la liberación de una orden de aprehensión relacionada contra presuntos responsables del desvió de recursos públicos, encabezados -por supuesto- por Javier Duarte”, dijo la legisladora.
Además, existen 31 querellas relacionadas a la firma de contratos entre empresas fantasmas y el gobierno del estado de Veracruz, por aproximadamente 645 millones de pesos.
