Igavec Noticias Noticias Oaxaca
#Comunicado
Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado finalmente recupera a la niña indigena chimalapa sustraída del seno familiar y privada de su libertad.
Como es del conocimiento público, el pasado día 06 del presente en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, Santa María Chimalapa, ocurrió la desaparición y privación de la libertad, de la niña indígena Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, señalándose – por parte de su mamá y papá- desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, como presunto sospechoso, al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de aproximadamente 25 años, residente del ejido El Luchador, mpio. de Uxpanapa, Veracruz.
Pese a que el reporte de su desaparición fue levantado desde el pasado día 08 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal de las oficinas de la PGJ (fiscales y comandante) de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación, violándoseles a los familiares de la niña víctima, el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá y a la mamá de la niña que, “si la muchacha -¡¡¡de 12 años!!!- se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.
Fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestaos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre.
Sin embargo, esto de ninguna manera basta.
Reiteramos que, por mandato constitucional, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno tienen el deber de velar por el interés superior de los y las menores, ya que –de acuerdo a normas internacionales, suscritas por nuestro gobierno– el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Siendo que, los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:
1° Por ser pobres;
2° Por ser mujeres;
3° Por ser indígenas; y
4° Por ser menores;
Resultando además, de que, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente ha sido este caso- quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la “lógica” de los mal llamados usos y costumbres.
