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COMUNICADO/
- Hoy se viene a argumentar que el tema es anticonstitucional, dado que la figura de los empresarios, no están obligados por la Constitución a rendir su declaración patrimonial y su declaración de intereses: Omar Ortega Álvarez
Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El Partido de la Revolución Democrática ha sido muy claro, desde la reforma de 2015, señala con toda precisión su combate frontal ante la corrupción y ha hecho todo lo posible por hacer un sistema robusto, de un Sistema Nacional Anticorrupción.
Por eso el PRD siempre pugnará por generar un estado de transparencia, de rendición de cuentas, y de cero opacidad, para poder atacar los flagelos importantes de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad.
Por ello, lamentamos que el Ejecutivo Federal haya perdido la oportunidad histórica de generar las condiciones de un sistema robusto, de un Sistema Nacional que no fuera protector ni fuera defensa de la impunidad.
Hoy estamos discutiendo la modificación del artículo 32 y todos sus correlativos, donde había que decirlo, con toda precisión. No estamos en contra de los empresarios, del desarrollo y del impulso de la economía, de la inversión. No estamos en contra de los programas sociales que afectaban en este momento en la reforma del artículo 32, ni de los pequeños comerciantes ni los pequeños empresarios.
Estamos en contra del contubernio, de la lucha de intereses de grupos tan importantes como Banca Monex, que fue factor importante en el 2012. Como Grupo Higa, donde está la casa blanca y la casa de descanso de Malinalco. En contra de OHL y últimamente, decirlo con toda franqueza con el tema del contubernio de intereses en el asunto de las empresas relacionadas con el ex procurador de justicia Murillo Karam.
Estamos en contra de eso y hoy no podemos decir que diga el Ejecutivo: ¡Alto a la corrupción! ¡Paso a la corrupción, señores! Tenemos que verlo con toda claridad. Hoy se viene a argumentar también aquí que el tema es anticonstitucional, dado que la figura de los empresarios, no están obligados por la Constitución a rendir su declaración patrimonial y su declaración de intereses.
Nada más falso. El PRD pugnó porque el capítulo del Título IV de la Constitución obligara a los particulares en delitos graves y en temas de corrupción que estuvieran vinculados con el ejercicio de recursos públicos. Y hoy, la ley que estamos modificando es la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Óiganlo bien, Ley General de Responsabilidades Administrativas, no la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Porque en el mismo decreto aprobamos, semanas anteriores, en el periodo extraordinario anterior, con toda precisión, se señalaba, con toda claridad en el artículo 3º transitorio, que una vez que entrara en funciones este Sistema Nacional Anticorrupción, con las tres leyes de sus capítulos, como era una Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, como era la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como era la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia, se iba a derogar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Porque se está permitiendo que el sujeto obligado, como dice la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sea de manera clara, los partidos políticos, los sindicatos y las personas privadas, personas físicas y morales que tengan que ver con recursos públicos y así garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
No podemos, por nada, compañeros no tener un elemento fundamental, que es el principio de máxima publicidad. ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tienen miedo los empresarios? ¿A qué tiene miedo el gobierno federal? Hoy es un caso inédito. Estamos teniendo un periodo extraordinario para la facultad del Ejecutivo al artículo 72 constitucional de hacer observaciones a un solo artículo de la Ley General. En vez de ver el artículo 29, también de la misma, que habla de la máxima publicidad de los servidores públicos en su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo a como fue la voluntad de más de 600 mil ciudadanos en una iniciativa ciudadana.
Hoy vemos un tema parcial de un artículo que afecta a un sector y ¿dónde está la lucha de los maestros? ¿Dónde está la lucha de los ciudadanos? ¿Solamente un sector es el que le interesa al Poder Ejecutivo?
Compañeros legisladores, tengámoslo claro. El Partido de la Revolución Democrática votará en contra de esta propuesta porque de manera clara demuestra que el Ejecutivo quiere un estado de corrupción y un estado de opacidad. Es cuanto, señor presidente.
