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Opinión por: Juan Pérez Audelo
A raíz de los hechos criminales que se dieron la semana pasada, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sostuvo que hacen falta mecanismos de autoprotección. ¿Qué quiso decir? ¿Tendremos que circular por la calle armados o estar en nuestras casas con la escopeta lista para cualquier desaguisado? En el peor de los casos, hacer justicia por propia mano.
Oaxaca es una de las entidades en donde los casos de linchamiento son comunes. Hemos visto aquí mismo en la ciudad o el área conurbada, casos dramáticos de primitivismo justiciero. Otro caso, un agente del ministerio público, que fue paseado desnudo y con una soga al cuello en Tlaxiaco, acusado injustamente de pretender robarse un vehículo.
Otra persona fue linchada a golpes en San Martín Mexicapan, como lo fueron dos sujetos hace años en Tehuantepec, que fueron sacados a rastras de la cárcel municipal para prenderles fuego. Cualquier ladrón domiciliario que es sorprendido apropiándose de lo ajeno, es sometido, amarrado y vejado públicamente. Hace un par de años en Matatlán, una persona fue golpeada hasta fallecer y aún le prendieron fuego. Como en la Edad Media, pues.
Hay desconfianza en las autoridades. No hay un convencimiento tácito en la dureza de las leyes y la justicia. Con el nuevo sistema penal, acusatorio adversarial y la cuestión del debido proceso, la impunidad se ha exacerbado. Y las estadísticas de homicidios dolosos siguen creciendo en Oaxaca y en el país. Si en algunas circunstancias se ha privilegiado la justicia por propia mano, es porque el Estado dejó de ser garante de la seguridad y la aplicación de la ley.
Hay que decirlo como una crítica sana. Nada ha cambiado en términos de seguridad pública del anterior régimen al actual. Los asaltos carreteros y bancarios se han incrementado. Ya no son sólo la Cuenca, el Istmo y la Costa los sitios de mayor índice criminal, sino también la capital. Es evidente que algunos no están haciendo su chamba.
La situación no se alivia con asegurar ciudadanos en el alcoholímetro, tampoco de recorridos con dirigentes empresariales por las instalaciones del Centro de Control, Comando y Comunicación –conocido como C-4- o decir que en materia de seguridad “no estamos tan mal”. El gobierno, como representante del Estado es garante de la vida y la seguridad ciudadana.
Las dependencias responsables deben hacer su trabajo simplemente y no dar evasivas. Alguien dijo hace tiempo: “si no pueden, renuncien”. Entiendo que es un desafío. Supongo que no es tarea fácil, tal como está el ambiente en el país. Si los responsables están ahí es porque se presume que conocen el tema. A quince meses de la actual administración no pueden admitir que la delincuencia los ha rebasado. (JPA)
