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#Opinión
Por: Alfredo Martínez de Aguilar
Hemos repetido hasta el cansancio de manera machacona que, sin educación no hay democracia real ni justicia social, porque la educación integral garantiza libertad de pensamiento y acción.
No hay factor más revolucionario al que teman los gobiernos sátrapas que la educación, porque la educación libera de los prejuicios y tabús, producto de la ignorancia que, asimismo, genera miseria.
Ésta es la razón fundamental por la que por consigna del imperio norteamericano del cual son lacayos, los gobiernos federales, a partir de Luis Echeverría ha destruido la educación en México.
Primeramente, destruyeron la educación media superior impartida por las universidades públicas en la década de los 70 al entregarla a la guerrilla marxista-leninista maoísta y a los grupos de porros.
Posteriormente, en los 80, los gobiernos federales con la amplia complicidad de los gobiernos de las entidades federaticas destruyeron la educación básica, preescolar, primaria y secundaria.
El objetivo final es hundir en la ignorancia y la miseria al pueblo pobre y bueno, por la simple y sencilla razón que es más fácil manipular a un pueblo hambriento, por ignorante y miserable.
Al mismo tiempo, con el pretexto de la obligación de la sociedad de coadyuvar en materia de educación vía la subsidiariedad, lenta, pero inexorablemente, inició la privatización de la misma.
Por el criminal saqueo de las arcas públicas ha sido muy cómodo para el Estado y sus gobiernos renunciar a su obligación de garantizar la impartición de la educación pública, laica y gratuita.
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha sido convertida, pues, en un botín de guerra político-económico desde los 70 por los gobiernos federal y local, partidos, sindicatos y porros
El factor detonante del caos académico-docente, de investigación y difusión de la cultura, tarea sustantiva deUABJO, Alma Mater de los oaxaqueños, ha sido la prostitución de la autonomía.
El espíritu de la autonomía, fue corrompido a conveniencia de los gobiernos y rectores en turno, tergiversando su concepto por extraterritorialidad, para garantizar total impunidad a su corrupción.
La autonomía es facultad de las universidades públicas para autogobernarse en su régimen interior y garantizar libertad de cátedra y universalidad del pensamiento. No es un Estado dentro de otro Estado.
Tan es así que actualmente las universidades públicas y sus sindicatos están obligados a transparentar y a rendir cuentas de los recursos públicos que manejan, a través del subsidio que reciben.
La debacle alcanza tal dimensión que la otrora gloriosa universidad pública, ha sido privatizada por las autoridades universitarias, los cinco sindicatos, los porros y, ahora, por los narcomenudistas.
Desideologizada por la pérdida de las convicciones políticas, dinamitadas por la escandalosa corrupción sin límite, ni llenadera alguna, ha sido utilizada como instrumento de presión y chantaje.
Con la genial perversidad del indio ladino, Abraham Martínez Alavés y su familia, particularmente su hijo Eduardo Martínez Helmes, se convirtieron, de hecho, en propietarios de la Universidad.
Para conseguirlo utilizaron al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) al cual dividieron y enfrentaron, y crearon el Sindicato Único de Maestros (SUMA).
Así también, la llamada Familia Real con justa razón, se alió con la ex rectora Leticia Mendoza Toro para utilizar la presencia y fuerza política del STAUO en el control de las Preparatorias.
Bajo este contexto, a lo largo de los años la corrupción sentó sus reales en la UABJO, gracias a la anarquía, reforzada por la total impunidad, con el pretexto de exigir respeto a su autonomía.
Al permanente baño de sangre entre los grupos de porros al servicio del mejor postor en la disputa por el poder político y económico, incluso, se ejecutó a Nahum Carreño para evitar que fuera rector.
Así, el 22 de junio de 2001, se llegó al extremo de incendiar y destruir el Paraninfo del Edificio Central, símbolo histórico de la otrora gloriosa Universidad Autonóma Benito Juárez de Oaxaca.
Pero la brutal violencia, producto de la desmedida ambición de la Familia Real, encabezada por Abraham Martínez Alavés y su esposa María Elena Helmes Serrano, y sus hijos, no tiene fin.
Para no perder el control de la Facultad de Derecho quince años después de la quema del Paraninfo, el pasado 17 de noviembre de 2016, la Familia Real y sus porros quemaron la Puerta de Alcalá.
Derivado del conflicto electoral por el que atraviesa la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Miguel Ángel Ramírez Hernández, candidato a Director de la Facultad, su representante legal, así como estudiantes universitarios, promovieron tres juicios para la protección de los derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), en contra de actos cometidos por el Colegio Electoral de dicha Facultad.
Derivado del conflicto electoral por el que atraviesa la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, se demandó la intervención del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO.
Miguel Ángel Ramírez Hernández, candidato a Director de la Facultad, su representante legal, así como estudiantes universitarios, promovieron tres juicios para la protección de los derechos político electorales en contra de actos cometidos por el Colegio Electoral de dicha Facultad.
Más allá de su autonomía, por primera vez la UABJO se abre a procesos de solución de conflictos electorales por vía jurisdiccional, a través de un órgano jurisdiccional externo como lo es el Tribunal Electoral local.
Ello, como consecuencia de la falta de certeza por parte de sus órganos internos, desencadenándose en actos violentos que han dañado espacios históricos de la universidad, como el Paraninfo y Puerta de Alcalá del Edificio Central, así como los derechos de los estudiantes de la Facultad de Derecho.
En los juicios presentados ante el TEEO, números JDC/133/2016, JDC/135/2016 y CA/385/2016, los demandantes manifestaron por un lado violaciones a su derecho de votar y ser votado en la elección de Director de la FDyCS, y por otro, la omisión por parte del Colegio Electoral de computar todos los votos emitidos a favor del candidato Miguel Ángel Ramírez Hernández.
La Universidad no puede seguir transitando como un ente aislado; todos los actos pueden ser revisables en su momento y en un contexto determinado, como el conflicto que atraviesa la FDyCS. En este sentido, el Tribunal Electoral local, como máxima autoridad electoral en el Estado, decidió conocer a fondo los juicios presentados, sin que ello violente la autonomía universitaria.
El TEEO notificó al Colegio Electoral sobre la existencia de dichos juicios para que en un plazo de 24 horas realice la publicidad correspondiente. En breve, serán analizadas cada una de las demandas, con la finalidad de garantizar y vigilar que los derechos de la comunidad universitaria sean respetados, bajo los términos legales correspondientes.
@efektoaguila
