La mayor maldición de México y Oaxaca es, sin lugar a dudas, la crecientemente escandalosa corrupción. Ratificada cada día como columna vertebral del sistema político mexicano y, consecuentemente, de manera innegable de la población en general, salvo excepciones.
La corrupción corrompió a los corruptos en México y Oaxaca. Esta maldición se ha visto disparada exponencialmente a su máxima expresión por la total impunidad que gozan todos los corruptos en general, pero particularmente, gobernantes, funcionarios, políticos y empresarios.
A pesar de su evidente, pública y notoria inteligencia, prueba de la cual han logrado escalar los primeros círculos del poder, éstas élites del poder político y económico han roto todos los límites establecidos por la Ley y por el sentido común a grado tal que no tienen llenadera.
En tales condiciones, no pareciera extraño que, derivado de la desvergonzada corrupción del gobierno aliancista el gobernador Alejandro Murat Hinojosa heredará en Oaxaca una deuda pública superior a los 20 mil millones de pesos, que representa más del 400 por ciento.
Sin embargo, no deja de sorprender que, a pesar que la deuda pública estatal creció más de cuatro veces más a la registrada hace seis años con el último gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz, pues al perder el poder el PRI la deuda sumaba escasamente 4 mil 615 millones de pesos.
Pero lo más alarmante es que detonó la pobreza extrema e inseguridad más que hace seis años, agravada por 32 conflictos agrarios y muchos más sociales de todo tipo, destacadamente el prefabricado conflicto magisterial de la Sección XXII de la CNTE, que dura ya 36 largos años.
Miles de millones de pesos destinados a la educación han sido saqueados a lo largo del conflicto magisterial por los gobernantes y colaboradores en turno, directores y funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y, sobre todo, por los dirigentes magisteriales.
La corrupción es, a querer o no, un pesado lastre que hunde a México y Oaxaca en el rezago, la marginación y la miseria, por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en el país y en las estados que la padecen con mayor agudeza, como en nuestro caso.
La mayor afectación de la corrupción es la actual crisis de representación, cuyo costo político provoca que el 91 por ciento de los mexicanos no confíe en los partidos políticos y que el 83 por ciento no confíe en los legisladores federales y estatales, supuestos representantes populares.
La corrupción no es un problema exclusivo de los priistas, pues la izquierda y derecha, también se corrompió. Según la información de un medio de circulación nacional, ahí está el caso de los perredistas oaxaqueños Amador Jara Cruz y Eloí Vásquez López, quienes han gastado en viáticos un promedio de 896 mil 543 pesos.
El dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), todavía secretario de Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y aspirante a la dirigencia estatal gastó 445 mil 976 pesos en 2014.
El líder estatal del la corriente (tribu), Foro Nuevo Sol, reportó al CEN erogaciones por 450 mil 567 pesos a lo largo del ejercicio fiscal 2014. Únicamente en viáticos, los integrantes de la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se gastan más de 24 mil pesos diarios.
Según el Barómetro Global de la Corrupción y Transparencia Mexicana, 80 por ciento de los mexicanos no confía en las instituciones del sistema judicial federal y local. Sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores.
Lo peor de todo, como lo estamos sufriendo, un día sí y otro también, en las diversas regiones de Oaxaca es la correlación que existe entre corrupción y los crecientes niveles de brutal violencia de la delincuencia común, organizada y del narcotráfico, dada la impunidad.
La mayor y mejor estrategia que han encontrado los gobiernos corruptos para proteger a sus no menos corruptos, familiares, amigos, compadres, socios y finalmente cómplices, es el recurso legaloide de simplemente inhabilitar a los corruptos, como ocurre actualmente en Oaxaca.
De verdadera risa loca el anuncio del gobierno de Oaxaca vía la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental al investigar a mil 200 funcionarios, entre ellos subsecretarios, directores generales y directores de las 86 dependencias y entidades del gobierno aliancista.
Paradigmático es el caso del exsecretario de Salud Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, quien fue notificado de cuatro resoluciones más de inhabilitación por 20 años en cada procedimiento, por la supuesta malversación de 81 millones de pesos en la cuenta pública 2015.
De tal manera que Tenorio Vasconcelos acumuló seis expedientes de inhabilitación: cuatro de 20 años, uno de 10 años y uno de tres años, estos dos últimos de la cuenta pública 2014. En otras palabras a Germán de Jesús no le alcanzará la vida al ser inhabilitado por 93 años.
El ex secretario y ex director de Salud debe estar surrándose de risa desde que conoció dicha sanción sin que le quiten los bienes muebles e inmuebles que ha adquirido con la fortuna que robó a los servicios de salud de los pobres entre los pobres, a través de la extinción de dominio.
Imagínese, querido lector, si no es de risa loca simplemente inhabilitar a los presuntos corruptos, como en el caso de Tenorio Vasconcelos por 93 años acusado de robarse 81 millones de pesos, es decir, prácticamente de a millón de pesos por año. ¡No tiene madre la impunidad, resultante de la complicidad!
La Contraloría, también está por concluir tres procedimientos en contra del exsecretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra López, ahora prominente propietario de lujosos restaurantes en la Ciudad de México y Nueva York. Los montos investigados están bajo reserva hasta que se emita la resolución.
El secretario de la Contraloría, Luis Felipe Cruz López instruyó un procedimiento al exdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), José Luis Pinacho Gómez. Las resoluciones de inhabilitación en los casos que lo ameriten serán emitidas en la primera semana de octubre.