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¡Qué ilusos e ingenuos hemos sido los oaxaqueños al pensar que habíamos vivido lo peor en el conflicto universitario de 1977 que provocó la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino y el conflicto de 2006, sin imaginar que lo peor estaba por venir diez años después!
Después de la fatídica Noche Negra del 28 de octubre de 1992 en el que el gobernador Heladio Ramírez López entregó el poder y el dinero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a la Sección XXII de la CNTE, llegó el Día Negro.
La Minuta con 16 Acuerdos fue firmada, además del Gobernador por el Secretario General de Gobierno y director fundador del IEEPO, Lino Celaya Luría, y el Procurador General de Justicia, Gilberto Trinidad Gutiérrez.
Por parte de la Sección XXII de la CNTE firmaron el entonces secretario general Erangelio Mendoza González y Heraclio Espinoza Hernández, secretario de Organización.
Así, con estas cinco firmas de la ignominia, que quedaron registradas en las páginas más negras de la historia de Oaxaca, fue puesto el huevo de la serpiente que devora a Oaxaca lenta, pero inexorablemente.
De esta manera, inició el desmantelamiento del Estado de Derecho y la ruptura del Pacto Federal. La CNTE consiguió tener para el disfrute de futuras generaciones el control de la justicia penal, de las plazas docentes, de los nombramientos del IEEPO y un acceso ilimitado a recursos.
La Minuta estableció que el gobierno crearía una “Agencia del Ministerio Público Especial” con la función de “investigación y persecución de ilícitos que tengan como ofendidos y víctimas a trabajadores de la educación”.
En el Acuerdo Tercero, se establece que en “la integración de la agencia ministerial, se contará con la coadyuvancia, en averiguación previa y procedimientos penales, de tres abogados designados por la Sección XXII del SNTE, cuyos honorarios serán cubiertos por el gobierno del Estado”.
Para cerrar la pinza, en el Acuerdo Cuarto el gobierno se compromete a entregar a la representación sindical la información del estado que guarde toda averiguación previa y procedimiento penal relacionado con el magisterio. Si bien al inicio esto tenía el propósito de avanzar en las investigaciones de los crímenes en contra de maestros, con el paso del tiempo se convirtió en una eficiente máquina de impunidad.
Otra joya de la corona es el control de las plazas y de la dependencia encargada de regir los destinos de la educación. La Minuta sumó el Acuerdo Décimo en el que “el gobierno del estado, por conducto del IEEPO y conforme a la legislación aplicable otorgará un banco de plazas como patrimonio de la Sección XXII del SNTE”.
A su vez, los acuerdos Decimoprimero y Decimosegundo instituyen que “se respetará el procedimiento ya instituido en la selección y nombramiento de funcionarios de los distintos niveles educativos” de la estructura orgánica de la dependencia al tiempo de que “la selección y nombramiento futuro de funcionarios del IEEPO como resultado de las propuestas de la representación seccional, serán respetadas en la forma y términos acordados con antelación”. Como consecuencia de este acuerdo, el 98 por ciento de los funcionarios del IEEPO fueron nombrados en su momento por el sindicato.
El Acuerdo Quinto obliga al gobierno del estado a entregar recursos económicos suficientes para los proyectos de actualización docente “tomando en consideración las propuestas magisteriales”, así como dotarles gratuitamente de materiales de estudio, apoyos didácticos, estímulos económicos y académicos a través de una comisión mixta Sección XXII-IEEPO.
Oaxaca es, pues, la medida del fracaso de la Reforma Educativa al recuperar los privilegios que mantenía. El rescate de la rectoría educativa ha quedado reducida a una buena intención más. La reedición de la revuelta 2006 por la Sección XXII de la CNTE ha sido utilizada para descarrilar la candidatura presidencial del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.
El conflicto también ha sido utilizado por Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación, para sacar de la carrera a la candidatura presidencial al titular de dicha secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong.
Por más exagerado que parezca, Oaxaca es, también, medida del fracaso del Estado de Derecho y de las leyes que de éste emanan. El Gobierno de la República permitió que durante cuatro años el gobernador Gabino Cué rompiera el Pacto Federal al sabotear la Reforma Educativa.
En tales condiciones, Oaxaca se ha convertido en un estado de excepción, dada la impunidad de los dirigentes magisteriales y de las organizaciones sociales radicales que le apoyan vinculadas a grupos armados.
Ambos órdenes de gobierno renuncian a ejercer el poder. Con mucha mayor razón abdican a aplicar el legítimo uso de la violencia monopolizada por el Estado. El gobierno federal y estatal
siempre ceden.
Negocian la Ley en lo oscurito y bajo la mesa en contra de los intereses generales de la nación. Con máxima irresponsabilidad dinamitan las institucionales nacionales y con ello al Estado mexicano.
Si los gobernantes no respetan y hacer respetar la Ley, que prometieron solemnemente cumplir y hacer cumplir al tomar posesión de su encargo, qué podemos esperar los mexicanos y oaxaqueños en general.
No por esperada dejó de causar sorpresa la libertad otorgada al secretario general de la Sección XXII de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, y a Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de Organización.
Los máximos dirigentes magisteriales fueron acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada al confabularse con funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuando la Sección XXII tenía el control de la institución, para descontar a los profesores de la nómina pagos mensuales de diversos productos.
Según la Procuraduría General de la República (PGR) ambos dirigentes se habían apropiado alrededor de 32 millones de pesos al cobrar el 3.5 por ciento de lo descontado, lo que iba a sus cuentas bancarias, dinero que permitía financiar sus movilizaciones.
Según el juez, quedaban en libertad para enfrentar sus procesos por lavado de más de 25 millones de pesos, aunque les prohibió participar en concurrencias que pudieran dar lugar a actos violentos.
Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez se convirtieron en los primeros procesados de alto perfil en beneficiarse de la miscelánea penal aprobada la semana pasada por el Senado, que ya no considera al lavado de dinero como delito grave y disminuye al mínimo los ilícitos con prisión preventiva oficiosa.
Imagínese, querido lector, qué mal estamos en México que en un país podrido por la escandalosa corrupción, una de cuyas manifestaciones más socorridas es el lavado de dinero, éste dejó de ser delito grave y los primeros beneficiados son los dirigentes magisteriales.
