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COMUNICADO/
OAXACA, Oax.-Era una tarde de enero de 2004. Tres trabajadores mazatecos de origen oaxaqueño caminaban por la zona de la Merced, en la Ciudad de México, para ir a realizar unas compras. Uno de ellos topó con una sexoservidora que empezó a agredirlo. Después la mujer se puso a gritar y acusó a los tres oaxaqueños de robo.
No tuvieron ninguna garantía, fueron llevados a un ministerio público y sin averiguación alguna fueron consignados al reclusorio Oriente. En ese reclusorio, uno de los mazatecos, que era menor de edad, recibió una «bienvenida» por parte de los internos. «Lo destriparon». Cuando llegó al hospital Xoco ya había fallecido.
El joven no tuvo en ningún momento la posibilidad de defenderse. Se violaron flagrantemente sus derechos humanos, no sólo el de contar con un traductor o intérprete, sino su derecho a la vida.
«A mí me tocó hacer para el dictamen antropológico en este caso», relata el abogado Benedicto Ayala Cortez, defensor de los derechos indígenas, quien desde su trinchera retomó este y otros casos, que fueron determinantes, sostiene, para que su organización de traductores firmara un convenio con el Tribunal de Justicia del Distrito Federal en 2010, gracias al cual, ahora, el gobierno de la Ciudad de México garantiza el derecho a traductor o intérprete de los presos indígenas.
Esta tragedia es una de miles que suceden en un país que se jacta de poseer una de las reservas más importantes de lenguas indígenas del mundo, 65 que lo ubican entre los 10 con más lenguas originarias- pero que no ha podido garantizar en la práctica los derechos lingüísticos de sus hablantes.
Benedicto Ayala Cortez, “un emigrante golondrino” que ha sido testigo de las violaciones a los derechos humanos de sus paisanos en Sinaloa y en el Valle de San Quintín, en Baja California, nació en la comunidad mixteca de Santo Tomás Ocotepec, distrito de Tlaxiaco.
En el Distrito Federal dirige la Organización Mexicana de Intérpretes y Traductores de la Ciudad de México (OMIT), que atiende a aquellos indígenas relacionados con una averiguación o sujetos a un proceso, así como a personas de pueblos y comunidades que no necesariamente tienen que ser acusados o imputados sino también testigos o víctimas de un delito.
La organización se formó en el año 2000 para dar cumplimiento y garantía a todo lo establecido en la legislación nacional e internacional, explica en entrevista tras su participación, en la capital oaxaqueña, en la reciente reunión de trabajo sobre Interpretación y Traducción de Lenguas Nacionales en el Sistema de Justicia coordinado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) con apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Llevamos trabajando 16 años en la Ciudad de México para que se dé la garantía de un intérprete o traductor plasmada en la Constitución, para lo cual hemos celebrado convenios con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con el Tribunal Superior de Justicia.
«Es un trabajo que se ha venido construyendo desde el año 2000 en una de las ciudades donde hay representantes indígenas de todas las etnias por ser una ciudad de paso; unos se quedan, otros se van; llegan en busca de mejoras económicas y culturales, pero ¿qué pasa cuando tienen problemas legales y se encuentran sometidos y son juzgados con parámetros diferentes a los de su lugar de origen? Es ahí donde proporcionamos los traductores e intérpretes para que se cumpla con esa garantía constitucional”, señala.
Benedicto Ayala agrega que desde el año 2000 se reconoce en el DF el derecho de que a las personas relacionadas con un tema legal se les proporcione intérprete, pero a la vez también hay reconocimiento al perito traductor y a dignificarle su trabajo con un salario digno.
Pero estos hechos, subraya, se dieron por cuestiones muy lamentables, y narra otra historia de violación a los derechos humanos de oaxaqueños, ante la poca información que existe entre la sociedad en general, de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas de México.
Una familia mixteca, originaria de San Simón Zahuatlán, distrito de Huajuapan de León, estaban vendiendo chicles en Polanco y fueron discriminados por una señora de esa zona que acusó a los padres de explotación de sus hijos.
«Llaman a la patrulla y detienen a los señores y se llevan a los niños; la Procuraduría le quita a sus hijos. Ninguno hablaba español, no lo dominaban, así que no entendían las preguntas técnicas del lenguaje jurídico, hasta que un ciudadano paisano de ellos se acercó para interponer una queja que derivó en la recomendación 8/2002 de la Comisión de Derechos Humanos del DF que encabezaba Emilio Álvarez Ícaza, quien sí cumplía con su función como ombudsman capitalino”.
Aquella ocasión, precisa, se documentó que se violaron las garantías de la familia mixteca a contar con un intérprete a traductor y fue un antecedente que permitió que en 2004 se firmara un convenio con el Tribunal Superior de Justicia del DF para brindar este servicio a indígenas que lo requieran.
Explica que a consecuencia de situaciones como las relatadas, ahora la Ciudad de México es la única entidad del país que cuenta partidas presupuestales suficientes para el pago de intérpretes y peritajes antropológicos, tanto por parte de la Fiscalía o Procuraduría, como del Tribunal Superior de Justicia, lo cual debería ser retomado por los gobiernos en los demás estados.
«Sabemos que en otras entidades contratan a intérpretes indígenas para puestos administrativos y también se auxilian de ellos para interpretación y traducción, es decir, cumplen con su trabajo y además traducen cuando se les solicita, pero no se les trata ni paga como profesionales intérpretes», puntualiza.
