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Opinión por Rosy RAMALES
Tiene razón la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, al considerar que la observación electoral debe abarcar todo momento, incluso fuera de los procesos electorales.
Concretamente subrayó: “La observación electoral debe ir más allá y debe ser una observación democrática que permanentemente vigile que las autoridades rindan cuentas de sus acciones a la ciudadanía…”
Pero además, y aquí lo importante, para observar y someter al escrutinio público“la manera en que los jueces electorales resuelven”.
Claro, porque como bien aludió “la democracia representa un modo de vida”. Entonces, es necesario y urgente vigilar la actuación de los magistrados electorales, a cuyo arbitrio queda la voluntad popular expresada en las urnas electorales.
Son solo frases utópicas cuando se dice que las elecciones no las deciden los jueces, sino las y los ciudadanos en las urnas electorales.
Y los jueces en ocasiones resuelven de la forma más impredecible; incluso fuera de los márgenes establecidos por normas electorales, en ejerciendo su facultad de plena jurisdicción.
Y no solo deciden elecciones, sino también impugnaciones contra actos y resoluciones de las autoridades electorales administrativas y de los partidos políticos, siendo muy evidente cuando sus decisiones se apegan más a criterios políticos que jurídicos.
Mientras la ciudadanía no sale de su perplejidad sin poder hacer nada porque el TEPJF es la máxima autoridad en la materia y, por lo tanto, tiene la última palabra. Todavía cuando resuelven las salas regionales, queda la Sala Superior (aunque no en todos los casos).
Después ya nada se puede hacer aunque no gusten las sentencias.
Por ejemplo, han dejado mal sabor de boca resoluciones como las siguientes: La concesión del registro a Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”) como candidato presidencial independiente; la exoneración de Morena respecto del fideicomiso “Por los demás” para los damnificados de los sismos; y el recuento total de votos de la elección de gobernador Puebla cuando en Consejos Distritales se ya había recontado un porcentaje de los mismos (o sea, un recuento total fuera de los supuestos normativos).
Así como el otorgamiento del registro a hombres que se auto-adscribieron como mujeres trans, sin serlo; solo un magistrado electoral consideró necesario exigir la auto-adscripción calificada. Al final, la Sala Superior resolvió al ahí se va porque el tiempo se había agotado.
No se diga cuando la Sala Regional Especializada resuelve Procedimientos Especiales Sancionadores. Caray, muchas veces resultan desconcertantes las resoluciones ante las claras evidencias de infracciones a la ley.
En fin, sí que es necesaria y urgente la observación electoral a la manera en cómo resuelven las salas del TEPJF.
TAMBIÉN EL INE
Tal observación electoral debe abarcar también a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente a los consejos, pues cada vez son más frecuentes los acuerdos basados en criterios e intereses políticos.
Igualmente han emitido amargas resoluciones. Por ejemplo, la concesión del registro de Manuel Velasco Coello como candidato al Senado de la República. Y que conste, no es la persona, es la acción fraudulenta al espíritu de la norma constitucional.
LOS ÓRGANOS LOCALES
Si el TEPJF y el INE a veces caen en la tentación, no se digan los Tribunales Electorales de los Estados y los Organismos Públicos Locales, algunos de plano sucumben.
Claro, no las instituciones, sino las personas que desempeñan los cargos de magistradas y magistrados, y de consejeras y consejeros electorales; se despachan y despachan bastante y sustancioso.
Es un secreto a voces la venta de sentencias o acuerdos a favor del mejor postor. Y nadie dice nada; nadie. El INE apapacha demasiado a los consejeros (as) de OPL, y el Senado a los magistrados (as) electorales.
Por tanto, es necesaria y urgente la observación electoral al desempeño de las autoridades electorales locales.
La observación electoral da legitimidad. Las autoridades nacionales y locales la han ido perdiendo en cada una de sus desafortunadas resoluciones.
