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Opinión Por: Rosy RAMALES
Con el terremoto de 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre pasado y que devastó zonas de Chiapas, y sobre todo de Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec, servidores públicos del Gobierno Federal y legisladores del Congreso de la Unión no se cansaron de reconocer que tienen una deuda histórica con las entidades del Suroeste, donde además de aquellas también se ubica Guerrero, que sufrió daños con el segundo terremoto registrado 12 días después.
Y con el terremoto del 19 de septiembre pasado de 7.1 grados, todos ellos voltearon los ojos y la atención a la Ciudad de México, Morelos y Puebla, entidades donde las pérdidas materiales y humanas fueron mayúsculas, pero que también afectó severamente la región de la Mixteca oaxaqueña. El presidente Peña Nieto dio la instrucción a los miembros de su gabinete de no descuidar la atención de las zonas devastas de Oaxaca y Chiapas, que si no, nadie hubiera regresado.
Funcionarios y legisladores federales llenan sus discursos urgiendo la reconstrucción y buscan aparecer en las fotografías entregando víveres, así como hablando de las bondades del FONDEN. Pero olvidan que Oaxaca es la entidad más pobre del país, según el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Tal documento indica que Oaxaca pasó del segundo al primer lugar en pobreza.
Olvidan además que Oaxaca está expuesta a los siguientes riesgos y factores:
1.- De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, “Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana. El origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica. La interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado (o dichos estados)”.
2.- Oaxaca cuenta con 568 kilómetros en el litoral del Pacífico, lo que en cada temporada de huracanes, pone en condiciones de alta vulnerabilidad a la población, sus viviendas, cultivos, vías de comunicación, infraestructura de servicios y actividades productivas en los 91 municipios del Istmo y la Costa, además de la afectación a otras regiones del estado dependiendo de la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos.
Precisamente, según reportes del Centro Nacional de Desastres los estados que suelen ser más afectados son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Yucatán y Tamaulipas. Ahí están los tres que conforman la región Suroeste del país.
Peste año la autoridad correspondiente pronosticó 27 ciclones tropicales en sus diferentes desarrollos, de los cuáles 16 de se esperarían en el Océano Pacífico; del total, entre 3 y 5 impactarían en tierras mexicanas. ¿Se imaginan entonces las afectaciones en los estados vulnerables?
3.- La complejidad ortográfica de Oaxaca representa otro factor de alto riesgo para miles de localidades enclavadas en tres sistemas montañosos existentes en su geografía: Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Oaxaca y Sierra Atravesada, donde cada temporada de lluvias y huracanes son frecuentes los deslaves y movimientos de laderas.
Y como bien dice un amigo que tiene el obligo en la entidad oaxaqueña, pero vive en la Ciudad de México: “Inexorablemente, en Oaxaca seguirá temblando; registrando tormentas tropicales, huracanes que provocarán socavones, derrumbes y desplazamiento de laderas.
“Las ventajas que ofrece al estado su privilegiada geografía y espléndidos recursos naturales, no están exentos de riesgos a la población, cuya cultura ecológica y de protección civil es escasa, tanto que históricamente se ha adolecido de un Atlas de Riesgos y protocolos de actuación debidamente actualizados y socializados.
“Frente a los grandes desafíos que impone la naturaleza, realidad presupuestal del gobierno oaxaqueño es también altamente vulnerable, porque adolece de un fondo de contingencia para atender con oportunidad y suficiencia los efectos catastróficos que amenazan a Oaxaca.
“Pero la mayor aberración para un estado con los altos niveles de pobreza y riesgos que lastiman a Oaxaca, es que los programas federales para apoyar a la Sociedad Civil en casos de desastre –como el FONDEN y FONREC– dejan en estado de indefensión a los gobiernos de entidades pobres como Oaxaca y Chiapas, donde cada año seguirá temblando y diluviando, afectando ciudades y comunidades.”
Me compartió sus reflexiones en el contexto de las reglas de operación de ambos fondos creados por el Gobierno Federal; el Fondo de Desastres Naturales de México (FONDEN) “fue establecido a finales de los años 90’s como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales”.
Y el FONREC cuando los legisladores discutían el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.
Ahí está justamente, en las reglas de operación de ambos fondos, el origen de la tragedia presupuestal para estados como Oaxaca, al considerar los riesgos y factores antes señalados.
En la columna de ayer referí que los estados acceden al FONDEN solamente si aportan el 50% del monto requerido para atender la emergencia, y el otro 50% lo pone el Gobierno Federal; y si aquellos registran insuficiencia presupuestal para cubrir su porcentaje, entonces recurren a otro Fondo, al de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC), disponible de inmediato para auxiliar a los estados en situación de desastre natural.
Pero al FONREC se accede únicamente mediante financiamiento vía Banobras; o sea, es deuda pública contratada por las entidades federativas a un plazo forzoso de 20 años, durante los cuales éstas cubren principalmente intereses, que al final representan más que el capital del financiamiento bancario, quedando en garantía su parte del Fondo General de Participaciones Federales “presentes y futuros”, el cual será la fuente para pagar los intereses de la deuda.
El aparente beneficio sería la obtención inmediata de recursos, pero a un costo muy alto, porque a la larga termina endeudando más a las entidades federativas, sobre todo las expuestas a constantes desastres naturales y con insuficiencia presupuestal para aportar su 50% al FONDEN, así que se ven obligadas a contratar deuda sobre deuda.
Un claro ejemplo es el estado de Oaxaca, donde ante la cuantía de daños generados por los sismos de septiembre pasado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se vio obligado a solicitar al Congreso Local la autorización para contratar financiamientos hasta por mil 200 millones de pesos para atender la emergencia, vía “los beneficios que ofrece el Fideicomiso número 2186 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”, y que no es otra cosa que deuda pública.
Se vio obligado precisamente ante la insuficiencia presupuestal del estado más pobre del país, a efecto de contar con recursos para aportar el 50% que le corresponde a Oaxaca para acceder al FONDEN. Caray, ¿Gobierno Federal cómo le pides aportación a la entidad que no tiene dinero ni para la ejecución de obras ordinarias?
El presupuesto anual que le aprueba el Congreso de la Unión prácticamente viene etiquetado, y por otra parte debe de pagar las dudas públicas heredadas. Claro, en los niveles de pobreza de Oaxaca no solamente han contribuido los devastadores fenómenos naturales, sino también los servidores públicos voraces que sin ningún remordimiento han saqueado a la entidad.
En fin, todo el contexto anterior viene a colación porque la vulnerabilidad de Oaxaca y su dolorosa realidad, exigen a la administración pública federal encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto y a los legisladores del Congreso de la Unión, aplicar el principio que reza: “Trato igual a los iguales, y desigual a los desiguales”.
Y con ello quiero decir que Oaxaca urge quedar exenta de la aportación de su 50% por ciento para acceder al FONDEN, y que es el llamado “pari passu” que en los contratos financieros se establece para precisar que los créditos “deberán guardar las mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con otras deudas similares de un mismo emisor”.
La eliminación del pari passu debería aplicar por lo menos para las entidades ubicadas en los primeros tres lugares de pobreza en el país; claro, estableciendo rigurosas medidas para evitar que los recursos destinados a la atención de emergencias por desastres naturales, vaya a parar a las cuentas bancarias de los servidores públicos y representantes populares.
Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
