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Opinión por: Rosy RAMALES
En algunas entidades de las 30 donde en este año habrá elecciones concurrentes, aplicará la reelección de diputados locales y concejales a los ayuntamientos; figura también conocida como elección consecutiva.
Oaxaca se encuentra entre tales entidades. Sin embargo, hay dudas.
Con los procesos internos encima y prácticamente en la antesala de los tiempos del registro de candidaturas, en algunos partidos políticos tienen la duda en base al principio de que los legisladores no pueden beneficiarse así mismos.
La historia es la siguiente:
Previo a las elecciones del 2016, la anterior Legislatura Local realizó la reforma electoral constitucional y creó una Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), en base al mandato de homologación de la Constitución General y la LEGIPE.
Pero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la LIPEEO por “desaseo” en el procedimiento legislativo. Ministros y ministras por educación no calificaron de “cochinos” a los diputados oaxaqueños, aunque poquito faltó.
Además, la Corte invalidó algunas disposiciones constitucionales reformadas como por ejemplo la reducción de la residencia efectiva para ser gobernador.
Gracias a esos “desaseos” Oaxaca vivió un proceso electoral en la incertidumbre jurídica porque se había quedado sin nueva ley electoral secundaria. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales aplicaron las disposiciones generales, aquellas del viejo Código Electoral Local que no se opusieran a éstas, y lineamientos emitidos tanto por el INE como por el OPLE.
Pasó el susto de las elecciones del 2016, vino la renovación del Ejecutivo y Legislativo locales, así como de 153 ayuntamientos de municipios regidos electoralmente por el sistema de partidos políticos. Y tan tan. En el resto de su periodo, los diputados de la anterior Legislatura no se ocuparon de enmendar su “cochinero” y aprobar la LIPEEO.
Transcurrió el tiempo y como siempre sucede, la actual Legislatura confeccionó y aprobó la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO) en homologación a las disposiciones de las Constitución Política General y Particular, así como a la LEGIPE, prácticamente al vencer el plazo constitucional.
Y en la LIPEEO por supuesto reglamentó la reelección o elección consecutiva; figura jurídica establecida en la Constitución oaxaqueña desde el 2015, y que no fue materia del revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así la historia, en resumen.
¿Y cual es la duda en algunos partidos políticos? Si aplica o no la reelección para los diputados y diputadas de la actual Legislatura cuando son los autores de la LIPPEO; o sea, de la ley que reglamenta la reelección conforme la base dada en la Constitución Política Local. Y entonces no podrían beneficiarse de la ley confeccionada por ellos mismos.
Sin embargo, la otra postura es que sí aplicaría la reelección o elección consecutiva porque ésta fue establecida en la Constitución oaxaqueña por la Legislatura anterior. Aunque ciertamente la reglamentación de la figura jurídica la hizo la actual Legislatura.
¡Hagan sus apuestas señores!
En mi opinión sí aplicaría porque la base constitucional ya estaba, y el derecho a la reelección lo habrían adquirido desde el 2015 cuando la anterior Legislatura realizó la reforma electoral.
Sin embargo, en algunos partidos políticos la opinión es en sentido contrario, y por lo tanto no faltará quien impugne la postulación a las diputaciones locales para las elecciones de este año en el estado de Oaxaca, salvo que cambien de postura.
Veremos que pasa.
Por lo pronto, según trascendió, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca alistan lineamientos para aplicar en los casos de reelección o elección consecutiva tanto para diputados como para concejales a los ayuntamientos, sobre todo en cuanto a la separación del cargo.
Ahora, si el derecho a la reelección lo tienen los diputados o los partidos políticos, es otro tema, que seguramente generará controversias e impugnaciones ante los tribunales electorales.
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