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Por : Rosy Ramales
A los legisladores del Congreso de la Unión la pandemia les cayó “como anillo al dedo” para dejar pasar reformas de trascendencia nacional como la electoral.
Desde el inicio de la actual Legislatura Federal, diputados y senadores presentaron cientos de iniciativas para una reforma electoral integral tendente a perfeccionar el andamiaje jurídico rumbo a las elecciones concurrentes más grandes de la historia del país: Las del 2021, cuyo proceso iniciará la primera semana de septiembre próximo.
Ya lo confirmó el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que el proceso electoral 2020-2021 arrancará en dicho plazo previsto por la normatividad electoral vigente.
Por lo tanto, ya no puede haber reforma electoral alguna; el plazo para tal efecto feneció precisamente el 31 de mayo de 2020.
En el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con toda claridad de establece que: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
Los noventa días se cumplieron ayer.
Así que adiós a la esperanza que la ciudadanía mexicana tenía con la llegada de la llamada “Cuarta Transformación”, de ir a una reforma electoral integral para:
Uno: Disminuir la obesidad del Congreso de la Unión, desapareciendo 100 plurinominales, y 100 diputados de mayoría relativa, para dejar la Cámara Baja con por lo menos 300 curules por ambos principios; además reduciendo la integración de la Cámara Alta, de 128 a 96 senadores, eliminando los 32 de representación proporcional.
Vaya, ¿cuál es la razón de contar con senadores de lista? Rompen con principios del Pacto Federal cuando la esencia de ellos es representar a los estados, y los plurinominales le son asignados al partido político. Por eso carecen de compromiso con la población de la entidad.
Dos: Disminuir el financiamiento público para los partidos políticos de manera justa entre éstos y el pueblo, modificando la fórmula para calcularlo; además de establecer una distribución equitativa del mismo en partes iguales para todos los partidos.
Tres: Desaparecer los OPLES para que el INE se encargue de organizar los procesos electorales locales (demás de los federales), máxime cuando los Organismos Públicos Locales Electorales gozan de un desprestigio bien ganado.
Cuatro: O en su caso, modificar el procedimiento de integración de los OPLES para evitar la supeditación a los consejeros electorales del INE, pero aquellos acatando reglas generales homogéneas a efecto de prevenir la anarquía como en antaño.
Cinco: Modificar las reglas de participación de las candidaturas independientes, las cuales son inequitativas. Por ejemplo: Las personas que pretenden postularse por esta vía, no reciben financiamiento público en la etapa de recolección del respaldo ciudadano, solo reciben hasta la campaña y en conjunto como si se tratase de un partido político; o sea un cachito del 30% que se reparte en forma igualitaria entre todos los partidos.
Seis: Elevar el porcentaje mínimo de votos exigido para conservar el registro como partido político; incluso, eliminar de la ley la concesión a los partidos nacionales que pierden su registro para convertirse en partidos locales sin acreditar afiliados de manera fehaciente, ni realizar asambleas constitutivas.
Siete: La reglamentación de figuras nuevas como la revocación de mandato, instituida apenas en diciembre del año pasado; además de la consulta popular (cuya fecha de realización fue modificada). Ah, y concluir la normatividad en materia de reelección.
Esos, entre otros temas, que además debían armonizarse en las entidades federativas.
Pero no, dejaron pasar el tiempo, adrede. Y sin prisas una vez llegada la pandemia.
Por una parte, está bien, sobre todo en cuanto a las facultades del INE, las cuales ya no pueden ser tocadas hasta pasado el proceso electoral 2020-2021. O sea, Morena no podrá manipularlo, salvo que ponga a los cuatro consejeros electorales cuya designación tiene pendiente la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, Lorenzo Córdova considera que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán emitir criterios a falta de la legislación secundaria en materia de revocación de mandato, consulta popular y reelección.Porque “ya no hay tiempo para aprobar y publicar nuevas normas electorales 90 días previos al inicio del proceso electoral, como lo establece la normatividad”.
Al final de cuentas, la legislación electoral vigente ya ha sido probada en los últimos procesos electorales y ha funcionado. Sin embargo, siempre es perfectible, sobre todo en temas sensibles relativos a disminución de gastos mediante reducir posiciones políticas. Ah, como dice la sabía filosofía popular: Todos (los partidos) están cortados por la misma tijera; incluido Morena.
