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Por fin en la Cámara de Diputados Federal han iniciado los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral; o sea, Morena y aliados empiezan a cocinar nuevas normas en la materia.
Y muy a pesar del enojo, preocupación e indignación del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, e integrantes de otras autoridades electorales tanto a nivel federal como local.
¿Será que sienten pazos en la azotea? Pues cuando cambia el modelo electoral, cambia la integración de las autoridades electorales; es como una purga. Claro, no es la regla. Incluso, en ocasiones empeoran las cosas.
Como sea, ¿temen irse? De cualquier modo llegará el fin del periodo para el cual fueron electos. Aunque dejar de ganar 70 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil pesos mensuales será un trago muy amargo si acaso se concreta la nueva reforma electoral y van para afuera.
¿Dónde ganarán tan bien? Un ingreso además acumulable a compensaciones y bonos, viáticos para viajecitos al interior del país y al extranjero bajo al pretexto de impartir o recibir cursos, talleres, conferencias, etc. ¿Qué más? Auto, chofer, colaciones, gastos de representación y capacitación gratuita.
A ver quien les cree que se oponen a la reforma electoral porque temen una regresión democrática. Vaya, además del interés económico, obedecen a intereses políticos y en ocasiones hasta inconfesables; con sus honrosas excepciones. También en las autoridades electorales hay integrantes honestos, leales a los principios constitucionales y legales.
Pero en términos generales es un secreto a voces la existencia de toda una mafia electoral donde operan funcionarios electorales, consejerías, representantes de partidos políticos, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, legisladores, fuerzas fácticas, etc.
La materia electoral se ha convertido en un negocio de grandes ganancias políticas y económicas. Claro, es la base para la integración de los órganos de gobierno de elección popular: Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.
¿Se imaginan los intereses en juego y todo lo que se mueve en rededor?
Pero ciertamente, como dijo Lorenzo Córdova: “La reforma electoral no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse…El sistema electoral es perfectible, pero cambios mal planeados o claramente mal intencionados, pueden implicar una regresión antidemocrática”.
Es el riesgo. De hecho, en cada reforma electoral se pone en peligro cualquier avance democrático. Por ejemplo, tras la del 2014 harto se cuestionó haberle dado al INE atribuciones especiales para intervenir en asuntos electorales locales, además de organizar procesos completos en las entidades federativas.
Se habló entonces de una regresión. ¿Y no ha sido al contrario? Además ha funcionado tan de maravilla que la ciudadanía confía más cuando el INE organiza el proceso electoral porque goza de mayor credibilidad que los Organismos Públicos Locales (OPL).
Así que eliminarlos evitaría costos económicos y políticos. Claro, se corre el riesgo de una centralización electoral monopolizada por Morena vía la integración de los consejos del INE. Pero la selección por insaculación resuelve el problema: Un examen Ceneval para pre seleccionar a los mejores y de entre ellos seleccionar a la suerte a las personas titulares de consejerías, magistraturas, fiscalías en materia de delitos electorales.
Y no es descubrir el hilo negro, el procedimiento ya existe (con variantes) en las normas electorales como producto de la reforma del 2014 para seleccionar a los consejeros del Consejo General del INE; si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados, entonces los elegirá por insaculación la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Solo amerita perfeccionar el procedimiento y dejarlo como único, incluso, para elegir consejeros de órganos desconcentrados por parte del INE.
Harto se ha dicho, discutido, polemizado, sobre el pésimo papel de los OPL. Vean en este momento su actividad en año no electoral: Talleres, cursos, conferencias, en los mismos lugares y con la misma gente. Y así justifican su tarea en educación cívica.
Ahora, recortar presupuesto al INE sería cuestión de analizarlo bien porque organizar procesos electorales federales y locales, consultas populares y la revocación de mandato tampoco son enchiladas; se necesita dinero.
Quizá valga la pena etiquetar con exactitud cada peso del presupuesto electoral para evitar excesos; reducir los viajes al extranjero de consejeros (y magistrados electorales); evitar el uso de papel caro en la folletería electoral, y eliminar gastos superfluos.
En fin, que sí cabe la austeridad republicana en materia electoral cuando el presupuesto se aplica correctamente.
Ahora bien, en el debate con miras a una próxima reforma electoral hay temas de vital importancia para darle un viraje al sistema político-electoral mexicano. Por ejemplo: El voto obligatorio y la eliminación o reducción por lo menos de los legisladores electos por el principio de representación proporcional conocidos como plurinominales.
Han sido temas pendientes, por lo cual es un acierto llevarlos al debate en los foros del Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral.
En ocasión de una columna anterior, emitimos nuestra opinión sobre la necesidad del voto obligatorio como solución a los altos índices de abstencionismo. Y tal voto no implica una regresión, ni merma la calidad de la democracia; más bien en México se requiere como una forma de cimentar la culta del voto.
Además, la obligación de votar ya existe en nuestra Constitución Política General, así como la sanción correlativa: La suspensión de derechos políticos. Solo falta la aplicación y su perfeccionamiento en normas secundarias.
Vaya, nada es nuevo. Los legisladores plurinominalestenían su razón de ser y sus límites numéricos. Es cuestión de desempolvar la historia, y sino quieren eliminarlos, por los menos deberían regresar al planteamiento original.
Por otra parte, claro que es viable la reducción del financiamiento público a los partidos políticos mediante el cambio de fórmula para determinarlo. Por ejemplo, en vez de aplicar la multiplicación del 65% de la Unidad de Medida y Actualización por el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, que sea el 40% del UMA por la Lista Nominal que siempre es menor que el Padrón.
Esta bien privilegiar el financiamiento público sobre el privado para evitar la infiltración del crimen organizado. Sin embargo, cabe preguntar ¿en verdad se ha evitado?
Y como las reformas electorales generalmente son por consenso, bueno negociar: O se reduce el financiamiento público o se eleva al 6% el umbral para mantener el registro como partidos políticos con registro nacional o local.
Francamente el pluripartidismo en México es una ficción; los chiquitines terminan en comparsas o satélites de los grandes sin hacer el menor esfuerzo por crecer por sí mismos, y así solo sirven de negocio de grupos políticos; incluso, algunos partidos tienen facha de franquicias.
Eso sí, debe eliminarse la disposición que permite que un partido político que perdió su registro nacional pueda convertirse en partido local en aquellas entidades federativas donde haya alcanzado el porcentaje mínimo de la votación emitida.
¡Es un insulto a la pobreza y a la inteligencia de los mexicanos!
Por eso México no avanza, porque tira el dinero en el sistema político electoral, incluidos los partidos.
