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Opinión por Rosy Ramales
Quizá el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga claro cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Pero algo sí tiene bastante claro: La permanencia y eternización de su proyecto político. Lo dijo en su reciente e inventado “informe” y en la mañanera del día siguiente. Dijo que “el gobierno trabaja en garantizar la seguridad y consolidar la Cuarta Transformación”. O por lo menos así lo escribió su equipo en el comunicado oficial.
O sea, ¿el Gobierno Federal solo trabaja para fines políticos? Como reza la vox populi: “Ven la tempestad y no se hincan”. Nada molesta más que ver a un gobierno intentado su sobrevivencia política a costa del bienestar general de la población mexicana.
Sin embargo, aseguró: “Vamos a poner por delante el interés general, el interés de la nación. (…) No puede haber, como antes, un gobierno faccioso, al servicio de una minoría”.
¿Y qué significa faccioso? A grosso modo “es una división dentro de un grupo político o una corte noble. Cuando el término se emplea en contextos de motín, rebelión o revuelta, o incluso de insurgencia, guerrilla o guerra civil, suele designar a un movimiento social de base más amplia…”
“No hay una diferencia evidente entre facciones políticas y otras agrupaciones de carácter informal, como las familias políticas o las ‘corrientes’ y ‘tendencias’ internas dentro de un partido político o de un gobierno (‘camarillas’).”
Entonces, el presidente López Obrador y su grupo político también son facciosos; incumplen el mandato constitucional de gobernar para toda la población mexicana por igual, no solamente para los de izquierda y para los sectores vulnerables.
Es loable la existencia de un gobierno que dé prioridad “a los olvidados, a los marginados, a los pobres y a los que siempre se les ha hecho menos”, como afirmó. Sin embargo, cuando tienen primacía solo para fines electorales, la pobreza se honda.
AMLO reafirmó que su administración “no ejecutará las ‘recetas del periodo neoliberal porque no resuelven el problema, sino que lo agravan y profundizan la corrupción’. ‘Están acostumbrados a que se rescate a los de arriba.’”
No es el rescate de los de arriba; es el rescate de México.
Vaya, ¿por qué el presidente López Obrador tasa por igual a los grandes empresarios que a los miembros de la iniciativa privada en mediana y pequeña escala? Y hasta resulta incongruente porque en su gobierno participa un hombre de altos negocios como Alfonso Romo.
Sin el rescate del sector productivo, el país irá a pique, y entonces puede ocurrir lo que por años temió el sector empresarial y la clase media: Que el gobierno de AMLO emule las prácticas de países socialistas como, por ejemplo, la de apropiarse el Gobierno Federal de los bienes de personas morales y físicas para repartirlas entre los sectores desprotegidos, y no precisamente con el ánimo de ayudarlos, sino con el ánimo de controlarlos electoralmente.
Es lo que puede venir.
Incluso, un indicio puede ser el anuncio sobre el uso oficial de hospitales privados en caso de un contagio masivo en México del coronavirus. De entrada sería una acción humanitaria, pero quien sabe si a la larga resulte otra cosa.
Porque sin recursos públicos, ¿de dónde saldrá el dinero para financiar los programas sociales, la administración pública, las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, y los proyectos como el Tren Maya?
La de por sí débil economía mexicana está en riesgo del colapso. Y el sector productivo pronto no tendrá para cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales durante el cierre temporal, pero largo, de los centros de trabajo.
La pandemia ha desatado infinidad de temores, no solamente por la suerte de la vida de las y los mexicanos, sino por la suerte de México.
Y también empieza la desesperación.
No en vano, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a sindicatos, organizaciones sociales y compañías a conformar un Acuerdo Nacional en Favor de México, para enfrentar la pandemia del Covid-19 y salvaguardar el empleo, los salarios e ingresos de la familia.
Un pacto que emergería por la barrera que hay para dialogar entre el sector público y privado.
El sector productivo no está dispuesto a perderlo todo para financiar a un gobierno cuyos miembros –con sus honrosas excepciones— provienen de las épocas más corruptas del neoliberalismo, y otro tanto son producto de la corrupción interna del PRD.
