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Opinón por Rosy Ramales
Hacer negocios traficando con influencias es en sí mismo un acto deleznable, y con mayor razón cuando se lucra con la salud de los seres humanos.
La compra-venta de ventiladores a un desmedido sobreprecio tiende a obtener una ganancia por la vida o la muerte de enfermos de COVID-19.
¿Ganancia solamente para quien vende? ¿O también para quien compra?
Debe ser una de las líneas a investigar por parte de la Secretaría de la Función Pública en la asignación que la delegación del IMSS en Hidalgo hizo a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, de un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.
“Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”, publica esta organización en su página de internet.
“El contrato a Cyber Robotics –precisa– fue asignado el 17 de abril por el IMSS y ese mismo día el IMSS Hidalgo pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life, por un ventilador de similares características, pero importado de Eslovaquia.”
En su despacho informativo, MCCI refiere una comparación de costos de ventiladores en diversas compras hechas por el Gobierno Federal por asignación directa vía varias dependencias, detectando una diferencia de hasta 85% entre el precio más barato y el más caro.
Y el precio más caro de ventiladores corresponde a la empresa de Bartlett Álvarez; incluso, el costo está por encima de equipo fabricado en otros países como Alemania y China, por ejemplo. Y aquellos ventiladores de la polémica compra han sido fabricados por una empresa mexicana, por lo cual no deberán incluir ningún costo de importación.
Vaya, negocito.
Así que la Secretaría de la Función Pública tiene bastante trabajo para investigar el caso y determinar por qué el IMSS de Hidalgo otorgó precisamente a la empresa Cyber Robotics Solutions el millonario contrato para la adquisición de 20 ventiladores, cuando por la misma cantidad pudo haber comprado casi el doble.
Determinar también si en dicha operación hubo tráfico de influencias al tratarse de una empresa León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad y muy amigo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es probable que el polémico don Manuel no haya influido en la delegación del IMSS de Hidalgo para beneficiar a la empresa de su León Manuel, porque en ocasiones los hijos tienen conductas ajenas a los padres.
No obstante, León Manuel sí tendrá que explicar la venta de ventiladores a un precio de casi el doble en comparación a equipo similar fabricado en el extranjero. Y, por supuesto, el IMSS deberá explicar a satisfacción por qué adquirió al proveedor más carero 20 ventiladores, mientras solamente dos a otra empresa que ofreció costos menores.
¿Se imaginan cuántas vidas pudieron o pueden salvarse si en vez de 20 ventiladores se hubiesen comprado 35 o 40 por el mismo precio y similar características?
Nada más falta que digan que la empresa de León Manuel era la única que contaba con el número de equipos requeridos, o de la calidad exigida para salvar vidas de enfermos de COVID-19. En todo caso, ¿por qué el IMSS no adquirió los ventiladores directamente al fabricante, el cual es una empresa mexicana?
Por lo pronto, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó que, desde el viernes 1 de mayo, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la delegación de esa institución en el estado de Hidalgo.
Nada más no resulte como la investigación de las propiedades de Manuel Bartlett, toda una argumentación abstracta sin fundamentos; algo así como un cuento.
Casos como el del sobre-precio en la compra-venta de ventiladores para salvar enfermos de COVID-19, le hacen más daño al presidente López Obrador porque el eje rector de su gobierno ha sido el combate a la corrupción, que a León Manuel.
Así que el mandatario hace bien instruir la respectiva investigación a fondo para en su caso aplicar las sanciones correspondientes.
Ello debería preocuparle más que cualquier “guerra sucia” en contra de su gobierno. En todo caso, éstas se combaten probando la inexistencia de actos de corrupción, que ni siquiera con cometidos por el presidente López Obrador, sino por servidores públicos de su administración.
Porque además, lucrar con la salud no tiene nombre.
