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#COMUNICADO
Rosy RAMALES
A tres meses de haber iniciado la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca, es la hora en que las diputadas y los diputados no se han preocupado por conformar y presentar la Agenda Legislativa a la que están obligados por mandato legal.
¿Qué tal? ¡Y ya solo faltan dos meses para concluir el primer periodo ordinario de sesiones! Así que pronto se irán de vacaciones sin haber cumplido con su función a cabalidad. ¿O cumplirán?
La Constitución Política de Oaxaca establece: “La Legislatura tendrá periodos ordinarios de sesiones dos veces al año; el primer periodo de sesiones dará principio el día quince de noviembre y concluirá el quince de abril, y el segundo periodo, dará principio el primero de julio y concluirá el treinta de septiembre.”
¡Dos meses! Y concluirá sin pena ni gloria. Porque, con sus honrosas excepciones, las diputadas y diputados se la pasan en “banalidades” como bien dijo en tribuna el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Mendoza Reyes…empezado por él.
La falta de Agenda Legislativa explica por qué se la han pasado presentando ocurrencias y trivialidades, salvo algunas iniciativas de ley que valen la pena, pero son las menos; no se alcanzan a contar ni con los dedos de una mano. En su mayoría las iniciativas son ociosas y nada más servirán para que los legisladores las enuncien en sus discursos, pero nunca las aprobarán.
Todo el tiempo se les va en presentar puntos de acuerdo. Ah, y en rendir culto a su imagen con fines electorales en una interminable proliferación de inútiles comunicados de prensa.
¿No les da vergüenza? ¿Y así se dicen representantes populares? Caray.
Bueno, ¿y quién o quiénes son los responsables de la falta de Agenda Legislativa? Claro, todas y todos los diputados. Sin embargo, existe un órgano en concreto en quien recae la responsabilidad: La Junta de Coordinación Política.
El artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, relativo a las facultades y obligaciones de la Junta de Coordinación Política, establece como una de ellas: “Proponer al Pleno la Agenda Legislativa”.
¿Y quiénes integran la Junta de Coordinación Política? Por ley, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, que en el caso de la actual LXIII Legislatura son: María de las Nieves García Fernández, del PRI; Juan Mendoza Reyes, del PAN; Carol Antonio Altamirano, del PRD; Jesús Romero López, del PT, e Irineo Molina Espinoza de Morena.
Esos son los integrantes legales. Porque en esta Legislatura se innovó con integrantes extra legales. Resulta que los coordinadores de las fracciones parlamentarias han permitido la participación de miembros de la Mesa Directiva en reuniones de la Jucopo. Ups. ¿Y solo con voz? ¿O también toman decisiones? ¡Imagínense, un órgano menor se impone sobre el máximo órgano de dirección del Congreso? Ja.
¿Y cómo es eso? Pues según cuentan en los corrillos legislativos, el gobernador le habría pedido a los miembros de la Jucopo permitir a miembros de la Mesa Directiva participar en sus encuentros deliberativos. ¿En serio? ¿O nada más le endosan al mandatario tal aberración? Incluso, dicen que por eso Nieves se ve muy acotada para realizar a cabalidad su función de coordinadora de la bancada del PRI.
En fin, retomando el tema: La Junta de Coordinación política es la responsable de la presentación de la Agenda Legislativa, así como del cumplimiento de la Misma. Y dice Junta se supone es conducida por Irineo Molina. ¿Conducida? ¿A buen puerto o al precipicio? Al precipicio, pues a estas alturas a la Legislatura no se le ve rumbo.
MANCERA, ¿EL CASTO?
Anoten un nuevo requisito para ser miembro del gabinete del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Coincidir con el proyecto al 2018 de Miguel Ángel Mancera. Caso contrario, se arriesgan a ser despedidos como ocurrió con Miguel Torruco Marqués, a quien le pidió la renuncia tan pronto y como leyó el nombre de su Secretario de Turismo en la lista de asesores de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de México y líder nacional de Morena.
¿Celos político-electorales? ¿Prepotencia? ¿Intolerancia?
Claro, Mancera asegura haber pedido la renuncia a Miguel Torruco simple y sencillamente porque la Ciudad de México requiere el 100% de atención, y los servidores públicos no pueden estar distrayéndose en otros asuntos. ¿En serio? ¿Sólo por eso? Vaya, el Jefe de Gobierno resultó casto en la operación electoral desde el ejercicio del poder…o, en otras palabras, en el uso de los recursos públicos para fines electorales.
¿Y pensaba lo mismo cuando abrigó la aspiración de convertirse en Jefe de Gobieno de la Ciudad de México? En el 2012 Mancera era Procurador General de Justicia del Distrito Federal, cargo al que renunció el 6 de enero de ese año y dos días después se registró como precandidato ante el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual, según dicen, todavía no está afiliado. ¿O ya es militante?
En fin, que entonces no asomó la castidad electoral de la cual hoy presume Mancera, y en el 2012 el entonces Distrito Federal también requería de un Procurador dedicado al 100% a cumplir su función como tal, no que anduviera pensado en suceder a Marcelo Ebrard Causabón.
Claro, nadie lo corrió porque comulgaba con el mismo proyecto político.
Aunque, al parecer, el caso de Torruco no se enmarca en el uso de recursos públicos con fines electorales; además ni siquiera ha iniciado el proceso electoral federal. Y Mancera públicamente ni siquiera aludió el tema electivo, simplemente hizo énfasis en la necesidad de la Ciudad de México de contar con servidores públicos de tiempo completo. Evidentemente, revelar el fondo real de la petición de renuncia, sería tanto como confesar que todo el aparato del Gobierno del Distrito Federal está comprometido con un proyecto político distinto al de AMLO.
Mmm… ¿Con el proyecto del propio Mancera? Porque también aspira a la Presidencia de México. Así que no es tan casto en asuntos electorales desde el ejercicio del poder. Es más, en el 2016 respaldó a varios candidatos de izquierda a las gubernaturas que en ese año se disputaron.
Por cierto, el 15 de mayo del 2016 el periódico El Universal difundió una entrevista a Mancera en la cual confiesa su aspiración, de la cual nos permitimos transcribir tres párrafos:
“Aunque ambos aseguran que no es tiempo de confrontaciones, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, adelantan que buscarán la candidatura de la izquierda en 2018.
“Por separado, EL UNIVERSAL entrevistó a ambos luego de su arribo a Oaxaca para apoyar la campaña del aspirante del PRD-PAN al gobierno del estado, José Antonio Estefan Garfias. Le pregunto directo, ¿usted quiere ser Presidente en 2018?
“—Sí, sí quiero. Estoy convencido, tengo toda la intención de participar y si la vida no decide otra cosa, lo voy a hacer. Sin duda lo haré con un proyecto de izquierda y, obviamente, con las simpatías y el trabajo que he realizado con la gente. Pero creo que hay condiciones para que se sumaran otras expresiones y otras fuerzas.”
iImagínense! ¿Y la castidad? Y cabe preguntar también: ¿Mancera ha sido un Jefe de Gobierno de tiempo completo? ¿No ha distraído su atención en otros asuntos? Ja.
¿Y POR QUÉ EL PVEM DEBE?
Trabajadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunciaron que este instituto político se ha negado a pagar a sus trabajadores administrativos, argumentando falta de recursos.
Desde mayo del año pasado, en pleno proceso electoral, dirigentes del Partido Verde dijeron a los trabajadores que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) no le había entregado el financiamiento público correspondiente, por lo cual no salían sus salarios.
Sin embargo, los propios trabajadores confirmaron que el IEEPCO hizo la entrega de las prerrogativas en tiempo y forma. Así que sospechan que directivos hicieron mal uso de los recursos del partido.
¿Quiénes? Eso sí tendrá que investigarlo, en su caso, la autoridad competente.
Lo que sí hay tres situaciones harto criticables:
Una: La falta de pago a los trabajadores administrativos del partido.
Dos: Que sean partido en el gobierno y se nieguen a pagar a quien realizó un trabajo para llevarlos al poder.
Tres: Que se hagan ricos a costa del trabajo de personas con necesidad laboral.
