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#Opinión por Rosy RAMALES
Hasta dónde se ha llegado en México que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido la necesidad de ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien o a quiénes proporcionen información “veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba”, ex gobernador de Tamaulipas, “probable responsable de delitos contra la salud.”
Como en las películas del Viejo Oeste. Y nada más faltó la leyenda: “Vivo o muerto”. Claro, en la actualidad es solamente vivo en acatamiento a los Derechos Humanos.
Igual recompensa ofrece a quien proporcione información en los mismos términos para dar con el paradero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.”
¡30 millones por los dos! Uy, pues quien provea la información “útil y veraz” será como haberle pegado al “gordo” de la Lotería Nacional, pero sin comprar boleto.
Aunque a ese paso, de recompensas millonarias, la PGR corre el riesgo de quedarse sin presupuesto. ¡Son varios los ex gobernadores con acusaciones de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, etc! Claro, es deber de la Procuraduría recurrir a las medidas necesarias para dar con el paradero de ex mandatarios, que en lugar de administrar los bienes de su respectiva entidad federativa, administraron otras situaciones.
Nada más no vayan a contratar una adivina, como ocurrió en 1997 cuando investigaban el paradero del diputado Manuel Muñoz Rocha, quien desapareció tras el asesinato del Secretario General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu.
Mejor pregunten a los mismos priistas, pues tanto Yarrington Ruvalcaba como Duarte de Ochoa fueron gobernadores emanados del PRI. Pobre partido político, cuyos documentos básicos lo ubican como uno de los mejores en el país, pero sus militantes se han encargado de destrozarle la imagen… bueno, no todos los militantes; más bien algunos de los que alcanzan altos cargos públicos como las gubernaturas.
Caray, parece hasta moda la proliferación de casos de ex gobernadores perseguidos por la PGR o señalados por la comisión de probables delitos. Sí, probables, pues serán responsables hasta cuando la autoridad correspondiente compruebe plenamente la participación en los hechos de que se les acusa.
Probables… porque las acusaciones a veces derivan de venganzas políticas.
Como quiera que sea, la persecución de ambos ex gobernadores da el mensaje de que el PRI está dispuesto a no solapar actos de corrupción de sus militantes, como lo comprometió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Enrique Ochoa Reza, sobre todo ante la proximidad del proceso electoral para las elecciones de Presidente de México, senadores y diputados federales; entonces el partido necesita ganar credibilidad.
Sin embargo, el hecho de la “desaparición” de Javier Duarte de Ochoa, por citar el caso más reciente, genera dudas sobre una estrategia real y efectiva para ganar nuevamente la confianza de las mexicanas y mexicanos, particularmente con calidad de electores.
En fin, que el portal de la PGR hay una nota más sobre otro ex gobernador sujeto a proceso penal: Guillermo Padrés Elías, de Sonora y del Partido Acción Nacional (PAN).
La nota o comunicado tiene el siguiente encabezado: “PGR obtiene autos de formal prisión contra ex Gobernador de Sonora conforme a debido proceso”, por su probable responsabilidad “en defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.”
Con tres comunicados al hilo sobre casos de ex gobernadores, el portal de la PGR más bien parece un sitio de una fiscalía especializada en ex mandatarios.
Da miedo.
CASO NOCHIXTLÁN
Este martes continuaron las comparecencias de los servidores públicos del gabinete del saliente Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, con motivo de su 6º Informe. Y tanto del Secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, como el Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, mostraron firmeza cuando se refirieron a los hechos ocurridos el 19 de junio pasado en Asunción Nochixtlán.
Ruiz Martínez, en su exposición, dijo que se tienen pruebas y se ha “podido demostrar que también existieron agresiones hacia las corporaciones policiales que pusieron en riesgo la integridad física de sus elementos.”
Y al responder a cuestionamientos de diputados locales, reveló que ese día alguien usó 80 kilos de pólvora en la elaboración de los cohetones. ¿Quién los usó? Es lo que se debe investigar. Pero los cohetones salieron de la parte que se resistía al desalojo de la carretera federal, cuyo operativo fue una suma de esfuerzos entre corporaciones policíacas federales y estatales, pero quien lleva el mando es la de mayor rango.
Claro, al estar bloqueada una vía de comunicación federal corresponde a las fuerzas federales el operativo.
Imagínense, ¡80 kilos de pólvora! ¿y de dónde la obtuvieron? ¿Ya estaban preparados? ¿Quién les avisó del operativo o lo preveían?
Y el Fiscal informó haber 55 legajos de investigación sobre el caso Nochixtlán, y la voz cantante la lleva la PGR.
Como bien dijeron ambos funcionarios, el caso Nochixtlán amerita una investigación imparcial y exhaustiva para determinar la verdad de los hechos. Pero mientras haya oposición para realizarla, ésta no se conseguirá.
¿Y quién se opone? Mmm…¿fuerzas actuantes en la zona nochixteca? Pero que pueden no ser del municipio. ¿Y por qué se oponen? Ahí está lo interesante en la investigación.
El Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General de Justicia se defendieron de los cuestionamientos, por cierto hasta agresivos, de los diputados, quienes además solamente pasan a leer los discursos que les escriben sus asesores sin entender ni “j” de lo que están diciendo.
Cuando el Secretario de Seguridad Pública respondió las preguntas todos guardaron silencio, no hubo siquiera el menos intento de callarlo. Claro, calladitos se veían más bonitos, sobre todo cuando aclaró no existir ningún fondo de pensiones policiales de 800 mil pesos como argumentan, pues la Legislatura saliente no lo aprobó.
Y el Fiscal General de Justicia con engargolado en mano dijo a los diputados que en el momento que gusten pueden consultar ese engargolado sobre los casos donde exigieron avances en las investigaciones como, por ejemplo, de los llamados “crímenes políticos” de militantes de partidos u organizaciones sociales.
“A ver, ¿por qué no matan al Fiscal?, porque no anda metido en cosas”, dijo con toda firmeza. Y en la sala del pleno, todo en silencio.
Miren que cuestionar sin fundamentos a Carrillo Ruiz, quien tiene una carrera de 21 años dentro de lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado que recientemente se convirtió en Fiscalía General del Estado; empezó como meritorio, después se ganó una plaza y fue ascendiendo, desempeñando cargos de secretario y agente del ministerio público, subprocurador y luego procurador y es el primer fiscal nombrado por un periodo de cuatro años por mandato constitucional.
Es un servidor público institucional, no de partido ni de grupos políticos.
“No entrego el cargo el primero de diciembre, porque fui electo”, aclaró Carrillo Ruiz a diputados que en sus protagónicas intervenciones insistieron en “ahora que usted se vaya (en esa fecha)”. Ni siquiera saben que el Fiscal es electo por la misma Cámara de Diputados.
