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#Opinión Por: Rosy RAMALES
*.- ¿Y Oaxaca?
En la proximidad del proceso electoral 2018, federal y concurrente en diversas entidades del país, salta al debate nacional la conveniencia de confeccionar ex profeso una reforma electoral. Hay opiniones encontradas y un cortísimo plazo para aprobarla y promulgarla: Finales de mayo próximo. Pero de que hay necesidad de hacerla, la hay.
Hace algunos días, en el marco del IV Seminario Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles, el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, planteó, muy a su juicio, cierta incertidumbre en ir a una reforma electoral.
Concretamente dijo: “Mover las reglas de juego a tan poco tiempo del proceso electoral más grande de nuestra historia y sobre todo sin posibilidad de ponerlas a prueba en otra elección que no sea en la macro elección de julio de 2018 tiene una dosis de incertidumbre y de inestabilidad de la que tenemos que vacunarnos”.
Mmm. Cualquier reforma implica un riesgo en su aplicación ya sea en procesos electorales intermedios o principales como el del 2018 (para las elecciones de Presidente de México, y diputados y senadores al Congreso de la Unión; además de comicios locales concurrentes). Y no hay ninguna regla que ordene probar las reformas electorales antes de aplicarlas precisamente en elecciones presidenciales. Además es demasiada la espera entre un proceso y otro cuando es tan cambiante la realidad política del país.
Incluso, ya pasó un proceso electoral y hay reglas en las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y de Partidos Políticos (LGPP) que no han sido probadas. Como, por ejemplo, el voto de los mexicanos en el extranjero para las elecciones de Senador de la República y la reelección, la cual, por cierto, en 2018 aplicará en algunas entidades federativas como Oaxaca para las elecciones de diputados locales y concejales a los ayuntamientos.
Hay muchos cabos sueltos respecto de la reelección, cuya regulación expresa y amplia es necesaria, pues si se deja a la regulación administrativa vía el INE y los OPLES se corre más riesgo, sobre todo el de las impugnaciones por extralimitación de funciones, por ejemplo. Llega un momento en que los consejeros prácticamente legislan.
Claro, que legislen los diputados tampoco garantiza evitar las impugnaciones; incluso, se corre el riesgo de reglas muy a modo, como siempre.
Por cierto, el polémico consejero Benito Nacif, quien considera la necesidad de una reglamentación administrativa sobre la reelección, advirtió el riesgo de confundir la función del servidor público con la del candidato o candidata.
Dijo: “Actualmente no está especificado si los que pretendan reelegirse deben separarse del cargo o no…En su caso habría sólo dos opciones: separarse del cargo o, como en la mayoría de las democracias que permiten la reelección, combinar ambas actividades”.
Ja. Todo mundo optará por combinar ambas actividades, ya sea vía reforma legislativa o vía regulación administrativa; y en este último caso no sería nada nuevo que los partidos políticos presionen a los consejeros para imponer su voluntad.
Y como bien ha dicho el catedrático Diego Valadés, “la reelección en los alcaldes fue un error del legislador, ya que ellos ejercen el poder directamente sobre los votantes, por lo que existe el riesgo de encontrar mecanismos de coacción del voto.”
¡Claro! Y también se corre ese riesgo en la reelección de los diputados, que ejercen funciones ejecutivas de manera directa, sin embargo, recurren a la práctica de usar los recursos del Poder Legislativo en sus partidas destinadas a la gestión social y a la contratación de asesores –que ya no contratan— para hacer proselitismo, y lo mismo hacen con las acciones de gobierno que logran sacar a los gobernadores y al mismo Presidente de México.
Nada más habría que ver el ejemplo de lo que ocurre en el estado de Oaxaca, donde ni bien asumieron el cargo tanto presidentes municipales como diputados locales y emprendieron (en la mayoría de los casos) intensas campañas simuladas en acciones de gobierno o de gestión social con el ánimo de acentuar su posicionamiento para estar en condiciones de reelegirse en el 2018.
¿Ven como hay temas necesarios de aterrizar en la ley electoral? Y también hay necesidad de establecer otros de manera muy puntual como, por ejemplo, la reducción de los miembros del Congreso de la Unión y de los Congresos locales.
En fin, que ayer, en el panel “Proceso Democrático en la Elección del candidato presidencial en 2018”, organizado por el INE, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena confrontaron sus propuestas de reforma electoral.
¿Cuáles? Algunas como las siguientes: La disminución del financiamiento público a partidos y al INE, combatir la compra del voto, segunda vuelta electoral (cuestionable, por cierto), fomentar el debate, reducción de los tiempos de campaña, fomentar el debate público, acotar el uso de los programas sociales con fines electorales y reducción del costo de las elecciones.
Hay otros tantos temas como las franquicias postales y telegráficas para los partidos políticos, el acceso a los tiempos de radio y televisión, los umbrales para conservar el registro y el financiamiento, quitar a los partidos el financiamiento local, etc.
Entonces, cabe preguntar: ¿Es conveniente ir o no a una reforma electoral para el 2018?
La reforma electoral es necesaria (federal o general).
Y en las entidades federativas, ni se diga. Incluso, habría que replantear si ha funcionado el esquema de la autoridad electoral administrativa nacional o si es necesario devolverle a los estados toda su facultad de organizar elecciones, pero establecer rigurosos mecanismos de supervisión y control, pues los gobernadores y las legislaturas locales insisten en seguir manipulando a las autoridades electorales.
O de plano borrar a los OPLES, pues francamente hay duplicidad de gasto. Los consejos locales y distritales del INE pueden organizar enteramente los comicios locales, y se ahorra el gasto de las estructuras de los Organismos Públicos Locales.
En fin,
CASO OAXACA
En entidades como Oaxaca la reforma electoral debe ser la prioridad, porque no tiene un cuerpo normativo local emanado del órgano legislativo, por culpa de los diputados de la anterior Legislatura que aprobaron la reforma sin cumplir a cabalidad y vino el revés por parte del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es prioridad. Sin embargo, a los diputados locales no se les ve asomo de hacer la reforma electoral. Han presentado propuestas aisladas sin especificar para cuándo prevén aprobarlas, en su caso. Están más ocupados en sus actividades electorales para reelegirse que en los temas de interés general.
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