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Opinión Por: Rosy RAMALES
Santiago Nieto Castillo tomó la mejor decisión al declinar regresar como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); su caso entró en un desaseo político intolerable para una institución cuya naturaleza exige independencia, imparcialidad y legalidad.
En su carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, Santiago Nieto sensatamente reconoció: “No existen condiciones para que el suscrito, aun obteniendo la votación de la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento de corte institucional y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior, dados los posicionamientos de las fuerzas políticas.”
Eso sí, más que imposibilidad técnica, el principal obstáculo para el desempeño de sus funciones del ahora ex Fiscal era su cercanía con los partidos opositores al PRI, pues su actuación entonces carecería de legitimidad y por lo mismo estaría bajo la sospecha de favorecer a “X” o a “Y” partido político o candidato.
Allanarse para preparar su defensa jurídica ante las denuncias penales en su contra y los procedimientos administrativos que puedan venir, es el mejor camino por el que pudo optar. Ello le permitirá recobrar algo de credibilidad, porque esta característica es el capital de los profesionales del Derecho consagrados a la materia electoral.
Y como bien dijo en su misiva enviada al Senado, frente el proceso electoral en marcha para las elecciones del 2018, México requiere “de las mejores condiciones políticas” y, claro, de un Fiscal ajeno a toda polarización política; un Fiscal independiente, imparcial, autónomo y apegado estrictamente al principio de legalidad.
Y ahí está el problema, ¿de dónde lo sacarán los senadores? De entrada, el hecho de que el titular de la Fepade sea electo por la Cámara Alta lo vicia de origen, porque los senadores dejarán de lado los conocimientos electorales y el compromiso con el país de quienes aspiren a encabezar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para privilegiar la sumisión de éstos a las filiaciones políticas.
¿O cuál es el objeto de entrevistar a los aspirantes? Caray, hay senadores que ni siquiera terminaron una carrera, y quienes la tienen no todos son Licenciados en Derecho, ni especialistas en materia electoral, entonces ¿con qué calidad profesional y moral se atreven a interrogar a los aspirantes a titulares de la Fepade? Es incongruente como todo el procedimiento para seleccionar al Fiscal.
Para contar con el dechado de virtudes que cada grupo parlamentario pretende para la Fiscalía en Delitos Electorales, tendría que elegirlo un órgano distinto, como referíamos en ocasión anterior; por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante insaculación de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos por la Constitución y por la Ley.
Caso contrario, el titular de la Fepade siempre estará bajo la mancha del padrinazgo político.
PT, TAMBIÉN EN EL OJO DEL HURACÁN
Es posible, como dice Alberto Anaya, que la persecución judicial en contra de petistas tenga tintes de revancha política porque el PT decidió seguir a Morena y a Andrés Manuel López Obrador para las elecciones del 2018, en vez de seguir siendo esquirol del PRI.
Sin embargo, será preciso aclarar el destino de los recursos económicos destinados a los Cendis, cuyo proyecto educativo encabeza la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez. Y deberían tomarle la palabra, y que de una vez se investiguen las cuentas de todos los dirigentes del Partido del Trabajo (PT), no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito local aún cuando se denominen “Comisionados Nacionales”.
Vaya, ya parece denominador común eso de que las esposas también participen en asuntos políticos respaldadas por la posición política del esposo. Es el peor de los nepotismos. Léase caso Oaxaca.
En fin, tanto el caso del Fiscal para la Atención de los Delitos Electorales como el del PT (Anaya) reflejan la podredumbre y la corrupción que permea en las instituciones políticas y electorales en nuestro país, desde el PRI hasta el partido más democrático. Así, solo decepcionan a la ciudadanía y se generan alternativas violentas.
EN OAXACA, UN CASO MÁS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
Este lunes, el Congreso de Oaxaca prevé elegir al titular del Órgano Superior de Fiscalización. Y sin embargo, ya se sabe para dónde están cargados los dados: Para favorecer a Guillermo Mengchú Velázquez como propuesta de la fracción parlamentaria del PRI.
Guillermo Mengchú fue Secretario de Finanzas en el gobierno de José Murat Casab y luego Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado en el primer trecho de su sucesor, Ulises Ruiz Ortiz. ¡Se auto-auditó! O en otras palabras, llegó a la Contaduría para cuidar cualquier cabo suelto del sexenio anterior. ¿O no fue así?
Claro, como profesional en su ramo, ni quien le discuta nada. Y quizá fu pulcro su desempeño en los referidos gobiernos. Pero la duda siempre cabe, salvo que demuestre lo contrario.
Y la oposición hará mutis, porque tanto la fracción parlamentaria del PRD, como la del PAN y hasta la de Morena, han pedido su cuota dentro del órgano fiscalizador; son tres sub-auditores, entonces prevén repartírselos.
Eso salvo que de última hora hayan cambiado el plan.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
