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Opinión por: Rosy RAMALES
En el contexto de la apertura del plazo de registro de candidaturas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello llamó a los gobiernos y servidores públicos a “abstenerse de intervenir” en las contiendas electorales. ¿Le aplaudimos?
Pues bien por el llamado. Sin embargo, la ley debe cumplirse, no quedar a la buena voluntad de gobernantes, funcionarios y árbitro electoral. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) hay todo un Libro sobre las sanciones administrativas aplicables a quienes infrinjan la norma.
Claro, los legisladores (al fin obedientes a sus afinidades políticas) dejaron vacíos legales en cuanto a sanciones específicas a servidores públicos, y tramposamente dispusieron remitir los expedientes a los superiores jerárquicos para que sean éstos quienes impongan las sanciones.
Sin embargo, los órganos competentes del INE bien pueden iniciar quejas de oficio para que quede constancia de la infracción. Incluso, si la conducta es constitutiva de delito electoral pueden presentar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público. ¿Lo harán?
Ahora bien, de ninguna manera la autoridad electoral debe dejar pasar el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos.
En fin, que no basta con un simple llamando a cumplir la ley, así sea de todas las consejeras y de todos los consejeros del Consejo General del INE. Porque quedaría como si fuese un llamado a “misa”.
Veremos si el árbitro electoral cumple con su papel de entrada cuando, el próximo día 29 del mes en curso, apruebe los registros de candidatos a Presidente de la República, diputados federales y senadores, empezando con la revisión puntual de los requisitos de elegibilidad y de los informes de los gastos de precampaña.
Por cierto, en cuanto al registro de candidaturas a las diputaciones federales y senadores, la mayoría de los partidos políticos (y sus respectivas coaliciones) andan subiendo y bajando candidatos. Pero si bien tienen el derecho de sustituirlos libremente antes de que queden formalmente registrados por parte de la autoridad electoral, tampoco significa la permisión de quitar sin ton ni son a quienes fueron avalados en un proceso interno.
Precisamente a la autoridad electoral corresponde revisar que los partidos políticos hayan cumplido con los procesos internos en la selección de candidaturas. Claro, ya quedará en la decisión de los candidatos depuestos si impugnan o no la violación a sus derechos político electorales.
La imagen del Instituto no brilla de pulcritud. Diversas voces han manifestado su preocupación por la actuación de la autoridad electoral. Y como dice la vox populi, “cuando el río suena es porque agua lleva”.
Será por eso que Lorenzo Córdova, como sacándose la espinita, dijo “el INE será absolutamente imparcial y () cumplirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias, para garantizar equidad en todas las elecciones”.
Claro, nunca está por demás reiterar el compromiso y la obligación. No obstante, cuando una autoridad cumple cabalmente ya no hay ninguna necesidad de mandar mensajes.
A PROPÓSITO DE ANAYA
En el primer día del plazo, la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) presentó ante el INE la solicitud de registro de Ricardo Anaya Cortés como candidato a la Presidencia de la República. El próximo 29 de marzo la autoridad electoral resolverá si procede o no.
Seguramente sí, salvo que para entonces el PRI y sus aliados en la coalición “Todos por México” (PVEM y Panal) hayan encontrado alguna causa de inelegibilidad que inhabilite al panista vía el procedimiento penal por el presunto lavado de dinero.
Quizá para entonces sea muy pronto. Supongamos que no pasa nada. ¿Pero si en el curso de la campaña acreditan responsabilidad en su contra?
En fin, a ver qué pasa.
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