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Opinión Por: Rosy RAMALES
El 07 de junio de 2017, Ángel Martínez Carreño iba de copiloto a bordo de un automóvil, al cual se le cerró un Tsuro color rojo, del que descendieron dos sujetos que se identificaron como Agentes de la Policía Estatal de Investigaciones y, tras informarle haber una orden de aprehensión en su contra, lo detuvieron. Todo ocurrió en cuestión de segundos frente a la tienda departamental Chedrahui, en el periférico de la capital oaxaqueña.
“Pensé que era por lo del Seguro Social, sin saber que me habían involucrado en un fraude del Sector Salud”, narra Ángel en un escrito de denuncia de hechos, de una historia que inicia en el 2008 cuando, guiado por el anuncio en un periódico, llegó a solicitar el empleo de chofer a la empresa “Avante de Oaxaca”, dedicada a la venta de llantas, donde lo entrevistó el dueño de nombre Carlos Martínez Tamayo, y le dio el trabajo.
Para efectos de formar su expediente y darlo de alta en el Seguro Social, Ángel entregó al empresario una carpeta con copias fotostáticas de la credencial de elector y de la curp, así como copia certificada del acta de nacimiento y la solicitud de empleo. Empezó a laborar al siguiente día, tras ser informado por el dueño de que ganaría 800 pesos mensuales en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes con una hora de comida, y los sábados de 09:00 a 15:00 horas.
La empresa tenía varias sucursales. En el 2010 cerraron la localizada en San Martín, agencia municipal de la capital oaxaqueña, porque las ventas habían bajado. Entonces, Ángel, quien trabajaba en dicha sucursal, fue despedido sin cobrar su finiquito, el cual reclamó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“Cuando empecé a laborar en la empresa se llamaba Avante de Oaxaca, después le pusieron Avantires y por último se llamaba llantas MAO”, cita Ángel, quien ese mismo año, tras ser despedido puso su propio negocio consistente en una escuela de manejo. Su vida transcurría con tranquilidad, sin sobresaltos, hasta que cuatro meses después llegaron a su casa a buscarlo del Seguro Social requiriéndolo para que se presentara en las oficinas ubicadas en la calle de Armenta y López, en la capital oaxaqueña, con carácter de urgente.
Ángel acudió y ahí le informaron que debía el pago del seguro de los trabajadores de su empresa, pero que no era la escuela de manejo. Por lo tanto, dijo desconocer esa empresa y que no era socio de la misma. Entonces, personal del Seguro Social le preguntó si conocía a las otras dos personas que aparecían como socios, Joan Carlo Carreño y Severo Pérez. Y sí, los conoció en la empresa llantera donde laboró anteriormente; fueron sus compañeros de trabajo, empleados igual que él. De ello se levantó una acta, y le entregaron una copia a Ángel.
(En los documentos, parte del expediente, a los cuales tuvimos acceso no se precisa el nombre de la empresa por la cual buscan a Ángel para el pago del adeudo del seguro de los trabajadores).
En el 2013, personal del Seguro Social nuevamente lo vuelve a buscar en su domicilio por la misma razón. Ángel otra vez explica que no es dueño de la “empresa”, y da una copia del acta levantada anteriormente. Ocurre lo mismo en el 2017. Y dos años antes, Severo Pérez, su ex compañero en la llantera, lo busca para pedirle consejo y ayuda porque el Seguro le va a embargar su casa por el problema del adeudo que supuestamente también tienen como socios de esa “empresa” que ambos ni conocen.
Tras su detención, Ángel se entera de estar acusado por el delito de fraude maquinado en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, que habría perpetrado como Administrador Único de la empresa constructora Asfálticos Zoondú S.A. de C.V., a la cual dicha dependencia adjudicó un contrato para la construcción de 193 sanitarios ecológicos en municipios de la Sierra Mazateca; contrato que importaba la cantidad de cuatro millones 532 mil 653 pesos.
El 13 de diciembre de 2012, los Servicios de Salud de Oaxaca celebró contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado con la empresa Constructores Asfálticos Zoondú S.A., de C.V., a la cual, en enero del año siguiente, la dependencia le transfirió dos millones 266 mil 326 a una cuenta de HSBC, por concepto de anticipo. Y como garantía, la empresa entregó las pólizas de fianza números 0031100150743 y 0031100150756 expedidas por Mapfre Fianzas S.A. de C.V, una amparando la cantidad de la transferencia y la otra, por 453 mil 265.36 pesos.
Constructores Asfálticos no construyó ningún sanitario, y el 14 de julio del 2014 la Dirección Jurídica de los Servicios de Salud de Oaxaca dictó resolución de rescisión del contrato que se le había adjudicado, para luego, vía la Secretaría de Finanzas, hacer efectivas las fianzas. Pero en noviembre de ese mismo año, Silvia Rivas Soto, Coordinadora Técnica Territorial, División Oriente, de la institución afianzadora Mapfre, informó no haber emitido dichas fianzas ni tener registradas tales pólizas, por lo cual la compañía negó cualquier responsabilidad de indemnizar a la dependencia de gobierno. Así que las fianzas resultaron falsas.
Ángel se enteró del fraude de Constructores Asfálticos, empresa donde su nombre aparecía como Administrador Único sin él saberlo, según se asienta en el expediente de la causa penal.
Pero Ángel no es la única persona utilizada en el mega fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca, y solo por la construcción de sanitarios ecológicos. El mismo 07 de junio de 2017, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Silvia Alicia Ramírez Ramírez, madre soltera, de 40 años de edad, y quien llevaba trabajando 17 años en la empresa Avantires, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Empresarial MTO, en la cual desempeñaba funciones de limpieza de la tienda, atención a clientes y venta llantas y rines.
El caso de Silvia se parece al de Ángel: La acusan de fraude, aunque maquinado, en perjuicio de los Servicios de Salud de Oaxaca, pues su nombre aparece como Administradora Única de la empresa Construcciones ICIBIT S.A. de C.V., a la cual la dependencia le adjudicó contrato para construir 198 sanitarios ecológicos en diferentes comunidades de los distritos de Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón y Huajuapan de León, por un monto de cuatro millones 649 mil 853.11 pesos, transfiriéndole a cuenta de HSBC en enero del 2013 la cantidad de dos millones 324 mil 926.56 pesos.
Las fechas entre uno y otro caso, en que supuestamente se llevó a cabo todo el procedimiento de adjudicación del contrato y las transferencias, coinciden en los años. Y es idéntico el artificio de la póliza de fianza que resulta falsa, cuando las dependencias del gobierno pretenden hacerla efectiva ante el incumplimiento de ICIBIT, empresa que sí existe, pero tiene su domicilio fiscal en Puebla y fue abierta por dos mujeres, una de las cuales después realiza el cambio de Administradora Única, que es cuando aparece el nombre de Silvia.
La madre de Silvia es ya una persona de 80 años de edad, cuyas propiedades ofreció para la caución con hipoteca, pero hubo problemas para que la imputada gozara de la libertad porque las autoridades determinaron falta de capacidad de la madre.
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El mega fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca, que no solamente es por la construcción de sanitarios ecológicos, sino comprende también un presunto manejo irregular en la compra de medicamentos, tiene muchas aristas.
Por lo pronto, llama la atención que tres empleados de una empresa de venta de llantas y rines (Ángel, Silvia y el talachero), aparezcan como administradores únicos de empresas constructoras a las cuales les adjudicaron contratos para construir sanitarios ecológicos.
Tanto los imputados como los familiares de éstos, se hacen preguntas como las siguientes: ¿Por qué los casos tienen como denominador común a empleados de la misma empresa llantera? Por eso, uno de los imputados pide se cite a declarar al dueño, Carlos Martínez Tamayo, quien puede ser clave en las investigaciones.
¿Por qué los Servicios de Salud de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas no verificaron las pólizas de garantía en el momento mismo de su exhibición? Entonces se habrían dado cuenta de su falsedad, lo cual hubiera evitado otorgar el contrato a las supuestas constructoras. Sin embargo, esperaron hasta el incumplimiento de éstas, años después.
¿Cómo pudieron falsificar las firmas de Ángel y Silvia? Si ellos habrían sido beneficiados con los millonarios montos, ¿habrían seguido su modesta vida?
Un dato importante: En el 2015, algunos meses después de haber dejado el cargo de Subdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán es asesinado en su casa. Y del móvil nunca se supo a ciencia cierta. Era una persona clave para descubrir a los verdaderos defraudadores en el quebrando al Estado mediante dicha Secretaría.
Los familiares de Ángel y Silvia piden celeridad en el proceso penal correspondiente, y la intervención de las instancia de Derechos Humanos, ante los casos que consideran injustos, en los que usaron los nombres y firmas de los hoy imputados.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
