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Opinión por Rosy Ramales
Falta menos de una semana para la transición del Poder Ejecutivo en el estado mexicano de Baja California, donde el próximo primero de noviembre asumirá la gubernatura el morenista Jaime Bonilla Valdez, después de la hegemonía local del PAN.
Y solo a días, instituciones y partidos políticos siguen dando la batalla para tirar la llamada “Ley Bonilla” que por su misma naturaleza va en contra de la Constitución Política General; una aberración que ni siquiera debería estarse discutiendo.
Porque Jaime Bonilla fue electo gobernador para el periodo de dos años, el cual corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, no para cinco años como pretende. Y ya es cosa juzgada en virtud de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, las autoridades locales envalentonadas promulgaron y publicaron la “Ley Bonilla” mediante la cual prolongan el mandato a cinco años; en consecuencia los partidos políticos de oposición (PAN, PRI y PRD) presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Incluso, el Instituto Nacional Electoral presentó ante el TEPJF unaacción declarativapara que ésta determine con claridad el periodo de dos años de la nueva gubernatura de Baja California, conforme a la convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas por el propio Tribunal.
La desobediencia a la Carta Magna son de las contradicciones de los morenistas, cuyo partido en su Estatuto llama a los militantes como “protagonistas del cambio verdadero”; cambio que significaría de entrada respetar y hacer respetar el Estado de Derecho.
Entonces, ¿por qué hacen lo contrario. ¿Por qué los líderes de Morena han permitido la desobediencia a los principios de la Carta Magna? ¿Fraguan algo a nivel nacional? ¿O solo es plan del aún gobernador electo?
O Jaime Bonilla tiene padrinazgos muy poderos o él mismo tiene mucho poder. ¿Cuánto le deberá Morena que le tolera transgresiones a los principios constitucionales?
INEA, PRESUPUESTO PARA EL SURESTE
Ayer estuvo en Oaxaca el Director General del INEA, Rodolfo Lara Ponte, en la Reunión Regional de Alianza Estratégicas y Coordinación Operativa Región Sureste de Institutos para la Educación de Adultos, quien se comprometió a dar prioridad a esa entidad siguiendo la pauta marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y claro, también a esmerarse respecto de las demás entidades del Sureste; región y estado del país donde tiene puesta la atención el mandatario federal, como bien lo dijo la directora del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Miriam Pilar Liborio Hernández, anfitriona del evento.
Un evento muy provechoso, en el cual el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villareal, hizo ver a Lara Ponte una gran verdad cuando le pidió “revisar por qué a los estados del norte les siguen dando más recursos que a los estados del Sur”.
¿Por qué? Cuando las entidades sureñas presentan los mayores rezagos. Por ejemplo, en Oaxaca se encuentran los 11 municipios con más rezago educativo en el país, y son también los municipios más pobres, localizados en tres regiones: Cañada, Mixteca y Valles Centrales.
Y, sin embargo, en 2019 a Oaxaca le recortaron el 50% en los recursos destinados a las tareas del IEEA: Alfabetizar y dar educación de primaria y secundaria a personas de 15 años en adelante, además de las excepciones de niños entre 10 y 14 años que por alguna razón no pudieron concluir sus estudios básicos.
Tras plantear el panorama, el funcionario local claramente dijo a Lara Ponte: “Es necesaria la sincronía, porque si no hay recursos no se puede hablar de abatir el rezago educativo”.
Ciertamente.
Y vaya, el funcionario local fue mesurado, pues bien pudo haber cuestionado con todas las palabras el por qué las instancias federales no son congruentes con las prioridades del presidente López Obrador, cuyas políticas social e indigenista se medirán en su éxito o fracaso en los estados del Sur, principalmente en Oaxaca.
Porque en Oaxaca se encuentran los estados más pobres del país y el mayor número de municipios indígenas, y en éstos se halla la población en doble vulnerabilidad.
Lara Ponte ya había hablado cuando Francisco Ángel Villareal intervino en la inauguración de la Referida Reunión Regional, así que ya no despejó las dudas del por qué la federación siempre da más recursos a los estados del norte que a los del sur, ni pudo comprometer en ese momento más recursos para Oaxaca en materia de educación para adultos.
Lo que sí, posteriormente reiteró que el INEA dará prioridad a Oaxaca. Lo dijo en ocasión de la firma de un convenio entre el IEEA y Coparmex para alfabetizar y dar instrucción básica a trabajadores de la iniciativa privada; acto que atestiguó, por cierto, la presidenta honoraria del DIF estatal, Ivette Murat de Morán.
SUPERDELEGADOS
Una contradicción más de morenistas: El presumible desvío de recursos al proceso interno de Morena para la elección de consejeros distritales por parte de superdelegados del Gobierno Federal.
Bueno, ¿pues qué no comprenden su papel de “protagonistas del cambio verdadero”? ¡Recurren a las mismas prácticas que tanto criticaron del PRI!
Imagínense si los mismos morenistas se trampean entre sí, ¿qué no harán en elecciones constitucionales?
En fin, ya los investiga la Secretaría de la Función Pública.
