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El virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, parece ir en serio en contra de la corrupción, y totalmente a favor de la austeridad. ¡Eso gusta a la ciudadanía!
Y tal como lo señala en su Proyecto de Nación, plantea eliminar la pensión vitalicia a los ex Presidentes de la República. Ayer miércoles lo reiteró al presentar los temas sobre las primeras iniciativas de ley que enviará al Congreso de la Unión para que cuando asuma el mandato empiece a concretar sus promesas de campaña.
¡Excelente! Lo hará, porque a partir de septiembre próximo cambia la composición del Congreso y de las proyecciones resulta una mayoría a su favor. Sería un golpe muy duro para la ciudadanía que por acuerdos de última hora, o por intereses particulares de los propios legisladores, no cumpliera con su palabra empeñada.
Por lo pronto, ya anunció que “la partida para la pensión de los ex Presidentes ya no aparece en el presupuesto del (20)19”.
Y a pregunta expresa, precisó a qué pensiones podrían acceder los ex mandatarios: “Las que les corresponden, por ejemplo, si trabajaron más de 15 años en el servicio público tienen el derecho a la pensión del ISSSTE; si tienen más de 65 años, tienen el derecho al apoyo para los adultos mayores”.
En su Proyecto de Nación enuncia los artículos de la Constitución Política General violentados con la práctica de otorgar pensión y ¡millonaria” a los ex Presidentes, por ejemplo el artículo 127, fracción IV, donde se establece que:
“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo…”
Lo que se ha hecho es incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para las pensiones de los ex Presidentes.
Ciertamente, como plantea, la inconstitucionalidad se salva eliminando la partida del Presupuesto. Sin embargo, no basta para evitar tentaciones posteriores, pues además las partidas de ese tipo son de manejo discrecional, y las ciudadanía no tiene acceso a la información relativa. Así que casi nunca se sabe.
Y la próxima administración federal será muy de izquierda, pero los de izquierda también son humanos, y por lo tanto, están expuestos a toda clase de tentaciones. Entonces sería mejor establecer en la Constitución la prohibición ex presa de la pensión millonaria a los ex Presidentes.
En su Proyecto de Nación, AMLO habla de que promoverá una iniciativa de ley o de reforma para disponer “con toda claridad la situación jurídica y salarial de los ex Presidentes”. Esperemos que en ese documento plante la prohibición expresa de la pensión onerosa y vitalicia.
Y como estamos en una República regida por un Pacto Federal, será necesario extender tal prohibición en la Carta Magna Federal para los ex gobernadores de las entidades federativas. ¡Sería un gran ahorro y el dinero puede ser utilizado en acciones en beneficio de la población!
Cada seis años proliferan los ex gobernadores. Imagínense cuánto gasta cada entidad en pagarles pensión anual millonaria. ¡Por eso nunca alcanzan los históricos presupuestos asignados por el Congreso de la Unión a los estados!
Las pensiones a los ex mandatarios tanto federales como estatales resultan un insulto frente a la pobreza de millones de mexicanos y frente a la difícil situación económica para otro tanto de la población.
¿Por qué pensión? Ningún ciudadano les pidió ser Presidentes; más bien lo fueron movidos por intereses diversos y a veces inconfesable, de partido político, de grupo o particulares, pero casi nunca por beneficiar a la población. La prueba es que sexenio tras sexenio nuestro país sigue sumido en el subdesarrollo.
Hasta ahora ha sucedido que durante seis años los mandatarios se hinchan de dinero. De entrada no gastan en su manutención porque hay una partida para ello, y han vivido cómodamente en Los Pinos con todo pagado, y con lo más caro.
Así que su sueldo –que nunca se ha sabido a ciencia cierta— les queda libre, más lo acumulado con el manejo de partidas discrecionales, más los negocios hechos al amparo del cargo, etc. No salen pobres. Entonces ¿por qué pensión?
En fin, que la pensión, en la figura de haber de retiro, en algunos casos se justifica. Por ejemplo, en los juzgadores que entregan 15 años de su vida administrando justicia, sin otra posibilidad de ingreso posterior.
Claro, habría que eliminar las pensiones vitalicias con derecho a ser heredadas a los familiares; esas sí no se justifican.
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Por cierto, Andrés Manuel López Obrador tiene otra propuesta muy interesante: “La mesa de análisis para el reordenamiento administrativo de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal”, cuyo planteamiento se puede consultar en el resumen ejecutivo de su Proyecto de Nación.
En el resumen se lee la acertada justificación: “A poco más de veinte años de su creación, cada vez es más apremiante revisar las facultades y carga administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. Con un costo presupuestal cada vez mayor y una Suprema Corte creciendo en cuestiones administrativas, es impostergable llevar a cabo un rediseño para mantener la eficiencia institucional de ambos organismos, ya que constituyen la cúspide del Poder Judicial”.
Más adelante, refiere: “Modificar o reformar estructuras del Poder Judicial, cualquiera que sea su nivel (federal o local) repercute directamente en las personas que enfrentan un litigio, sometiéndolas a retrasos en sus juicios. Sin embargo, la magnitud de los presupuestos asignados, en términos de una austeridad republicana, y la importancia de la tarea jurisdiccional, ameritan una revisión a esas estructuras institucionales”.
Y entre las líneas de acción, el Proyecto de Nación de AMLO plantea:
Convocar a las universidades, colegios de profesionistas, a los jueces y magistrados, y a la sociedad en general, “a discutir en torno a por lo menos tres temas importantes”, entre los cuales anota en primer lugar:
“Suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear, en su lugar, una Sala más dentro de la Suprema Corte, totalmente dedicada a las funciones del Consejo. Esto con el objetivo de generar ahorros administrativos y, al mismo tiempo, evitar injerencias de los otros dos poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) sobre el Judicial.”
Una propuesta muy sensata. Y como estamos en un Pacto Federal, necesariamente la propuesta bajará al Poder Judicial de las entidades federativas, ahorcados económicamente por un oneroso Consejo de la Judicatura, donde los integrantes del mismo ganan igual o más que el Presidente de la República.
Incluso, en sus propuestas de “austeridad republicana” López Obrador plantea reducir el sueldo del Presidente de México y establecer que ningún servidor público gane más que el Mandatario de la Nación.
Leyendo las propuestas de AMLO, Oaxaca va a la vanguardia, pues en el Congreso Local ya hay iniciativas para desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, porque es muy costoso frente a las mínimas necesidades jurisdiccionales, según han manifestado casi de manera unánime los colegios y barras de abogados.
Si para la SCJN ya está resultando una carga el Consejo de la Judicatura, imagínense si no lo será para estructuras pequeñas como el Poder Judicial de cada entidad federativa. Sería una contradicción que, por ejemplo, los Ministros se opongan a entrar en la austeridad republicana para hacer justicia a los justiciables.
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