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Carece México de estrategia de educación y seguridad que proteja a la comunidad LGBTYQ+.

CDMX, 22 de enero de 2024. México carece de una estrategia eficiente que concientice a la población sobre los derechos de la comunidad LGBTYQ+ y al mismo tiempo reduzca los niveles de odio y violencia hacia dicho sector de la población.

Desirée Navarro, activistas y promotora de los derechos humanos, considera que el preocupante incremento en los casos de violencia contra mujeres transgénero en México, algunas de ellas con actividad política, es una evidencia de dicha ausencia de políticas públicas efectivas para combatir esta cultura de violencia de género

En el país, explicó, existen organismos de la sociedad civil e instancias de gobierno como los Consejos para Prevenir o Eliminar la Discriminación, que hacen de forma constante pronunciamientos en favor de los derechos de esta comunidad, sin embargo, se carece de una estrategia nacional que genere acciones concretas y legislación en favor de estos derechos y que incluya acciones judiciales y de seguridad en beneficio de esta comunidad.

Cabe decir que en lo que va del presente año se han presentado cinco asesinatos a mujeres de la comunidad trans, entre los cuales algunos de los más difundidos fueron los de Samantha Fonseca, Miriam Ríos y Gaby Ortiz, así como otros más de violencia como el de Paola Suarez.

Desirée Navarro, manifestó que el entorno político y social que se vivirá este año en México debido al proceso electoral podría generar un ambiente de violencia que incrementa el riesgo para la comunidad LGBTYQ+.

Advirtió que de acuerdo con datos de la organización internacional Transrespect, en México se han presentado 701 asesinatos contra esta población entre 2008 y septiembre de 2023, es decir el segundo a nivel mundial solo por debajo de Brasil.

Navarro aseguró finalmente que los congresos de todo el país y el federal, deben incluir en sus agendas el tema del combate a la discriminación contra la comunidad LGBTYQ+, con el fin de generar política pública en la que también haya la participación del poder judicial y del sector educativo, para atender de forma integral esta problemática y generar ideas en favor de una mayor conciencia entre la población y promover la tolerancia en todo el territorio nacional.

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