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#Comunicado
*Tendrá México una estrategia integral en combate al tráfico de armas
*Se implementarán mecanismos de control y severas penas a quienes incumplan
El senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya respaldó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al argumentar que México necesita una estrategia integral contra el tráfico, comercio y portación ilegal de las mismas.
Sostuvo que en el país circulan alrededor de 20 millones de armas de fuego sin permiso, ni licencia, lo que constituye un factor de violencia e inseguridad. De las cuales, el 85% son ilegales y el 65% se encuentra en manos de la delincuencia organizada.
Al externar su preocupación por esta situación, el legislador federal detalló que unas dos mil armas se introducen diariamente de manera ilegal de Estados Unidos a México; pese a esta problemática, evidenció la falta de una estrategia integral bien definida.
Con lo único que cuentan las autoridades, dijo, son las jornadas de canje de armas que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que consideró como urgente la implementación de más acciones y políticas públicas eficaces.
“Urge combatir de manera eficaz el flujo de armas de Estados Unidos a México, es claro que no basta con fortalecer nuestra legislación que para algunos resulta muy laxa y para otros resulta estricta, pero ciertamente podemos aspirar a que esta reforma coadyuve a hacer más eficiente el control de armas pues armoniza nuestra legislación nacional con el protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones”, expresó.
Y agregó: se tipifica la omisión de quienes adquieran o posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a Sedena, así también de notificarle el extravío, el robo, la destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma de fuego que se posea o se porte.
Las fortalezas que traerán a la legislación mexicana en la materia, subrayó, son: los estados deberán otorgarse, unos a otros, autorización antes de permitir que las remesas de armas de fuego abandonen sus territorios, a fin de prevenir el robo y la desviación de las armas.
Así como la obligación de marcación de las armas de fuego al momento de su fabricación, importación y una tercera en el caso de que se venda a particulares; de no acatarse este ordenamiento, se podrían aplicar penas de hasta 12 años de prisión.
“Es necesario destacar que el protocolo equipara a fabricación ilícita la omisión de marcar las armas y a tráfico ilícito cuando la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado y transferencia se realice con armas de fuego no marcada”, puntualizó Robles Montoya.
