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Transparencia y  anticorrupción temas sustantivos en la agenda legislativa del GPPRD

COMUNICADO/

OAXACA DE JUÁREZ,Oax.-La transparencia sin acciones efectivas de anticorrupción es igual a impunidad, señala Eduardo Bohórquez López, Director de Transparencia Mexicana

La reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción se tendrán que crear dos leyes para que tengan responsabilidades administrativas los funcionarios y los ciudadanos

En el marco de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD, los legisladores del Sol Azteca manifestaron su preocupación por los temas de la transparencia y la anticorrupción, los cuales representan males crónicos en diversos ámbitos de la vida política, económica y social

Al presentar la ponencia “Transparencia y anticorrupción”, a cargo del maestro Eduardo Bohórquez López, la diputada perredista Hortensia Aragón Castillo señaló que éste tema constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad y del propio GPPRD.

Ante los diputados perredistas, el especialista dijo que la transparencia sin acciones efectivas de anticorrupción es igual a impunidad. “Todos conocemos la información pública sobre lo que hace el Estado, sabemos de los casos de corrupción vertidos en los medios de comunicación por lo que cuando tenemos elementos y no tenemos ninguna acción del Estado que corrija lo que ya sabemos, entonces hay impunidad”.

Y el nudo en el país ya no es la transparencia, es la impunidad y la corrupción. Por ello, sugirió al Grupo Parlamentario del PRD que tiene la oportunidad de discutir en los próximos trabajos que se llevaran  a cabo en el pleno de la Cámara de Diputados, las reformas que derivan del cambio constitucional del artículo sexto de acceso a la información pública que fue objeto del proceso parlamentario.

Pidió a los diputados invertir tiempo y energía en las próximas sesiones de trabajo que vendrán con ese tema: “Yo tengo la sensación de que está bastantemente discutido el marco legal en materia de acceso a la información; ahí no está el vacío más grande para nuestro país. El vacío más grande está en un muy precario e insuficiente marco legal frente a la corrupción en México”.

También habló sobre el fuero constitucional y sus muchas manifestaciones. “Sin duda será una pieza clave, tal vez la más interesante desde el punto de vista político, la más llamativa para el debate en la opinión pública, pero en donde están los cambios más importantes es en la tubería, es en la parte técnica, aburrida, cansada, menos llamativa, muy poco sexy, por lo que significa construir un auténtico sistema nacional anticorrupción que no tenemos”.

Propuso algunos trazos en la materia, que desde la sociedad civil y la academia sentimos que tenemos que poner atención en estos asuntos tan delicados para la sociedad civil.

Recordó que en 2013, en el marco del Pacto por México, se aprobó por unanimidad -en el Senado de la República- la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción; hubo rechazo, hubo indiferencia completa de la academia, de la sociedad civil y de la opinión pública. “A nadie le gustó y se aprobó en ese momento por unanimidad, era un conjunto de acuerdos políticos y estaba todos alrededor de una iniciativa, pero no era lo que el país necesitaba”, añadió.

Señaló que la parte académica, en ese entonces, opinaba que el país no necesita un zar anticorrupción, una figura que concentre todo el poder, todas las atribuciones, todos los mecanismos y recursos porque eso no funciona en ningún país del mundo que esté en las mejores condiciones en el índice de percepciones de corrupción de antitransparencia internacional.

“Los zares anticorrupción, para decirlo con todas sus letras; como los zares no funcionaron ni en la Rusia zarista. La concentración del poder en una figura como ésta ha quedado ya reflejada como un problema en muchas latitudes; Argentina decidió nombrar un zar anticorrupción y a los dos años éste era el más corrupto de la administración pública Argentina” comentó.

Entonces, lo que se necesita y fue lo que se le planteó el Senado y a la Cámara de Diputados, es un conjunto de instituciones que funcionen bien, también que funcione la PGR, que funcione la Secretaría de la Función Pública (SFP), que funcione la Auditoría Superior de la Federación, que haya un responsable, que quien investigue no sancione porque tan sólo el año pasado el 65% de las sanciones dictaminadas por la SFP fue el triple jalón de orejas, y esa es la sanción máxima que aplica el Estado es la amonestación verbal pública y lo hizo porque no habían entregado a tiempo su declaración patrimonial los servidores públicos federales.

“Si usted revisa los últimos años más del 98% de las sanciones administrativas aplicadas por la SFP no se convirtieron en un asunto de naturaleza penal y de los muy poquitos casos que ha habido en esta materia, ninguno llegó a una sanción efectiva y contundente. Únicamente todo ello produjo “jalones de oreja” amonestaciones verbales, no sanciones que inhiban la presencia de corrupción en la Administración Pública Federal.

Por lo tanto, Bohórquez López precisó que lo que produce nuestro sistema anticorrupción en éste momento es impunidad, produce la sensación de tantas cosas que están escritas en los medios de comunicación, plantean en puntos de acuerdo pero no pasa nada. No se trata de inventar demasiadas facultades y atribuciones nuevas, ni concentrar a un órgano de poderes extraordinarios, se trata de que los órganos internos de la función pública y sus equivalentes de los estados de la república cumplan con la tarea del control interno.

“Que un nuevo tribunal como lo indica la Constitución, a partir de la reforma que se promulgó éste año tenga funciones de sanción administrativa para los asuntos graves y que sea el eje de una estrategia anticorrupción como la PGR y las Procuradurías Estatales, para que cumplan su función de control y vigilancia en esos temas”, puntualizó el director de transparencia y anticorrupción.

Finalmente, dijo que a partir de la reforma constitucional se tendrán que crear dos leyes generales, una que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que modifica el tema de las responsabilidades administrativas y que incluya el tema de las responsabilidades de los ciudadanos. Esa es la primera vez que se va a responsabilizar, a quien corrompe y a quien se deje corromper. Hasta ahora, nuestro régimen de responsabilidades exclusivamente es sobre los servidores públicos y no sobre las empresas que participan en actos de corrupción.

Y, a ésta legislatura le corresponderá el hecho de poder procesar esos asuntos de manera efectiva, por lo que hay una enorme responsabilidad en ésta legislatura con la intención de abordar un sistema anticorrupción verdadero, que cumpla las expectativas de gobierno y ciudadanos, finalizó.

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