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Por Moisés MOLINA
El pasado jueves se cumplieron diez años de la reforma constitucional más importante, a mi juicio, de los últimos tiempos.
A partir de ella se reinventa el sistema jurídico y los derechos humanos toman, de una vez por todas, la cúspide en los parámetros de decisión para la impartición de justicia.
Don Héctor Fix-Zamudio la calificó de “muy relevante” y “que supera todas las reformas anteriores desde 1917”, en memorable texto escrito en aquel 2011 para la Revista Iberoamericana de derecho público y administrativo.
Quienes nos formamos en las escuelas de derecho antes de esa reforma cursamos en los primeros años o semestres invariablemente la materia de Garantías Individuales y el libro Don Ignacio Burgoa era de consulta obligada.
Y al menos, en mi experiencia, en la universidad pública de Oaxaca el derecho internacional, como materia, no despertaba pasión en la gran mayoría de los estudiantes.
Comento esto porque a raíz de la reforma constitucional de 2011, con el redimensionamiento del la servicio público, cambiaron también los planes de estudio y se empezaron a enseñar en las escuelas y facultades, primero los derechos humanos, y después las garantías que los tutelan.
Se puso de pie, lo que había estado de cabeza.
Hoy en el lenguaje constitucional no se habla más de “individuos” sino de “personas” y con el control de la convencionalidad el derecho internacional cobra una relevancia nunca antes vista.
Ahora no solo se reconocen los derechos consagrados en la Constitución. Los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los cuáles México es parte obligan no solo a los juzgadores a todos niveles, sino a cualquier autoridad cuyos actos o decisiones afecten la esfera jurídica de las personas.
Y no solo eso. La irrupción del principio “pro persona” y la interpretación conforme garantizan que a la persona se le aplique siempre la norma que le sea más favorable no importando que sea de rango constitucional, sea un tratado o una ley.
Hoy el gran reto es hacer que esta discusión, en apariencia académica, llegue con todos sus alcances a todas y a todos, por los más diversos medios y canales.
El derecho no debe ser solo asunto de abogados y jurisconsultos. Y el hacer accesible su comprensión y entendimiento es tarea colectiva.
Desde el Tribunal Superior de Justicia, bajo el liderazgo del Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, estamos haciendo lo propio.
*Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca.
