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«Las comunidades en esa área ya forman parte de la base social de la delincuencia organizada»: Alfonso Duarte Múgica
Por Adrian Gaytan el Jueves 16 de marzo de 2017 – 07:48:1
IMPIDEN EN LOS TRIQUIS OPERATIVO MILITAR
En un proceso de despenalización de las drogas, uno de los más importantes beneficios que se obtendrían serían las ganancias por la venta de una de las mercancías con gran demanda en México, Estados Unidos y el mundo, el opio producido con base en la amapola.
Por ejemplo, los plantíos que en 2017 ha destruido el Ejército mexicano en Oaxaca -4 mil 848 plantíos en una extensión aproximada de 500 hectáreas- habrían valido en el mercado aproximadamente 750 mil dólares, 15 millones de pesos, dinero que se habría repartido en una larga cadena de participantes en la producción y entrega de esta droga, incluidos campesinos de nueve entidades del país -Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y la trilogía de la pobreza del sureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, incluidos los de las comunidades de San José Yosocaño, Santa Cruz Río Venado y Cerro del Pájaro, en el municipio de Constancia del Rosario, Putla Villa de Guerrero, a las cuales ayer intentaron ingresar elementos destacamentados de la VIII Región Militar, sin éxito.
¿Podemos pasar? Preguntan reporteros a las mujeres que impiden el paso a militares que han detectado alrededor de 50 plantíos en estas localidades del distrito de Juxtlahuaca –las mujeres responden en lengua triqui.
«Ellas dicen que son madres solteras», traduce uno de los elementos que integran el bloque de militares.
«Que ellas no pueden estar comiendo puro vegetal, que lo tienen que sembrar porque de eso se mantienen. Para que podamos nosotros entrar, necesitamos un papel; que si hay un papel, de una autoridad para que pasemos nos van a permitir el acceso, de lo contrario no vamos a poder».
El operativo, al que la Sedena convocó a los medios de comunicación, tenía como objetivo exponer la oposición de las comunidades a la labor del Ejército. El pasado 13 de marzo pobladores de la zona triqui a la que ayer acudieron los militares atacó con armas de fuego un helicóptero Bell 206 de las Fuerzas Armadas.
Al día siguiente, de acuerdo con el relato castrense, a las 00:30 horas elementos del 6 Regimiento de caballería motorizado fue atacado también con armas de fuego en las inmediaciones del poblado San Jorge Río Frijol. Más tarde, a las 11:30 horas, otro agrupamiento fue bloqueado en la comunidad de Cascada Blanca, cuando intentaba ingresar a destruir cerca de 30 plantíos ilegales.
«Las comunidades indígenas en esa área ya forman parte de la base social de la delincuencia organizada, esto, desde luego, es bastante riesgoso y en este sentido, nosotros, vamos a actuar en pleno respeto a los derechos humanos», explicó tras el recorrido el comandante de la VIII Región Militar, general Alfonso Duarte Múgica. Ayer, ese respeto a los derechos humanos implicó no transgredir el territorio sembrado con plantas ilegales.
El Estado ha sido puesto a prueba en esta frontera interior del estado de Oaxaca. Los militares han decidido no avanzar para atender «las directivas del ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto» de realizar las labores castrenses en irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas.
«El secretario nos ha instruido a que seamos respetuosos de los usos y costumbres, ya que él admira la riqueza cultural que tienen las comunidades indígenas aquí, en el estado de Oaxaca y que son reconocidas a nivel internacional», continuó el comandante, quien ha subrayado la especificidad de la zona triqui. «Sabemos que en el resto de las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, entre ellos tienen prohibida la actividad de llevar a cabo la siembra de enervantes, y son castigados por ellos mismos a la persona que se le sorprenda».
En la zona triqui la situación se ha complicado pese al diálogo que ha mantenido el Ejército con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que el pasado 10 de agosto, con una manifestación frente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió al ombudsman, Arturo Peimbert, su intervención ante lo que calificaron la militarización de la zona triqui. Su presencia, denunciaron, impedía la paz. Peimbert se negó a intervenir, como ayer, cuando fue invitado a acompañar el operativo.
El Ejército pretende que, tanto el MULT como Ubisort «sean interlocutores para que nos permitan, en forma pacífica, al personal militar, llevar a cabo el cumplimiento de la misión encomendada».
Duarte ha tenido también palabras para establecer la posición del Ejército frente a la pobreza en la que se encuentra la «base social de la delincuencia organizada». «En esas comunidades se aprecia la pobreza y la marginación, no hay ningún beneficio económico para la comunidad, ningún desarrollo para que ellos puedan incrementar sus niveles de vida social, sabemos perfectamente que estas comunidades que vienen a ser la base social de la delincuencia por un tiempo pueden estar sobreviviendo, pero posteriormente se vienen conflictos internos entre los grupos que controlan estas bases sociales y se genera un mayor derramamiento de sangre».
¿A quién le venden la amapola estos pobladores?, ¿quién protege estos plantíos? El Ejército ha aceptado la posibilidad de que grupos armados, aunque no ha especificado cuáles, amenacen a las comunidades para que sigan con la siembra. Ya sea el Cartel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos o el Cartel del Golfo, son estos grupos los que obtienen las millonarias ganancias que producen estas codiciadas plantas que el Ejército intentó destruir ayer y que fueron defendidas por las comunidades empobrecidas de la zona triqui.
