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San Raymundo Jalpan, Oax., – La vicecoordinadora del grupo parlamentario de MORENA, Arcelia López Hernández, destacó que a finales de la semana pasada, trascendió a medios de comunicación que un juez federal obsequió órdenes de aprehensión en contra del ex procurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el ex director de la Policía Ministerial Daniel Camarena Flores, así como de comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en mayo de 2007.
De quienes se sabe, dijo de la represión gubernamental al movimiento social y magisterial de Oaxaca de 2006 y 2007, celebramos el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión.
La legislador, apuntó que se marca un parteaguas en el quehacer gubernamental en el abordaje de los crímenes cometidos por el propio Estado en el régimen pasado.
Señaló que es una muestra de la profunda transformación política que está viviendo nuestro país, que para ser real demanda, como requisito indispensable, acabar con la impunidad sobre los crímenes cometidos al amparo del poder gubernamental.
La represente de la Mixteca, añadió que aún deben investigarse más hechos y más participantes en esos delitos de lesa humanidad que constituyen violaciones graves a los derechos humanos de los maestros de la heroica sección XXII y el movimiento social del pueblo de Oaxaca.
Dijo que en la represión al pueblo de Oaxaca y magisterio por parte de los gobiernos federal y estatal que violaron de manera masiva y sistemática diversos derechos humanos como la presunción de inocencia, y los derechos humanos relacionados con el debido proceso y las garantías judiciales. Violaron el derecho a la justicia.
Aseveró también que se violaron los cuerpos. Los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz cometieron detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
López Hernández, dijo que la tortura fue sistemática y generalizada. Así lo determinó la suprema corte de justicia de la nación como violaciones graves a los derechos humanos de los que intervinieron en ese movimiento social y magisterial.
Arcadio Fabián Hernández. Eleuterio José Jiménez Colmenares. Lorenzo Sampablo Cervantes. Alejandro García Hernández. Emilio Alonso Fabián. Esteban López Zurita. Bradley Ronald Will. Raúl Marcial Pérez. Alberto Jorge López Bernal. Estos son los nombres de las personas asesinadas durante el conflicto que la Comisión de la Verdad calificó como ejecuciones extrajudiciales.
Afirmó que existen elementos suficientes para sostener que fueron asesinados por agentes gubernamentales, y se trató de crímenes de Estado. Que todos responden a una forma de operar, que incluyó la acción del gobierno para la eliminación de pruebas que podrían conllevar a encontrar a los autores materiales e intelectuales.
La legisladora, subrayó que los crímenes continúan en la impunidad, y sin una línea de investigación que pueda llevar a la verdad y a la justicia.
Las detenciones durante el conflicto social de 2006 y 2007 fueron realizadas de manera arbitraria, acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes, y tortura; en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, prohijados por el propio gobierno.
Afirmó que las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad le llevaron a concluir que existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz; el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, entre otras personas.
Arcelia López, puntualizó que la misma Comisión estableció la responsabilidad del Senado de la República, por desatender la solicitud de desaparición de poderes, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.
La Comisión consideró que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Refirió que por tal razón, y reconociendo que los procesos contra los funcionarios por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituyen un avance significativo para el arribo a la verdad y a la justicia, consideramos necesario y urgente que el gobierno del estado garantice la reparación integral del daño y se realice un exhorto a la Fiscalía General de la República, a fin de que inicie de oficio las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social magisterial oaxaqueño en los años 2006 y 2007 como los hechos ocurridos en la población de Asunción Nochixtlán Oaxaca acontecidos en 19 de junio del 2016.
Pido a la soberanía del Congreso de Oaxaca Que se investigue lo necesario para hacer justicia.
Externó que No habrá justicia mientras los criminales sigan en la calle, pidió Cárcel para Vicente Fox y Felipe Calderón, Cárcel para Ulises Ruiz Ortiz, Cárcel para Genaro García Luna y Manuel Vera Salinas.
«Luz, verdad y justicia para los asesinados, desaparecidos y torturados por creer en la libertad y en la posibilidad de un futuro mejor para todas las personas», exigió la diputada.
Dijo que Hasta que la justicia se siente entre nosotros, Justicia para Nochixtlán, Castigo a los culpables del sexenio de Enrique Peña Nieto.
